Mediante un escrito, el presidente del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, planteó que la nueva normativa de la Unidad de Información Financiera (UIF) -que establece la obligación de reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo-, «vulnera el secreto profesional» y «los derechos de defensa».
El Colegio de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) presentó un reclamo contra la nueva normativa de la Unidad de Información Financiera (UIF) que establece la obligación de reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, argumentando que «vulnera el secreto profesional» y «los derechos de defensa».
La presentación fue realizada por el presidente de la entidad, Ricardo Gil Lavedra. El escrito enviado a la UIF plantea «interrumpir la vigencia de las obligaciones establecidas en la Resolución UIF N° 48/2024 y establecer un nuevo plazo, a fin de permitir su correcta implementación por parte de los abogados».
Para el CPACF «resulta fundamental realizar una tarea de capacitación y concientización de los matriculados, teniendo en consideración la complejidad y amplitud de las obligaciones previstas por la normativa».
Gil Lavedra destacó que «muchos matriculados plantearon dudas respecto de una posible violación del secreto profesional, el que resulta un pilar fundante de la relación entre el abogado y su cliente».
«Este instituto, que encuentra fundamento directo en el derecho a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la intimidad, es una garantía fundamental del sistema jurídico para asegurar la cabal realización de otros derechos», se indica en el escrito.
Además advierte que «la violación por parte del profesional puede dar lugar a una sanción disciplinaria aplicada por este Colegio junto con derivaciones civiles y/o penales a la luz del Art. 156 del Código Penal».
Contexto
La UIF es el organismo encargado de prevenir delitos económicos en Argentina. Su función es analizar información financiera y reportar operaciones sospechosas para prevenir lavado de dinero y financiación del terrorismo.
En los últimos años, la entidad endureció su regulación en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Sin embargo, estas medidas han generado resistencias en distintos sectores, incluyendo el Colegio de la Abogacía, que considera que algunas normativas pueden afectar garantías constitucionales.
La Resolución UIF N° 48/2024 fue publicada en el Boletín Oficial en marzo del año pasado y reglamenta la actuación de los abogados como «nuevos sujetos obligados que deberán adoptar y aplicar procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de lavado de dinero y financiación del terrorismo».
El objeto de la resolución es «establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva».
