Emilia Valle, presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS), traza un panorama de los desafíos y avances en la justicia argentina: desde su experiencia en el Poder Judicial de Chaco hasta los esfuerzos por lograr un sistema accesible y cercano a la ciudadanía. Valle defiende la importancia de un Poder Judicial independiente y transparente, y señala la necesidad de mayor representación femenina en la Corte Suprema.
¿Qué es la justicia para vos?
Tendría que decir que la justicia es, para mí, el amor de mi vida. Creo que el propósito esencial del Poder Judicial es resolver casos, controversias y conflictos de manera independiente, imparcial, rápida, transparente y, sobre todo, garantizando el acceso a justicia. Este acceso no se trata sólo de llevar un juicio, sino de ofrecer soluciones sin discriminación, con especial atención a los sectores más vulnerables. Si lo vemos desde el punto de vista de la visión, como imagen de lo que aspiramos a ser, siempre insistimos en un Poder Judicial fuertemente independiente, imparcial, y transparente, con los recursos adecuados para un funcionamiento correcto y, sobre todo, capaz de dar respuestas rápidas a una ciudadanía. Es paradójico, ya que, si bien suele hablarse de una crisis de credibilidad en la justicia, la gente sigue recurriendo a ella para que se cumplan los propósitos establecidos en el preámbulo de la Constitución, que es nuestra función. No niego que haya una crisis de confianza, ni que esta sea profunda y tenga muchas causas. Sin embargo, el número de personas que acuden a la justicia en busca de respuestas demuestra que, en última instancia, confían en ella. Y, por supuesto, existen elementos que nos ayudan a acercarnos aún más a la ciudadanía.
¿Por ejemplo?
La tecnología es un elemento muy positivo; simplifica los procesos y permite seguir funcionando en situaciones complejas, como la pandemia. Pero cuando hablamos de innovación en la justicia, no es sólo tecnología. La verdadera innovación incluye acercarnos a la ciudadanía mediante un lenguaje claro. La gente tiene derecho a entender las decisiones que afectan su vida, libertad y derechos. A veces, en lugar de tecnicismos y frases extensas, una comunicación más directa y comprensible marca la diferencia. Hacer una justicia comprensible implica utilizar un lenguaje claro, ya que la ciudadanía tiene derecho a entender las resoluciones que emitimos, resoluciones que impactan sobre su vida, su libertad y sus derechos. Por eso, las provincias están implementando políticas de lenguaje claro; en el Chaco, por ejemplo, tenemos una Guía de Aproximaciones al Lenguaje Claro, un manual de fácil lectura con pautas para hablar y escribir de forma comprensible. No es obligatorio que todos lo lean, pues los beneficios del lenguaje claro sólo se obtienen cuando no se impone, sino que se internaliza como una necesidad para que la gente nos entienda. Muchos mitos sobre el lenguaje claro se van descartando, y en nuestra guía alentamos a evitar latinismos, excepto cuando no hay reemplazo, como en habeas corpus. Además, resaltamos la importancia de evitar términos técnicos innecesarios, o expresiones como motu proprio en lugar de “por iniciativa propia,” y periculum in mora en lugar de “peligro en la demora”. También recomendamos el uso de la voz activa, ya que comunica quién hizo qué, de forma directa y fácil de comprender. Observamos que, a veces, las presentaciones de abogados y abogadas son tan extensas y llenas de jurisprudencia que requieren varias lecturas para entenderlas. Lo mismo sucede en algunos fallos. La gente necesita documentos concretos, comprensibles, ya que, aunque se espera que los abogados expliquen estos textos a sus defendidos, el destinatario final tiene derecho a comprenderlos por sí mismo. Este enfoque en una justicia comprensible, en usar lenguaje claro, es otro eje central. Somos conscientes de que la innovación presenta desafíos y algunas limitaciones que debemos superar. La tecnología trajo consigo los ciberdelitos; de hecho, el Poder Judicial de Chaco fue víctima de un hackeo. Es un riesgo, pero las ventajas superan ampliamente a los inconvenientes.
¿Cómo es integrar el Poder Judicial en Chaco?
