Tras una elección que consolidó la coalición gobernante, Alejandra García asume el desafío de conducir el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal con el respaldo de una gestión que reivindica la capacitación, la ética y el rol institucional de la abogacía. Junto a Ricardo Gil Lavedra, repasan logros, tensiones y los desafíos que vienen.
La escena final lo resume todo. Después de repasar cifras, reformas y debates institucionales, Alejandra García se detiene, se emociona y dice algo que excede la coyuntura: “Cuando habla Ricardo, habla la abogacía”. En esa frase se condensa una transición que no es sólo de cargos, sino también de legado. Por primera vez, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal será conducido por una mujer, y lo hará desde una continuidad construida colectivamente, con una alianza que desafió las lógicas de fragmentación.
En esta conversación, García y Ricardo Gil Lavedra revisitan una gestión atravesada por cambios profundos y proyectan lo que viene, con una convicción compartida: que detrás de cada discusión sobre la profesión, late algo más amplio: la defensa misma de la Justicia.
Primero, felicitaciones a ambos por el resultado electoral. Fue una muy buena elección. ¿Están satisfechos con lo logrado?
Alejandra García (AG): Sí, estamos muy satisfechos. No sólo por el resultado, sino también por la participación de tantos abogados y abogadas, porque eso refuerza el compromiso con el Colegio Público y fortalece claramente a la abogacía.
La participación fue de un poco más del 18%. Está lejos de la magnitud del padrón de casi 90.000 abogados matriculados…
Ricardo Gil Lavedra (RGL): Porque es una elección voluntaria, más o menos la participación siempre ha rondado en eso. En algunos momentos la gente ha venido más porque distintos contextos históricos o porque la competencia era muy aguda. Pero, de todas maneras, que en tiempos en los cuales hay apatía electoral y que desciende la participación en las elecciones, que haya venido tanta gente, sinceramente, es una gran satisfacción.
Esta elección tiene dos hechos muy significativos. Por un lado, es la primera vez que una mujer va a conducir el Colegio Público. Y, por otro, se logró sostener una gran alianza de distintos sectores…
AG: Esta lista viene trabajando unida desde hace cuatro años, con mucho compromiso y sin tener miedo a las diferencias. Al contrario, el debate interno fue muy enriquecedor. Mantener unida la alianza también tiene que ver en gran medida con la conducción de Ricardo.
RGL: Sí, sobre todo porque va un poco a contracorriente. Es muy difícil construir coaliciones o alianzas, porque suelen imponerse los intereses sectoriales y las aspiraciones personales. Sin embargo, hemos logrado sostenerla, y creemos que eso es un ejemplo. Porque tenemos objetivos y valores en común. Más allá de nuestros distintos orígenes o de pensar diferente en muchos aspectos, compartimos una misma mirada sobre la abogacía y coincidimos en principios democráticos fundamentales.
El contexto de confrontación constante y de poca tolerancia a las diferencias imagino que hace todo cuesta arriba.
AG: Sí pero no le tenemos miedo a la diversidad. Discutimos, debatimos y defendemos todas las ideas. Somos abogados y abogadas con trayectorias distintas y miradas diferentes, pero eso nunca fue un obstáculo. El eje central es la defensa de nuestras condiciones de ejercicio profesional. Ese objetivo es claro y compartido. Se trabaja con generosidad y, en gran medida, se dejan de lado las aspiraciones personales, que son legítimas pero no pueden estar por encima del proyecto común.
¿Qué creén que valoró el matriculado a la hora de votar?
RGL: Creo que logramos transformar el Colegio. Y esas ideas comunes de las que habla Alejandra reflejan una forma concreta de defender la abogacía. No se trata sólo de incumbencias o honorarios. También es defensa de la abogacía brindar capacitación de calidad y sostener valores esenciales como la división de poderes, la independencia judicial y la justicia. Todas las agrupaciones coincidíamos en eso: construir un Colegio serio, respetuoso de las diferencias, pero firme en sus principios.
Durante estos cuatro años se invirtió mucho en infraestructura. ¿Eso influyó en el voto?
AG: Sin duda. Todo influyó. Recibimos un Colegio que prácticamente había estado cerrado durante la pandemia. La institución que debía acompañar a la abogacía no estaba funcionando, en un momento en que la forma de ejercer la profesión había cambiado por completo. Por eso hubo que invertir fuerte en infraestructura. Se reformaron las salas de profesionales y se crearon espacios de coworking. Muchos abogados habían dejado sus estudios y necesitaban un lugar para trabajar, tener audiencias virtuales o atender clientes. También inauguramos una nueva biblioteca, con acceso a jurisprudencia online, conectividad y espacios de trabajo. Era imprescindible adaptar el Colegio a la nueva realidad profesional.
