En vísperas de que su caso se aborde en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación y bajo riesgo de ser suspendido antes del fin de año, el juez federal 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, quedó involucrado en tres legajos de investigación penal.
En todos hay un factor común, tienen que ver con pesquisas vinculadas al narcotráfico o lavado de activos.
Por qué es importante
Se trata de tres causas judiciales en las cuales los fiscales que intervienen formalizaron ya las imputaciones y que se ventilarán en el Consejo:
La primera cuestiona la intervención del juez y el no haberse excusado. Se trata de una investigación por narcotráfico contra Esteban Alvarado, en la cual hay dos contadores imputados por supuesto lavado de activos. Intervinieron como profesionales “a sabiendas de la actividad ilícita y la circulación de activos”, firmaron balances y permitieron sobrefacturaciones a empresas vinculadas a los delitos.
Uno de los contadores imputados habría sido asesor contable del magistrado mientras tenía ese mismo rol para con empresas vinculadas a Alvarado.
El segundo caso lo imputa por presunto “prevaricato” e “incumplimiento de deberes de funcionario público” en relación a su actuación en una causa judicial donde se intervinieron fondos por mil millones de pesos de las Cooperativas de Trabajos Portuarios Limitada de las ciudades de Puerto General San Martin y San Lorenzo, provincia de Santa Fe, en favor de una financiera cuyo titular sería, según la fiscalía, un amigo personal del juez.
“En ejercicio de sus funciones, autorizó la liberación de fondos que se encontraban judicialmente inmovilizados, los cuales fueron girados a una entidad financiera perteneciente a su amigo Fernando W., situación que desconoció en un principio y que, luego de la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal, reconoció como cierta”, advierte la imputación fiscal.
En el tercer expediente se investiga posibles delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios público, y prevaricato.
Se trata de un caso que comenzó a investigarse en octubre de este año a partir de una solicitud de sobreseimiento de dos agentes de bolsa.
Las dos personas habían sido denunciadas por lavado de activos y evasión impositiva a partir de una denuncia anónima que ingresó a la ex Administración Federal de Ingresos Público (AFIP, hoy ARCA), a las 12:55 hs del 14 de agosto de 2019, pero que había sido radicada antes en el juzgado, a las 12:35 hs.
Cómo sigue
Los fiscales pidieron medidas de prueba en los tres casos.
Más allá del avance en el fuero penal en Rosario, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura evaluará ahora si avanza en el impulso de la denuncia presentada contra el magistrado y analiza alguna medida como podría ser la suspensión preventiva en el cargo mientras dure el proceso.
Será clave la sesión de este martes desde las 9 hs, donde habrá participantes de manera presencial y otros remota a través de la plataforma Zoom del Consejo.
