Medidas Cautelares, peligrosidad procesal y la responsabilidad institucional que nadie quiere asumir.
Por Martín Francolino Stagno *
Hay momentos en que el derecho penal deja de ser una disciplina académica y se convierte en una autopsia. No de un cuerpo —aunque también— sino de un sistema. De sus presupuestos teóricos, de sus mecanismos institucionales, de las decisiones que en apariencia son técnicas y en realidad son políticas, y que en determinadas circunstancias tienen consecuencias que ninguna resolución judicial posterior puede deshacer.
Agostina Vega tenía 14 años. Su cuerpo fue hallado desmembrado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en Córdoba. La autopsia confirmó asfixia mecánica. El fiscal Raúl Garzón modificó la carátula del expediente a femicidio. El único imputado es Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, empleado municipal de la ciudad de Córdoba, que el 26 de mayo de 2025 —exactamente un año antes de que el país conociera el nombre de Agostina— fue liberado por el fiscal de Instrucción Iván Javier Rodríguez, de la Fiscalía del Distrito III Turno 6°, mediante una resolución que concluyó que no existía “presencia de otros indicadores de peligro procesal”.
Esa resolución no es un error humano aislado. Es el síntoma de una enfermedad sistémica que el derecho penal argentino arrastra desde hace décadas y que cada tanto, con una periodicidad que debería avergonzarnos como sociedad jurídica, cobra una vida que podría haber sido protegida.
I. Los hechos que el sistema conocía y desestimó
El 6 de mayo de 2025, una joven de 20 años logró escapar semidesnuda de la vivienda de Barrelier en barrio Cofico, Córdoba, con las muñecas atadas con cinta adhesiva, amordazada, pidiendo auxilio a los gritos. Barrelier la había retenido a punta de pistola. La había inmovilizado con cinta adhesiva en pies, manos y boca. Solo la distracción de su captor —que salió a ocultar una moto dejando el portón entreabierto— le permitió escapar con vida.
La Justicia de Córdoba actuó. Ordenó la detención de Barrelier e inició un expediente por privación ilegítima de la libertad calificada. Veinte días después, el 26 de mayo de 2025, el fiscal Rodríguez firmó la resolución que le devolvió la libertad a cambio de dos fianzas de cinco millones de pesos cada una, la obligación de presentarse mensualmente en la fiscalía y la prohibición de contactar a la víctima. La causa continuó abierta durante todo el período.
Barrelier cumplió las presentaciones mensuales. Firmó incluso la correspondiente a mayo de 2026. Mientras tanto, continuó trabajando como empleado de la Escuela de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba. Y en algún momento de ese período, Agostina Vega, de 14 años, entró en contacto con él y no volvió a salir con vida.
II. La medida cautelar y su fracaso estructural
Para comprender lo que ocurrió desde una perspectiva técnica es necesario detenerse en la institución jurídica que está en el centro de la tragedia: la medida cautelar sustitutiva de la prisión preventiva.
El artículo 280 del Código Procesal Penal de la Nación —y sus equivalentes provinciales, incluido el córdobés— establece que la restricción de la libertad durante el proceso solo es admisible cuando existe peligro de fuga o peligro de entorpecimiento de la investigación. El sistema cautelar argentino, alineado con los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos plasmados en el Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, rechaza explícitamente la prisión preventiva como instrumento de pena anticipada o como respuesta a la peligrosidad del imputado en términos sustantivos.
Aquí reside la tensión estructural que el caso Barrelier pone en primer plano: nuestro sistema cautelar está diseñado para evaluar el peligro procesal —fuga, entorpecimiento— y no el peligro sustantivo, es decir, la probabilidad de que el imputado cometa nuevos delitos si permanece en libertad. Esa distinción, de raíz garantista y profundamente correcta en términos abstractos, tiene una consecuencia práctica que el caso de Agostina convierte en insoportable: un hombre que había secuestrado, amordazado y amenazado con un arma de fuego a una mujer en su propia casa podía ser liberado porque, en términos estrictamente procesales, no había indicadores de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.
III. El concepto de peligrosidad y sus límites constitucionales
La peligrosidad del imputado como criterio de detención cautelar es uno de los debates más complejos y políticamente sensibles del derecho penal moderno. La tradición garantista —que Argentina ha abrazado con convicción desde la reforma constitucional de 1994 y la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos— rechaza la peligrosidad como fundamento autónomo de la privación de libertad por razones que no son caprichosas: juzgar a alguien no por lo que hizo sino por lo que podría hacer en el futuro es una forma de derecho penal de autor que resulta incompatible con el principio de inocencia y con la función procesal —no sustantiva— que debe cumplir la detención cautelar.