También hubo un fuerte impulso en innovación y en el uso de inteligencia artificial. ¿Por qué es clave capacitar en estos temas?
RGL: Porque ha cambiado el modo de ejercer la profesión. El expediente en papel prácticamente ha desaparecido: hoy todo es digital. Eso exige el uso de herramientas tecnológicas y, sobre todo, enfrentar el enorme desafío que implica la inteligencia artificial. En ese sentido, hicimos un esfuerzo muy importante en capacitación.
AG: Contamos con un boletín específico sobre inteligencia artificial, cursos y también una guía de buenas prácticas para su uso. Es conocido que hubo casos de abogados -e incluso jueces- que citaron jurisprudencia inexistente. Por eso, la capacitación en esta materia es clave. Durante esta gestión, más de 120.000 matriculados y matriculadas pasaron por nuestras aulas, y la respuesta fue muy positiva.
RGL: También aparecen nuevas formas de ejercer la profesión: la litigación, la preparación del caso, la oralidad. Son herramientas que muchas veces no se enseñan en la facultad, pero que hoy resultan fundamentales.
Si bien el sistema acusatorio todavía no llegó plenamente, se trabajó mucho en capacitación en oralidad, ¿no?
RGL: Muchísimo. Creamos un programa específico y lo vamos a seguir profundizando. No solo en relación con el sistema acusatorio, sino también con el avance general de la oralidad. Incluso, este avance se va a ver reflejado también en los procesos civiles. Los procesos ordinarios por audiencias son una herramienta extraordinaria, que permite agilizar de manera significativa los procedimientos. Porque la abogacía -y el Colegio, en este caso- tiene que asumir también un rol formativo: pensar cómo contribuimos a mejorar la administración de justicia.
¿Cómo se posiciona el Colegio frente a temas institucionales complejos como, por ejemplo, la transferencia de competencias de Nación a Ciudad?
En todos estos temas tratamos siempre de vincular nuestra postura con el ejercicio profesional. Intervenimos cuando están en juego cuestiones institucionales relevantes, vinculadas al Estado de Derecho, las garantías fundamentales y el respeto a la Constitución. En el caso de la transferencia de la justicia a la ciudad de Buenos Aires, acompañamos a los abogados y abogadas para que estas decisiones -que comenzaron con un fallo de la Corte y continuaron con la sanción de la Ley de Reforma Laboral- no afecten su desempeño profesional. También creemos en el respeto a las decisiones institucionales, tanto de la Corte como del Poder Legislativo. El proceso está en marcha y depende no solo de la ley, sino también de los convenios que deben firmarse entre la Nación y la Ciudad. Lo que esperamos es que estos cambios redunden en un mejor servicio de justicia, no sólo para los abogados, sino también para los justiciables.
El Gobierno nacional planteó varios temas sensibles para el ejercicio de la profesión. Uno de ellos es terminar con la colegiación. Para ustedes es un punto innegociable.
AG: La colegiación obligatoria no es una defensa corporativa. En realidad, el Estado delegó en el Colegio Público el control de la matrícula y de la ética profesional. Se trata de una función pública que está directamente vinculada con la seguridad jurídica, las garantías constitucionales y el derecho de defensa. Está muy lejos de ser un beneficio para los abogados; por el contrario, es una herramienta para proteger a la ciudadanía, asegurando que los profesionales cumplan con reglas éticas en su ejercicio. Y, además, ¿qué mejor que los propios abogados sean juzgados por sus pares en ese control ético de la profesión?
Justamente en materia ética, también hubo avances importantes durante la gestión…
RGL: Sí, claro. Trabajamos fuertemente en ese eje. Creamos un Instituto de Ética y promovimos, a través de nuestros consejeros, el impulso de un código de ética para la justicia federal. Es imprescindible que la Justicia recupere legitimidad frente a la sociedad, y eso está directamente vinculado con el comportamiento de los magistrados. Vamos a ser los primeros en defender la independencia judicial, y lo hemos hecho en muchísimas oportunidades, incluso cuando la Corte fue objeto de determinados ataques. Pero, al mismo tiempo, queremos una Justicia prestigiada. La regulación de las conductas y de los comportamientos adecuados de los jueces es imprescindible. Es una ausencia inadmisible que hoy no exista un Código de Ética.
