En el décimo aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, los ecos de su denuncia por el Memorándum con Irán, su trágico final y las irregularidades que rodearon lo ocurrido la noche del hecho persisten como una herida abierta. A medida que se desclasifican nuevos archivos de inteligencia y se imputa a ex funcionarios por negligencia, la búsqueda de verdad y justicia avanza en un escenario donde las preguntas siguen superando las respuestas.
Por Karina Poritzker
Corría septiembre de 2024 y Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro, ex esposa y madre de las dos hijas del fallecido fiscal Alberto Nisman, se enfrentaba cara a cara con un detenido que la había amenazado, a ella y a su familia. La advertencia había sido concreta: si no liberaba a un conocido narcotraficante iba a pasarle a ella “lo mismo que a Nisman” y a sus hijas, lo mismo que a Candela, la nena secuestrada y asesinada en agosto de 2011 en un ajuste de cuentas contra su padre, preso por piratería del asfalto.
“Somos gente de fe y no perseguimos venganza”, le dijo ese día la jueza Arroyo Salgado al autor de las amenazas durante una audiencia en un tribunal de la localidad bonaerense de Vicente López, cuando dio su conformidad como víctima para un juicio abreviado que terminó en una condena a cinco años de cárcel para el acusado.
“El padre de mis hijas fue asesinado”, le recordó la magistrada al detenido ese día en un juzgado de Olivos, en un intento de que tomara conciencia del impacto que esas amenazas tuvieron sobre su familia. Pero “no somos personas de venganza”, le repitió. El hombre le pidió perdón.
Faltaban cuatro meses para el décimo aniversario de la muerte de Nisman. Los aniversarios suelen ser significativos, y más aún cuando persiste la sensación de impunidad. Algo similar ocurre cada 18 de julio, fecha del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), caso investigado por Nisman hasta que fue encontrado muerto con un balazo en la cabeza en el baño del departamento que alquilaba en las torres Le Parc, en Puerto Madero, a las 22.32 de la noche del domingo 18 de enero de 2015.
En 2018, la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires avaló la hipótesis del asesinato y descartó el suicidio, en coincidencia con las conclusiones del juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, quienes se basaron en un peritaje multidisciplinario de Gendarmería Nacional, entre otras evidencias.
Nisman murió entre las 20 del sábado 17 y las 10 de la mañana del domingo 18 en su departamento del piso 13 del Complejo Le Parc
Aún se ignora quién o quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del homicidio, aunque la Justicia ha reafirmado que se trató de un crimen vinculado a la investigación del atentado a la AMIA y a la denuncia de Nisman por encubrimiento del ataque a raíz de la firma del Memorandum con Irán en el gobierno de Cristina Kirchner.
¿Qué se sabe sobre la muerte del Fiscal?
Entre oficios secretos, desclasificación de archivos de inteligencia, custodios que ese fin de semana no custodiaron como debían al hombre que miraba todo un país e imputaciones a ex funcionarios por desidia en la escena del crimen que comprometieron la búsqueda de la verdad, el fiscal Taiano avanza en la investigación centrado en el mundo de la inteligencia vernácula, entrecruza llamadas y toma declaraciones a ex agentes. El último informe que dio a conocer habla de un camino probatorio ya iniciado para llegar a determinar “la identidad de aquellos que ejecutaron el hecho y de quiénes lo ordenaron”,
La víspera del simbólico décimo aniversario llegó con una nueva tanda de archivos de inteligencia desclasificados por decisión del presidente Javier Milei ante un pedido de los investigadores: se especula con que podría darse con información sobre supuesto espionaje desde la AFI y el Ejército.
El oficio que contiene los detalles es secreto. Se trata de desentrañar qué pasó antes y después de ese fin de semana: durante casi 13 horas en las cuales Nisman no contestó mensajes ni realizó llamadas, no levantó el diario de su puerta en el departamento que alquilaba en las torres Le Parc.
El lunes 19 de enero de 2015 tenía cita en el Congreso de la Nación para dar detalles de los fundamentos de su denuncia. Desde el inicio de la investigación se acreditó que en los días previos a la muerte de Nisman hubo un inusual flujo de comunicaciones entre funcionarios y agentes de inteligencia. La mira está puesta en agentes inorgánicos que cobraban por aportar información.
En la acusación por la firma del acuerdo con Irán figura un sospechoso que habría sido agente inorgánico que cobraba por vender información a la AFI y aparecía en las escuchas que usó el entonces titular de la UFI AMIA para fundamentar sus aseveraciones. Ese hombre está entre quienes ahora irán a juicio oral a raíz de la denuncia del fiscal.
Las declaraciones de agentes de la AFI como testigos, bajo juramento de verdad y relevados de la obligación de guardar secreto aportaron estos últimos años elementos que hablan de un seguimiento previo al fiscal y luego -de manera posterior- a los primeros investigadores del caso, como la ahora jubilada fiscal del fuero en lo Criminal Viviana Fein.