Sin embargo, esa misma tradición garantista ha encontrado en casos como el de Barrelier una grieta que no puede ser ignorada: cuando el hecho imputado es en sí mismo un indicador de conducta futura —cuando el método, la víctima, el espacio y el modus operandi del delito previo son idénticos a los que caracterizarán el delito posterior— la negativa a incorporar ese elemento al análisis cautelar no es garantismo. Es formalismo. Y el formalismo, llevado hasta sus últimas consecuencias, puede tener el mismo efecto que la arbitrariedad: dejar desprotegida a una víctima que el sistema debería haber amparado.
IV. La cadena de fallas institucionales
El caso Barrelier no es la historia de un solo error. Es la historia de una cadena de fallas institucionales que se alimentaron mutuamente hasta producir un resultado irreversible.
La primera falla fue la resolución cautelar del fiscal Rodríguez. Como se analizó, esa decisión puede ser técnicamente defendible dentro del marco normativo vigente. Pero la aplicación mecánica de un criterio procesal abstracto a un hecho concreto de extrema gravedad exige una reflexión sobre los límites de la formalización jurídica cuando se aplica sin contexto.
La segunda falla fue la del Estado empleador. Barrelier era empleado municipal de la ciudad de Córdoba. La Municipalidad argumentó no haber sido notificada formalmente de su situación judicial. Esa respuesta es insuficiente. Un Estado que imputa a un empleado suyo por el secuestro de una mujer y le otorga libertad ambulatoria tiene la obligación institucional de cruzar esa información con el organismo empleador.
La tercera falla fue la de la Alerta Sofía. El sistema de alerta temprana para menores desaparecidos se activó con más de 72 horas de retraso desde que se perdió el rastro de Agostina. Esa demora, en un caso donde cada hora puede ser la diferencia entre encontrar a una persona con vida o encontrar un cuerpo, es una falla que debe ser investigada con la misma profundidad que la liberación de Barrelier.
La cuarta falla fue la del concejal Ricardo Moreno, que fue simultáneamente el abogado defensor de Barrelier en la causa de 2025 y el funcionario público que gestionó su ingreso laboral a la Municipalidad. Moreno renunció a su banca cuando el escándalo se tornó insostenible. Pero la pregunta que su doble rol instala no puede ser resuelta con una renuncia.
V. El caso Micaela y la ley que lleva su nombre
Agostina no es la primera víctima de este patrón. En 2017, Micaela García fue violada y asesinada en Entre Ríos por Sebastián Wagner, quien tenía antecedentes por violación y cumplía una condena en libertad condicional. El femicidio de Micaela derivó en la sanción de la Ley 27.499 —conocida como Ley Micaela— que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género para todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado.
La conclusión que el caso Barrelier instala es incómoda pero necesaria: la capacitación en perspectiva de género, siendo imprescindible, no es suficiente si no va acompañada de una reforma del sistema cautelar que incorpore de manera expresa y operativa los antecedentes de violencia de género como indicador de peligrosidad sustantiva en la evaluación de las medidas restrictivas.
VI. La reforma que el sistema le debe a Agostina
El derecho penal tiene una característica que lo distingue de otras disciplinas jurídicas: aprende de sus tragedias. La Ley Micaela existe porque Micaela fue asesinada. La Alerta Sofía existe porque Sofía Herrera desapareció. Agostina Vega merece que su nombre también sea el origen de una reforma. No declarativa sino operativa, que modifique el Código Procesal Penal para incorporar dos elementos que hoy son opcionales y deben ser obligatorios.
Primero: la incorporación de los antecedentes de violencia de género como criterio autónomo de evaluación cautelar, con independencia del análisis de peligro de fuga.
Segundo: la obligación de comunicación entre el sistema judicial y los organismos públicos empleadores cuando un empleado del Estado es imputado por delitos que involucren violencia contra personas.
VII. La responsabilidad que no puede ser delegada
El fiscal Rodríguez enfrenta la posibilidad de un jury de enjuiciamiento. Esa instancia es legítima y debe desarrollarse. Pero el jury, si se limita a juzgar la conducta individual de un funcionario, corre el riesgo de convertirse en el mecanismo que el sistema utiliza para procesar una tragedia sin transformarla en aprendizaje institucional.
Un sistema que funciona correctamente —que aplica sus normas sin irregularidades— y produce como resultado el femicidio de una adolescente de catorce años, no tiene un problema de funcionarios. Tiene un problema estructural. Y los problemas estructurales no se resuelven con juries. Se resuelven con reformas.
* Abogado penalista