Chaco es una provincia muy pionera en muchas cosas. Tiene el primer Consejo de la Magistratura, la primera escuela judicial del país y de Latinoamérica. Es una provincia joven entonces se adaptó fácil a los cambios. A nosotros con el Juicio por jurado nos costó vencer la resistencia de la gente de la parte jurídica, pero la ciudadanía se adaptó totalmente.
Nos habían hablado muy bien de cómo lo están implementando…
Sí, la verdad es que nos va bien. Nuestra metodología tiene una particularidad: cuando se realiza el sorteo anual, se genera una lista de potenciales jurados en base a un número de personas, que actualmente es de cuatro por cada mil habitantes de acuerdo a los últimos números del documento, eso lo sortea Lotería chaqueña. Se confecciona una lista pero eso no significa que todos los seleccionados formarán parte de un jurado inmediatamente. Se realiza una audiencia de selección en la que las partes pueden hacer recusaciones, por lo que se trata de una preselección. Hay provincias que sólo notifican a los jurados seleccionados para casos específicos; nosotros no funcionamos así. Nos tomamos el tiempo de notificar a los potenciales jurados de manera anticipada para familiarizarlos con el sistema.
¿Cómo realizan la notificación?
Hemos formado un equipo de notificadores que son empáticos y están comprometidos con el sistema. Ellos entregan una carta en lenguaje claro, un tríptico informativo sobre el juicio por jurado y, junto con el jurado potencial, completan una declaración jurada para verificar si hay alguna incompatibilidad. La idea es que el contacto inicial sea personal y directo. No es lo mismo recibir una notificación impersonal que interactuar con alguien que explica el sistema y responde preguntas. En Buenos Aires, por ejemplo, convocan a unas 200 personas, mientras que nosotros contactamos a unas 40, ya que, en base a nuestras recusaciones y a la audiencia de selección, necesitamos llegar a 12 titulares y 2 suplentes.
¿Qué opinan los ciudadanos que participan del sistema de jurados?
Al principio algunas personas tienen ciertos temores sobre el sistema, pero cuando participan, el 98% manifiesta que la experiencia fue gratificante y que les gustaría repetirla. De hecho, nos llegan mensajes preguntándonos cuándo les volverá a tocar. Esto muestra que, una vez que los ciudadanos conocen el sistema, valoran su rol como jurados. Y no sólo se trata de involucrarse en un proceso judicial, sino de comprender la complejidad de la función de un juez y de lo que implica un proceso judicial.
¿Cuál es el valor del juicio por jurado dentro del sistema judicial?
Aporta dinamismo y es una vía importante para que la comunidad participe. La mayoría de las provincias argentinas ya lo implementan. La participación de ciudadanos en el sistema judicial fortalece la conexión con la comunidad y garantiza que las decisiones se tomen de forma transparente. Esto, en combinación con una comunicación clara y cercana, es la verdadera innovación. Los juicios por jurados ya están implementados en muchas provincias argentinas, actualmente en más de la mitad del país. Salvo en Córdoba, que fue pionera con un modelo escabinado (mixto, compuesto por jurados populares y jueces), las demás provincias emplean el modelo clásico: el jurado está conformado únicamente por ciudadanos, con la dirección de un juez técnico, quien orienta el proceso y asegura que se cumplan las normas legales.
Integraste varias instituciones, pero ¿qué significa presidir la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS)?