Las declaraciones remontaron al escenario que se vivía a finales de 2014 y principios de 2015, con los cambios dispuestos en la AFI por el kirchnerismo.
En el informe que publicó el pasado 8 de enero -a díez días del décimo aniversario- la fiscalía sostiene que: “Aproximadamente para finales del año 2010 y principios del 2011, el Poder Ejecutivo Nacional, en cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, decidió un viraje en su política exterior respecto de la República Islámica de Irán, que se tradujo en una orden a la Secretaría de Inteligencia para que cese en la investigación del atentado a la sede de la AMIA y su colaboración con el fiscal que llevaba adelante la causa». Es decir, Nisman.
Según reconstruye la Justicia, un sector del organismo dedicado a la inteligencia nacional se negó a cumplir esa orden y es fue el comienzo de “una fractura entre este grupo y las máximas autoridades nacionales y las dependencias de la Secretaría de Inteligencia que continuaban respondiéndole» En ese lapso de tiempo se firmó el Memorándum de Entendimiento con Irán por el atentado y comenzó la batalla judicial desplegada por Nisman para obtener la inconstitucionalidad.
También se apunta a un “acoso y persecución” como definió el ex hombre fuerte de la SIDE Antonio Stiuso cuando declaró como testigo en sede judicial. Ese seguimiento de inteligencia paralelo afectó entre otros funcionarios judiciales a la ex esposa de Nisman, la jueza Arroyo Salgado.
Por lo pronto, la desclasificación permitirá avanzar con más precisión en qué tipo de información aportaban los espías “inorgánicos” sobre la víctima y su entorno.
El expediente acumula admisiones vinculadas a pagos a este tipo de “agentes” desde la Agencia Federal de Inteligencia a cambio de informes sobre determinados temas de interés y se pone la mira en los vinculados a Nisman y su denuncia.
El por entonces titular de la UFI AMIA era víctima de seguimientos ilegales físicos y virtuales: en un correo electrónico le enviaron un virus “troyano” que no llegó a activar.
Desidia en el departamento
En el expediente central por la muerte del fiscal el único procesado en relación directa a lo ocurrido es el técnico informático Diego Lagomarsino, como supuesto partícipe como dueño de la pistola Bersa calibre 22 de la que salió el disparo.
En libertad, Lagomarsino se mantiene firme al asegurar que Nisman se suicidó, como se instaló en ese entonces desde distintos sectores del kirchnerismo, y que él le llevó el arma porque su entonces jefe se la pidió, temeroso de su seguridad.
El foco también estuvo puesto en los cuatro custodios asignados a Nisman por incumplimiento de deberes porque ese fin de semana -cuando todas las miradas se posaban en el fiscal- se alejaron de la zona de custodia en reiteradas ocasiones, sin explicaciones convincentes y durante horas no supieron nada de él, no respondía los mensajes y no advirtieron a sus superiores lo que ocurría.
La investigación parece avanzar a la hora de buscar culpables por los escollos para “llegar a la verdad”, como se repite en diferentes resoluciones judiciales. El final del 2024 fue el turno de la acusación a quienes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido dentro del departamento de Nisman
El fiscal Taiano cerró el año con una imputación concreta al entonces secretario de Seguridad Sergio Berni y a su segundo, Darío Ruiz. La alteración de la escena se ha dado por probada.
La noche del 18 de enero y la madrugada del 19 en las torres Le Parc estuvieron marcadas por la falta de cuidados y el incumplimiento de protocolos. Esta investigación se desarrolla en paralelo a la que busca esclarecer lo ocurrido a Nisman. Durante esas horas, al menos 80 personas ingresaron al departamento, pero nadie advirtió de inmediato la existencia de una vía de acceso a través de una puerta metálica en la cocina que conectaba con el departamento vecino. En ese lugar, más tarde, se hallaron huellas parciales que aún no han sido identificadas.
Según la fiscalía, hubo “concretas y graves irregularidades cometidas por los funcionarios públicos” que “pusieron en riesgo el descubrimiento completo de la verdad”. Por estos hechos, ya estaban acusados los entonces jefes de la Policía Federal, Román Di Santo, y de la Prefectura, Luis Heiler. Y al listado podrían sumarse en breve algunos ex funcionarios que tenían altos cargos en ese momento.
Los cuatro imputados han sido notificados de los cargos. La fiscalía acusa “desidia” e “impericia” en el manejo de la escena del crimen, lo que llevó a la “contaminación” de elementos clave como el teléfono celular de Nisman y la pistola Bersa.
Durante esa madrugada Berni llamó 31 veces a Cristina Kirchner.
Los dos años posteriores al deceso, el caso se llevó en el fuero en lo criminal ordinario sin quedar en claro por qué no se dio aviso de inmediato al federal. Finalmente la Corte Suprema de Justicia resolvió el 20 de septiembre de 2016 la competencia definitiva del fuero de excepción y desde entonces está a cargo del juez Ercolini.
