viernes, mayo 23, 2025
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Narco test obligatorio en el Estado: el debate que se viene en el Congreso

El diputado nacional Gabriel Chumpitaz impulsa una iniciativa que propone exámenes toxicológicos obligatorios y aleatorios para los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. La medida busca fortalecer la transparencia y la lucha contra el narcotráfico.

Contexto

El Congreso argentino vuelve a abrir el debate sobre un tema sensible: la relación entre la política, la justicia y el consumo de drogas. La propuesta del diputado Gabriel Chumpitaz establece que todos los funcionarios públicos -desde legisladores hasta jueces y miembros del Ejecutivo- deberán someterse a controles periódicos y aleatorios de sustancias psicoactivas.

El diputado, especialista en seguridad, sostiene que este tipo de medidas refuerzan la integridad institucional.

«La lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento del sistema de prevención de adicciones deben comenzar con el ejemplo de quienes escriben las leyes, quienes las aplican y quienes las hacen cumplir», señaló.

El proyecto también prevé estrictos protocolos de confidencialidad. Los análisis estarán a cargo de laboratorios certificados, y los resultados se remitirán a una autoridad competente, encargada de su resguardo y custodia.

Cómo sigue

La iniciativa seguramente generará resistencia y discusión en el Congreso, ya que el control sobre el consumo de drogas en la política y la justicia es un tema que divide posturas. Mientras algunos sectores podrían ver la medida como una herramienta necesaria para restaurar la confianza pública, otros podrían considerarla una intromisión en la privacidad de los funcionarios.

Chumpitaz, quien ha estudiado estrategias de seguridad en países como Colombia, sostiene que la lucha contra el narcotráfico no sólo debe enfocarse en la oferta y el combate al crimen organizado, sino también en la reducción de la demanda.

«Quienes pretenden liderar estas difíciles batallas contra la droga, tenemos que dar el ejemplo», sentenció.

El debate en el Congreso marcará el futuro de este proyecto, que promete reavivar una discusión clave sobre ética, transparencia y responsabilidad en el ejercicio del poder.

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