Otro tema que llevaron recientemente al Consejo de la Magistratura es el de los honorarios profesionales. Existe una ley que los regula, pero en la práctica no siempre se cumple. ¿Qué está haciendo el Colegio al respecto?
El Colegio trabajó muchísimo en este tema. Ricardo recorrió las Cámaras, habló con camaristas y logró que varias de ellas impartieran instrucciones a los jueces de primera instancia. Detectamos que muchas regulaciones perforaban incluso los mínimos establecidos por la ley. Además, acompañamos a numerosos matriculados en sus reclamos y en apelaciones por honorarios mal fijados. El Colegio tiene una política clara en este sentido: cuenta con una comisión que analiza cada caso y define cuándo corresponde acompañar. Hemos tenido muy buenos resultados. También creamos un observatorio para monitorear cómo se están regulando los honorarios.
En relación con el caso del juez Carlos Goggi, no sólo el Colegio se ha expresado sino también se ha presentado en el Consejo de la Magistratura donde se evalúa la conducta del magistrado.
RGL: Sí, lo que se analiza es la conducta reiterada de este magistrado de declarar de oficio la inconstitucionalidad de la Ley de Honorarios. Recibimos numerosas presentaciones de abogados que cuestionaban esta práctica, sobre todo porque esas decisiones -respetables como cualquier resolución judicial- habían sido sistemáticamente revocadas por la Cámara. Pese a ello, el magistrado persistía en su postura. Por eso, acá no está en juego la independencia judicial ni el contenido de las sentencias, sino el incumplimiento de las decisiones de los tribunales superiores. El respeto al precedente -al stare decisis– es una herramienta fundamental para garantizar seguridad jurídica y previsibilidad. Los jueces pueden apartarse de lo resuelto por tribunales superiores, pero deben hacerlo con argumentos nuevos o fundamentos distintos que justifiquen ese apartamiento. Lo que no pueden hacer es insistir de manera reiterada en una misma postura ya descartada, porque eso entorpece el proceso y afecta su normal desarrollo. Y, en este caso, además, impacta directamente en los abogados y abogadas, al desconocer una ley que regula honorarios de carácter alimentario.
Un tema que aparece recurrentemente es el del divorcio administrativo y las sucesiones notariales. ¿Cuál es la postura del Colegio?
AG: Trabajamos mucho para que no se incluyeran ni los divorcios administrativos ni las sucesiones notariales. Recordarán que estaban contemplados en el primer proyecto de la Ley de Bases. Eso fue un logro colectivo de toda la abogacía: desde el Colegio Público, junto con la FACA y muchos otros colegios, tuvimos una participación activa. En el caso de las sucesiones notariales, no se trataba de un reclamo corporativo, porque no reemplazaban el rol del abogado, sino el del juez. Y ahí el problema es de seguridad jurídica: se desplazaba una función jurisdiccional. Finalmente, la abogacía organizada logró que se mantuvieran esas incumbencias. Pero insisto: no era sólo una cuestión profesional, sino también de resguardo del Estado de Derecho.
RGL: En el caso del divorcio administrativo hay que decir que el divorcio no es únicamente la disolución del vínculo. Hay una serie de cuestiones conexas que están íntimamente relacionadas: compensaciones económicas, distribución de bienes, situaciones de vulnerabilidad. Delegar eso en un funcionario administrativo implica desconocer esa complejidad. Además, puede generar consecuencias desventajosas para la parte más débil.
AG: Por ejemplo, existe un plazo de seis meses para reclamar una compensación económica. Sin el debido asesoramiento y control judicial, esa posibilidad puede perderse.
¿Creen que el Gobierno va a insistir con estas reformas o consideran que es un tema cerrado?
AG: Vamos a estar siempre atentos, pero no podemos anticiparlo. Lo que sí está claro es que el Colegio Público ha dado su opinión fundada cada vez que fue convocado y lo va a seguir haciendo.
Hay otro tema que preocupa: la situación de un abogado argentino detenido en Venezuela. El Colegio tuvo un rol activo. ¿Hubo avances?
RGL: Hemos reclamado a la Cancillería argentina que intervenga activamente para lograr su liberación. También conseguimos el respaldo de organizaciones internacionales de abogados, que se interesaron en el caso y apoyaron nuestros planteos. Pero, hasta el momento, no se ha logrado su liberación.
