Así lo afirmó el integrante del Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires y miembro de Abogados por Argentina Marcelo Meis, quien se refirió al fallo Levinas y al conflicto desatado por el traspaso de competencias.
Lo que importa
Marcelo Meis, consejero de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires y miembro de Abogados por Argentina, se pronunció enérgicamente sobre la necesidad de respetar los fallos de la Corte Suprema de Justicia, especialmente en el marco del conflicto generado por el traspaso de competencias de la Justicia Nacional a la Justicia porteña.
“Los fallos de la Corte Suprema de Justicia deben ser cumplidos. Es inadmisible que no se respete la autonomía de la ciudad de Buenos Aires”, afirmó Meis, haciendo referencia al fallo Levinas, que reavivó la disputa jurídica y política entre ambas jurisdicciones.
Contexto
La disputa por el traspaso de competencias judiciales no es nueva, pero el fallo Levinas volvió a ponerla en el centro del debate. La Corte Suprema, en su decisión, ordenó que determinadas causas que hoy se tramitan en la Justicia Nacional pasen al ámbito de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento de la autonomía consagrada en la Constitución de 1994.
Sin embargo, este proceso ha encontrado resistencia. Meis alertó que “el respeto a los fallos de la Corte Suprema es un principio fundamental del sistema institucional” y advirtió que la negativa de ciertos jueces nacionales a ceder competencias “eleva preocupaciones por el cumplimiento de leyes y decisiones en Argentina”. La falta de acatamiento, según el consejero, no sólo afecta la institucionalidad, sino que también genera incertidumbre en un sistema judicial que ya enfrenta múltiples desafíos.
El traspaso de competencias, además de ser una cuestión jurídica, tiene implicancias políticas y administrativas. La ciudad de Buenos Aires reclama desde hace años el control total sobre su sistema judicial, argumentando que su autonomía no puede ser plena si la Justicia Nacional mantiene competencias dentro de su territorio. Por su parte, sectores de la Justicia Nacional sostienen que la transferencia debe realizarse con garantías y consensos, lo que ha dilatado el proceso.
Para Meis, esta resistencia va más allá de un debate técnico: pone en jaque el estado de derecho. “Es fundamental que los representantes políticos encuentren un cauce institucional que garantice el cumplimiento de la Constitución sin afectar ni a los ciudadanos ni al ejercicio de la abogacía”, subrayó, enfatizando que las disputas jurisdiccionales no pueden convertirse en un obstáculo para brindar un servicio de justicia eficiente y equitativo.
Cómo sigue
La advertencia de Meis resuena en un contexto donde la confianza en el Poder Judicial se ve debilitada por conflictos internos y presiones externas. “Argentina necesita un Poder Judicial que respete la Constitución y garantice la seguridad jurídica”, concluyó el consejero, dejando claro que el respeto a los fallos de la Corte Suprema es indispensable para asegurar la estabilidad institucional y la protección de los derechos ciudadanos.
El futuro de este conflicto dependerá de las decisiones que tomen tanto el Poder Judicial como los actores políticos involucrados. La ciudad de Buenos Aires continuará reclamando la plena transferencia de competencias, mientras que la Corte Suprema se mantiene firme en su postura. En este escenario, la voz de referentes como Meis subraya la importancia de no perder de vista que, más allá de las disputas, lo que está en juego es la credibilidad de todo el sistema judicial argentino.