“Resultó extremadamente llamativo que se le haya dado intervención al fuero ordinario y no al fuero federal como correspondía, teniendo en cuenta que el hecho a investigar consistía en la muerte violenta de un fiscal federal a cargo de la investigación del atentado más grave de la historia argentina, y que cuatro días antes había denunciado en el marco de su función a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”, advierte al respecto la fiscalía.
Es así que para Taiano y su equipo de colaboradores encabezado por el auxiliar fiscal Hernán Kleiman desde el procedimiento inicial, “la investigación estuvo plagada de irregularidades y de acciones tendientes a desviar su curso por parte de diferentes actores”
Los números
La causa tiene 126 cuerpos en un total de más de 20.000 fojas. A la par, continúan en trámite ocho causas conexas al expediente principal, se detalla en el informe de la fiscalía
En materia de pruebas, se han recibido más de 900 declaraciones testimoniales y se han incorporado más de 500 abonados telefónicos al entrecruzamiento de llamadas: al menos 200.000 comunicaciones analizadas. En el marco del peritaje tecnológico efectuado por la Gendarmería Nacional Argentina se han analizado más de 180 equipos informáticos.
En los últimos meses se libraron nuevas órdenes de presentación a empresas telefónicas para obtener registros entrantes y salientes de nuevos abonados que siguen apareciendo en la investigación
Unas 100 nuevas líneas telefónicas serán incorporadas a las actividades de entrecruzamiento y análisis de comunicaciones que se encuentran en trámite.
Las últimas horas del fiscal
En 2018, los jueces de la sala II de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun dieron por probado que Nisman fue asesinado. “El disparo no fue realizado por Natalio Alberto Nisman sino por una tercera persona que, por el tipo de arma utilizada y la trayectoria del disparo, buscó y obtuvo la muerte del nombrado”, aseguraron en esa resolución.
Todas las declaraciones de quienes se comunicaron con Nisman el sábado 16 de enero de 2015, los mensajes de texto que pudieron recuperarse a través del aporte efectuado por ellos y las propias declaraciones de los imputados que tuvieron contacto con la víctima ese día -Lagomarsino y custodios-, “dieron cuenta que se encontraba abocado a la preparación de su presentación” ante una comisión especial que lo recibiría en el Congreso Nacional el lunes 19.
De hecho tenía previsto reunirse con su secretaria en la tarde-noche del domingo 18. Nisman murió entre las 20 del sábado 17 y las 10 de la mañana del domingo 18 en su departamento del piso 13 del Complejo Le Parc.
En ese lapso acusa la fiscalía una o más personas aún no identificadas ingresaron al lugar y luego de reducirlo, lo trasladaron hasta el baño ubicado en el cuarto principal de la vivienda y le dieron muerte a través de un disparo en la cabeza ejecutado mediante un arma de fuego marca “Bersa” calibre .22, serie N° 35.099, “que se encontraba registrada a nombre de Lagomarsino…”.
El inicio de todo: la denuncia por el Memorándum con Irán
La denuncia de Nisman estuvo lejos de ser una presentación improvisada. Quienes lo conocían y seguían su actividad sabían que desde hacía más de un año preparaba algo que para él era de suma importancia. Estaba compilando evidencia, repetía sin dar más detalles.
Se trataba de la acusación por encubrimiento agravado del atentado a la mutual judía contra la entonces presidenta Cristina Kirchner, funcionarios de primera línea de su Gobierno y otros implicados a raíz de la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA del 27 de enero de 2013 y anunciado por la entonces Presidenta en sus redes sociales.
Nisman estaba convencido de que -en realidad- se perseguía la impunidad para los funcionarios iraníes acusados con pedido de captura internacional y el fin último era levantar las circulares rojas de Interpol que les ponían trabas a la hora de moverse con libertad entre países.
Una década después -y poniendo fin a años de idas y vueltas judiciales- la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme en diciembre pasado la decisión de avanzar hacia el juicio oral.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal había revocado los sobreseimientos por inexistencia de delito para todos los acusados, resueltos por un Tribunal sin llegar a juicio en la postura de que la firma de ese acuerdo con Irán entraba en el rango de decisiones políticas no judicializables.
La defensa de la ex Presidenta recurrió sin éxito al máximo tribunal del país.
De esta manera, la preparación del debate cobrará intensidad en el transcurso de 2025 a cargo de un Tribunal con nuevos magistrados y fecha de inicio aún sin definir. Los nuevos jueces designados esperan por nombramientos y recursos.
A una década de la muerte de Nisman hay una sola certeza, su denuncia llegará a juicio oral y tendrá a la ex Presidenta en el banquillo de los acusados. También al actual senador nacional Oscar Parrilli y al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires Juan Martín Mena, entre otros acusados.
En esa instancia y ante la sociedad, se debatirá si tuvo o no fundamento la acusación que presentó Nisman hace diez años, el 14 de enero de 2015, en esa lejana feria judicial de verano que quedó grabada para siempre en la memoria de los argentinos. La denuncia que según sostiene ahora la Justicia, pudo costarle la vida.