¿Cuál es su balance de su gestión al frente del Colegio?
RGL: Estoy satisfecho porque cumplimos muchas de las cosas que nos propusimos al asumir. Fue una enorme responsabilidad conducir una coalición tan diversa, pero creo que logramos transformar el Colegio. Hoy es una institución distinta: más seria, más responsable, más respetada. Creo que hemos inaugurado una nueva forma de gestionar y de defender la abogacía. Y Alejandra, que fue una parte activa de esta gestión, es la persona indicada para continuar este camino, que ha recibido un respaldo contundente de los matriculados y matriculadas.
Imagino que, frente a todo lo que enfrentó a lo largo de tu carrera, esto podría parecer un desafío menor…
RGL: No es una tarea menor defender a los abogados y abogadas. He hecho muchas cosas en mi vida, pero siempre me sentí, ante todo, abogado. Soy un abogado formado en la universidad pública, a la que siempre me siento en deuda. Para mí era muy importante contribuir a revalorizar el Colegio y abrir un nuevo camino en este ámbito. Estoy muy contento. Fue una experiencia muy enriquecedora y conté con un equipo extraordinario. Porque esto no es un mérito individual, sino colectivo. Y, sin dudas, vamos a continuar por este camino.
¿Y cuál sería el “debe” y el “haber”?
RGL: Sin duda, el principal logro fue la transformación del Colegio en todos los sentidos, en todo lo que venimos impulsando. Por supuesto, no existe una gestión perfecta, pero sinceramente me cuesta señalar un “debe” claro, incluso considerando que atravesamos momentos muy difíciles. Trabajamos en un contexto adverso: hubo cuestionamientos a la colegiación, a las incumbencias profesionales… Y, sin embargo, logramos sostenernos con equilibrio. Creo que fue una gestión equilibrada, en la que dejamos de lado cualquier diferencia política para enfocarnos en la defensa de la profesión, más allá de cualquier ideología.
A modo de cierre se realizó el primer Encuentro Nacional de la Abogacía. ¿Qué significó?
RGL: Fue una oportunidad muy valiosa para intercambiar experiencias con otros colegios. Compartimos problemáticas comunes: honorarios, relación con la Justicia, cómo contribuir a mejorar el servicio judicial, la capacitación, el impacto de la inteligencia artificial. Cada colegio pudo mostrar cómo está abordando estos desafíos, lo que permitió un enriquecimiento mutuo. No fue un espacio de catarsis, sino un encuentro propositivo, orientado a encontrar soluciones. Además, tuvimos una participación extraordinaria de colegios de todo el país. Estamos convencidos de que, si mejoramos la abogacía, mejoramos la Justicia. Y si mejoramos la Justicia, fortalecemos la democracia republicana.
Alejandra, ¿es casualidad que hoy haya mujeres presidiendo instituciones clave como el Colegio de Montevideo, el Colegio Público, el Colegio de Escribanos de la Ciudad y también la FACA?
AG: Es un cambio de época, algo que se fue dando. Este año el Colegio Público cumple 40 años y nunca había sido presidido por una mujer. Lo mismo ocurrió en el Colegio de Montevideo, con más de un siglo de historia. En este caso, creo que tuvo mucho que ver la conducción de Ricardo, que abrió espacios y nos trató como iguales. Yo formé parte de la gestión durante estos cuatro años y estoy convencida de que esto no es un mérito individual, sino colectivo, aunque en gran medida se explica por ese liderazgo. Es un camino que muchas venimos construyendo desde hace tiempo y que agradezco. Tengo casi 33 años en la profesión y valoro especialmente el respaldo de quienes hoy integran la lista de unidad, que fue clave. También trabajamos con Rosalía Silvestre, presidenta del Colegio de Montevideo, en muchas cuestiones en común; incluso reclamamos juntas por las vacancias judiciales. Ella dirige nuestro Instituto de Ética y presidió el Tribunal de Disciplina.
Se percibe un cambio: antes predominaba cierta lógica de rivalidad y hoy hay un trabajo conjunto muy fuerte.
AG: Es parte de lo que venimos sosteniendo desde hace cuatro años: la unidad de la abogacía. No es sólo un discurso, lo llevamos a la práctica. Trabajamos con otras asociaciones, como la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, de la que formo parte. El trabajo colectivo es natural porque, como dijo Ricardo, tenemos problemas comunes: los honorarios, las incumbencias. Y el Encuentro Nacional de la Abogacía fue pensado en ese sentido: construir una abogacía más unida, que actúe colectivamente y que, a través de sus instituciones, tenga más fuerza para defender el ejercicio profesional. Porque somos parte del sistema de justicia, un engranaje más.