Sí, mi recorrido comenzó en Villa Ángela, mi pueblo natal. Después de recibirme de abogada en Santa Fe, comencé en el sistema judicial como escribiente. Mis padres no eran abogados y no tenía un “padrino” en el ámbito judicial, algo que en aquel contexto era prácticamente un requisito para ingresar en el cargo de secretario. Fue el reconocimiento de mis colegas, los abogados de mi comunidad, lo que impulsó mi avance, recomendándome para ocupar vacantes más altas a medida que ganaba experiencia. A lo largo de mi carrera, he pasado por varios cargos, siempre desde una perspectiva vocacional. Después de mi inicio como escribiente, fui ascendiendo mediante concursos y designaciones a Defensora Civil y, posteriormente, a Defensora Penal, que era mi verdadera vocación. Tras tres años en esa función, fui nombrada Fiscal y, más tarde, Jueza de Instrucción. Durante este recorrido de más de 30 años, he ocupado cada cargo con el compromiso de buscar siempre el equilibrio entre justicia y derechos. La provincia de Chaco ha adoptado un sistema riguroso y abierto para los concursos, lo que garantiza la transparencia y la legitimación del proceso. Para ocupar los cargos de la magistratura, el concurso en nuestra provincia incluye etapas de evaluación técnica sobre diversas áreas del derecho -penal, civil, laboral, comercial, contencioso administrativo, constitucional, entre otras- en exámenes públicos. Además, los postulantes presentan un plan de gobierno, exponen en entrevistas sobre su vida y trayectoria y deben asistir a audiencias públicas en las que la ciudadanía puede opinar y hacer preguntas directas. Este proceso, que considero una “maratón democrática”, exige de los postulantes compromiso, preparación y la capacidad de legitimar su rol ante la sociedad, lo cual considero esencial para la confianza en la justicia. No he enfrentado retos adicionales por ser mujer. De hecho, la única vez que sentí que mi género era una posible limitante fue cuando se discutió en el Consejo de la Magistratura si en una cámara podían estar tres mujeres, mientras que no existía esta preocupación en las cámaras compuestas exclusivamente por hombres en otras provincias. A lo largo de los años, he podido formar parte de diferentes comisiones y asociaciones dentro del sistema judicial, como la Asociación de Magistrados, en la que tuve el honor de participar en la Comisión Directiva. He presidido el Superior Tribunal en dos ocasiones, ya que nuestro esquema es rotativo, a menos que alguien opte voluntariamente por no asumir. También formé parte del Consejo de la Magistratura, primero como jueza de Cámara y luego como jueza del Superior Tribunal, llegando a presidirlo. Actualmente presido el Tribunal Electoral. A nivel nacional, he tenido el honor de presidir el Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento (FOFECMA), una de las instituciones más grandes en su ámbito. Anteriormente, ocupé el cargo de vicepresidenta en JUFEJUS, además de haber desempeñado otras funciones en su comisión directiva.
¿Cuál es el espíritu de JUFEJUS?
JUFEJUS celebra 30 años y yo ya llevo nueve dentro de esta organización. Su objetivo principal, si mirás su estatuto, es preservar la independencia de los poderes judiciales, fortalecer su reconocimiento y consolidar su posición frente a otros poderes del Estado como una garantía de la seguridad jurídica y los derechos de la ciudadanía. Claro que tiene otros objetivos, incluyendo un rico intercambio de prácticas en áreas claves, como el Instituto de Tecnología, Innovación y Justicia (IFITEJ) y ReflejAr, que es la red de escuelas judiciales de todo el país. También contamos con varios foros temáticos donde participan especialistas en estadística, arquitectura, ceremonial, informática, oficinas judiciales, justicia penal juvenil, la comisión de género. En octubre, por ejemplo, se llevaron a cabo reuniones de cuatro foros, lo que muestra la actividad constante. En redes sociales como Instagram compartimos esta intensa actividad. Además, la solidaridad entre los poderes judiciales provinciales es fundamental. Hay ejemplos de provincias que se prestan herramientas y conocimientos. Por ejemplo, con pruebas de phishing entre sus plataformas digitales para mejorar la seguridad. Y, por supuesto, estamos atentos a dar respuestas frente a cualquier intento de vulnerar la independencia judicial por parte de cualquier actor externo, ya sea del Estado, la ciudadanía o los medios, y acompañamos a las provincias ante avasallamientos injustos, porque uno de nuestros objetivos es proteger esa independencia. Con la reciente incorporación de la provincia de Buenos Aires, ahora los 24 distritos están integrados en esta red que busca fortalecer y proteger a los poderes judiciales.
¿Qué temas tienen en agenda?
La agenda de JUFEJUS se centra en varios temas clave y de gran relevancia para el fortalecimiento de la justicia en las provincias. En cada encuentro, abordamos tanto la situación institucional como el estado financiero de cada provincia, lo cual asegura una transparencia constante sobre la administración de los recursos que permiten el funcionamiento de la Junta. Además, en el ámbito institucional, cada provincia puede expresar sus preocupaciones particulares, como temas salariales atrasados, problemas judiciales internos o situaciones de emergencia, como un hackeo, en el que la experiencia y el aprendizaje se comparten para prevenir futuros incidentes en otras jurisdicciones.
