La obra internacional Hamlet, continúe convirtió al Teatro Regio en un tribunal. Con jueces, fiscales, defensores y peritos reales, el clásico de Shakespeare se transformó en un juicio con jurado popular. Ricardo Gil Lavedra asumió un rol inesperado: defender al Príncipe de Dinamarca.
Los días 5 y 6 de junio, el escenario del Teatro Regio de Buenos Aires dejó de ser únicamente un espacio teatral para convertirse en un tribunal. Allí se presentó la impactante performance internacional Hamlet, continúe, creada por el director catalán Roger Bernat y el dramaturgo suizo Yan Duyvendak, y producida en Argentina por Paraíso Club.
La propuesta parte de un cruce tan provocador como eficaz: transformar el clásico drama de Shakespeare en un expediente vivo. Jueces, abogados defensores, fiscales y peritos forenses no fueron interpretados por actores, sino por verdaderos profesionales de la justicia argentina.
En esta edición porteña participaron como abogados defensores de Hamlet Ricardo Gil Lavedra (sábado) y Graciana Peñafort (viernes); como fiscales, María Piqué y Manuel Garrido; como juezas, Karina Andrade y Natalia Ohman; como perito psiquiatra, Leonardo Ghioldi; como perito forense, Santiago Maffia; y como secretaria judicial, Paula Garrido. Los únicos roles interpretados por actores fueron los del propio Hamlet, a cargo de Julián Larquier, y los testigos clave de la trama: Gertrudis, interpretada por Alejandra Flechner, y Ofelia, por Bárbara Massó.
Con más de 160 funciones en 13 países, Hamlet, continúe utiliza el lenguaje del juicio para invitar al público a reflexionar sobre la verdad, la responsabilidad y la forma en que una sociedad juzga a sus integrantes. “Trabajamos sobre el mecanismo que toda comunidad construye para juzgar a uno de sus miembros”, resumió su director, Roger Bernat.
Un salto de audacia hacia las tablas
La participación de Gil Lavedra, abogado, ex juez y ex camarista del Juicio a las Juntas, no nació de una vocación actoral previa. Según contó en diálogo con Quorum, la propuesta llegó durante una charla social con una integrante de Paraíso Club. Aceptar, reconoció después, fue “una audacia teñida de cierta irresponsabilidad”.
El empujón final se lo dio su esposa. Así, el jurista terminó llevado adelante la defensa ni más ni menos que de Hamlet, frente a fiscales y juezas reales, en una experiencia donde el teatro y el derecho se mezclaron hasta borrar sus fronteras.
La estrategia: un Hamlet roto y marginal
La versión presentada al público adaptó la historia original y ubicó a Hamlet dentro de una familia marginal, de escasos recursos y sin influencias políticas. Aunque los peritos psiquiátricos concluyeron que el acusado era imputable y comprendía la criminalidad de sus actos, Gil Lavedra construyó su defensa desde otro lugar: la empatía del jurado popular.
Además de sostener la tesis técnica de un “error de tipo” -al afirmar que Hamlet no sabía que estaba apuñalando a una persona-, buscó mostrarlo como “un chico perturbado, devastado, roto”.
Durante el interrogatorio a los peritos, puso el foco en el contexto traumático que atravesaba el acusado: la reciente muerte de su padre, la sospecha de que había sido asesinado por su tío, las alucinaciones y la apresurada boda de su madre.
Su argumento fue que, en medio de una discusión y bajo los efectos del alcohol, Hamlet reaccionó violentamente al escuchar un ruido detrás de una cortina. Creyó que se trataba de una rata, animal al que tenía aversión, y asestó una cuchillada sin la reflexión necesaria para comprender plenamente lo que hacía.
La teatralidad de los tribunales
Para Gil Lavedra, la experiencia dejó en evidencia los puntos de contacto entre una audiencia judicial y una puesta teatral.
“Las audiencias del juicio son un escenario en el cual los testigos y las partes transmiten información y comunican también sentimientos, como en el teatro”, reflexionó.
La diferencia, en este caso, era el destinatario. No se trataba de argumentar ante un juez profesional que ya conoce el expediente, sino de persuadir a un público que iba descubriendo los hechos al mismo tiempo que avanzaba la representación.
El giro central de Hamlet, continúe ocurre cuando la jueza sortea a integrantes de la audiencia para conformar un jurado popular. Ese grupo se retira a deliberar y luego regresa con un veredicto.
Gil Lavedra observó con atención cómo los espectadores asumían ese rol con intensidad. Según contó, discutían, confrontaban posiciones y se involucraban genuinamente en la decisión sobre la inocencia o culpabilidad del acusado.
El debate pendiente: una ley nacional de jurados
La obra también funcionó como disparador de una discusión jurídica. Gil Lavedra aprovechó la experiencia para insistir en la necesidad de regular de manera uniforme los juicios por jurados en todo el país.
Señaló que, ante la falta de una ley federal que reglamente lo previsto por la Constitución Nacional, las provincias avanzaron con modelos muy distintos entre sí. Las diferencias aparecen en la integración de los jurados, las instrucciones que reciben y las mayorías necesarias para alcanzar un veredicto.
Para el jurista, una ley nacional permitiría unificar criterios de fondo y ordenar un instituto que, aunque tiene raíz constitucional, todavía se aplica de manera fragmentada.
Dos funciones, dos sentencias
Como la obra no tiene un libreto cerrado, cada función se vuelve irrepetible. Los actores -entre ellos Julián Larquier, en el rol de Hamlet- construyen sus respuestas a partir de las preguntas que reciben en el estrado.
Esa dinámica, sumada a la composición siempre distinta del jurado popular, produjo dos desenlaces opuestos: el viernes, Hamlet fue condenado; el sábado, fue absuelto.
Gil Lavedra reconoció que le hubiera gustado que el juicio se enfocara más en el “Hamlet verdadero” de la tragedia literaria, donde la muerte de Polonio aparece casi como un accidente sin mayores consecuencias legales. Sin embargo, valoró la experiencia como grata y útil.
La obra logró algo más que revisar un clásico: puso en discusión las nociones de verdad, responsabilidad y justicia. Y demostró que el arte puede ser, también, una forma poderosa de acercar al público al funcionamiento del sistema judicial.