En las últimas elecciones también se vio esa lógica de unidad…
RGL: Sí, fuimos juntos con otras instituciones de la Ciudad, algo que no había ocurrido antes. Y, además, en el Colegio Público no hay techo de cristal. Desde mi perspectiva, la mujer abogada todavía carga con mayores responsabilidades. Si bien hubo avances, no existe aún una distribución equitativa de las tareas domésticas y de cuidado. Eso implica un esfuerzo adicional para muchas colegas. También existen situaciones de trato desigual o incluso de abuso en el ámbito profesional. Ahora bien, cuando se trata de acceder a cargos de conducción, eso responde a las capacidades y aptitudes de las mujeres, que están plenamente a la altura de esos desafíos. También hubo decisiones institucionales que acompañaron ese proceso… Hay un aspecto que no es menor: desde 2018 se sostiene un criterio de paridad en la conformación de listas, aun cuando no sea una obligación legal. Porque la mirada de ambos géneros enriquece las instituciones y mejora la calidad de las decisiones.
Pese al perfil bajo, tiene una trayectoria importante: fue consejera, entre otros roles. ¿Este es el premio a todos esos años de trabajo?
AG: Es un reconocimiento muy importante que te voten tus colegas. Lo vivo como un reconocimiento, pero no lo llamaría un premio. Creo que a las mujeres nos costó mucho encontrar y sostener estos espacios de participación. Como decía Ricardo, tenemos muchas otras responsabilidades y, muchas veces, implica un gran esfuerzo dejar la casa, a los hijos, y al mismo tiempo seguir capacitándonos, algo que esta profesión exige de manera permanente. Más que hablar de premios, creo que el sistema de justicia todavía tiene que transformar su cultura para que esto sea natural: que no sea noticia que una mujer llegue a un cargo relevante, como presidir el Colegio Público. De hecho, lo dije luego de la elección: no quiero ser la primera mujer en presidir el Colegio, sino que espero que venga la siguiente.
¿Cuáles son los objetivos para esta nueva etapa?
AG: Hay una clara continuidad del trabajo que venimos haciendo. Uno de los proyectos centrales es la creación del Tribunal Arbitral del Colegio Público. Ya estamos en la etapa de selección de árbitros y contamos con un reglamento y un comité para un tribunal de excelencia. Es un proyecto que iniciamos y que vamos a concluir en esta gestión. También trabajamos mucho con los noveles abogados, acompañándolos en sus primeros pasos. Los escuchamos, generamos espacios de diálogo y detectamos algo muy claro: el miedo al primer caso. Por eso impulsamos un curso de iniciación profesional que funciona muy bien, donde se abordan temas como la redacción de escritos, el manejo de la prueba, la oralidad -cada vez más importante- y las herramientas digitales. Ese trabajo hay que profundizarlo, también desde lo económico. Durante esta gestión se cumplió una promesa clave: que matricularse no tenga costo. Eso fue posible gracias a una administración ordenada y austera.
RGL: Es fundamental seguir acompañando a quienes se inician en la profesión y continuar trabajando en relación con la mejora del servicio de justicia. Es un objetivo permanente. Todavía hay mucho por hacer. Es clave profundizar la implementación de los procesos por audiencias, que han dado resultados muy positivos en distintas provincias. También avanzar en la implementación plena del sistema acusatorio en la ciudad de Buenos Aires. Y seguir de cerca la transferencia de competencias laborales a la Justicia de la Ciudad, en lo que respecta a los conflictos individuales de trabajo. El Colegio tiene un rol importante en todos estos procesos, así que los desafíos que vienen son muy significativos.
Ricardo, ¿algún consejo para Alejandra en esta nueva etapa?
Que siga siendo ella misma. Ha hecho un gran trabajo y es una pieza central de esta gestión. Tiene una enorme capacidad, es muy trabajadora y estudiosa. Estoy convencido de que va a tener una presidencia muy exitosa.
Alejandra, ¿qué le diría a Ricardo?
Que lo vamos a seguir necesitando. Es una de las voces más importantes de la abogacía a nivel nacional. Cuando habla Ricardo Gil Lavedra, habla la abogacía. Y por eso lo vamos a seguir necesitando.
Fotografía: Silvana Colombo