Otro aspecto relevante es el reporte de cada foro y comisión, como Reflejar, que lidera las capacitaciones para el desarrollo continuo de los jueces y magistrados, o el IFITEJ, que trabaja en el avance digital y en la integración de sistemas en todos los poderes judiciales. Recientemente, firmamos un convenio con Missing Children, que permitirá la difusión rápida y efectiva de datos de niños perdidos en los sistemas judiciales de las provincias adheridas. Este es sólo un ejemplo de cómo buscamos hacer un uso estratégico y ético de la tecnología, garantizando que cualquier innovación, incluyendo la inteligencia artificial, se emplee de manera responsable, respetando la revisión humana en los procesos cruciales.
¿Es importante la comunicación para ustedes?
Es fundamental, no sólo para dar a conocer estas acciones, sino también para que la ciudadanía comprenda el rumbo y el impacto de cada decisión. Insistimos en que esta comunicación sea seria, objetiva y responsable, y que las críticas constructivas, siempre bien intencionadas, sean recibidas con apertura.
¿Qué significa para vos reemplazar a María del Carmen Bataini, quien presidió seis años JUFEJUS y era como un emblema?
Y lo sigue siendo. María del Carmen ha sido una guía extraordinaria y realizó una gestión excelente, pero aquí trabajamos en equipo. Podría decir que mi labor es una continuidad de lo que ella ha venido construyendo y ella sigue formando parte de un lugar importante, así como todos los ministros y ministras que desean involucrarse de forma destacada en la Junta Federal. Siempre insisto en que el rol de un presidente es traducir y llevar adelante las decisiones de un colectivo, de un equipo. Esto no se trata de personalismos; los logros son fruto del trabajo del equipo de la Junta Federal, no de una persona en particular. María tuvo un desafío complejo con una gestión atravesada por la pandemia, algo que no estaba en los planes, y totalizó seis años al frente, en dos mandatos. Nos entendimos muy bien en ese tiempo, incluso fui su vicepresidenta, y puedo decir que, afortunadamente, el equipo tiene mucho compromiso.
¿Qué opinás de la propuesta del Gobierno para integrar la Corte Suprema?
La realidad es que en la historia de la Corte Suprema sólo han llegado tres mujeres, y actualmente se habla de sumar más jueces hombres a una corte ya dominada por varones, lo cual, sin desmerecer las capacidades individuales, implica un retroceso. Esto afecta principios fundamentales, tanto convencionales como constitucionales. ¿Cómo podemos hablar de una sociedad igualitaria si en una instancia de máxima decisión no hay ni una mujer? O sea, es una no representación directamente. En un país donde el 53% de la población es femenina, es una grave falta de representación en la máxima instancia de decisión. Incluso en las cortes provinciales, aunque no alcanzan la paridad, ya un 33.8% de sus miembros son mujeres, lo que muestra un avance. Formosa, por ejemplo, integró recientemente a una mujer, y otras provincias también avanzan hacia una mayor inclusión.
La declaración de JUFEJUS en relación a esa propuesta fue apoyada de manera unánime y eso es muy significativo. Está claro que las decisiones y las miradas diversas enriquecen los fallos, y lo vimos en logros como la creación de oficinas para la atención de la mujer y la violencia doméstica, o en fallos emblemáticos que surgieron bajo una Corte Suprema que incluía mujeres. Son evidencias claras de cómo la diversidad en el ámbito judicial no es una coincidencia, sino una necesidad.
Por último, ¿cuáles son los desafíos que tiene JUFEJUS?
El principal objetivo sigue siendo la preservación de la independencia judicial, especialmente en tiempos de cambios profundos y restricciones económicas que promueven conflictos y desafíos adicionales. Es imperioso buscar la manera siempre de dar respuestas rápidas a una ciudadanía que legítimamente nos interpela y nos pide, más allá de las cuestiones de credibilidad que ya te decía. Creo que nuestro norte, el que nos guía, es tener una justicia que sea capaz de detenerse en los conflictos, promover el diálogo, la armonía y la paz social, porque nosotros tenemos una gran responsabilidad en pos de pacificar.
Créditos de las fotografías: Corte de San Juan