La jueza federal de San Isidro argumenta que el hecho central de la investigación tuvo origen en la residencia presidencial de Olivos bajo su jurisdicción territorial: la publicación del mensaje de difusión de $LIBRA en la red social X por parte del presidente Javier Milei.
Pidió la inhibición a su par porteña María Servini y comienza un largo derrotero judicial mientras las dos causas tramitan en paralelo.
Lo que importa
Arroyo Salgado pide a Servini la causa $LIBRA porque considera que el hecho central de la investigación, la promoción de la criptomoneda $Libra desde la cuenta de Milei en la red social X (antes Twitter), ocurrió dentro de la residencia presidencial de Olivos, la cual está bajo la jurisdicción del fuero judicial de San Isidro, cuya instancia de apelación es la Cámara Federal de San Martín.
«Dicha conducta es la que da visos de credibilidad al activo virtual; y en atención a la consecuencia y/o efectos generados por esa conducta desplegada, es que se radicaron las múltiples denuncias en trato, por lo que es ese hecho -y no otro- el que constituye el núcleo central y determinante del objeto procesal que se investiga en este expediente judicial, como así también en el radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires»
Resolución de Arroyo Salgado.
Basándose en precedentes judiciales, entre ellos la causa por la fiesta en la quinta de Olivos en pandemia en la que se imputó al ex presidente Alberto Fernández y en la doctrina de la competencia territorial en delitos informáticos, la jueza sostiene que su tribunal es el que debe continuar la causa.
Principales argumentos de Arroyo Salgado:
- «A criterio del Tribunal, posee singular relevancia -en términos de configuración de la realidad acontecida luego, cuestión que resulta de público conocimiento- la difusión vía Twitter de una publicación efectuada el viernes 14 de febrero del corriente, aproximadamente a las 19 horas, en la cuenta personal del Presidente de la Nación, la cual indudablemente se materializó desde la Residencia Presidencial de Olivos, emplazada en jurisdicción territorial de este Juzgado Federal».
- “La garantía constitucional de juez natural tiende a impedir la sustracción arbitraria de una causa de la jurisdicción del juez que continúa teniéndola para casos semejantes, con el fin de atribuir su conocimiento a uno que no la tiene”.
- «He ahí el celo que en mi opinión corresponde aplicar en la materia, ante la especial relevancia y preocupación que los hechos denunciados, por la investidura de los involucrados, han generado en la sociedad, que es la última destinataria y usuaria del servicio de justicia».
- «No puedo omitir que -si de buena administración de justicia y economía procesal hablamos- resultaría, desde mi punto de vista acertado, que la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal no se apreste en asumir procesos penales que resultan extraños y ajenos a su territorio, cada vez que se suscita un conflicto que repercute, en términos institucionales, en las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, en ocasión de acciones humanas presuntamente realizadas por sus titulares dentro de la residencia de la Quinta Presidencial de Olivos, ubicada dentro de este ejido territorial».
Contexto
La magistrada de San Isidro tramita una denuncia presentada por Juan Carlos Mussa que ingresó a su juzgado el lunes siguiente al posteo presidencial de la tarde del viernes 14 de febrero y en la cual ha aceptado como querellante a un damnificado por la inversión, Martín Romeo, en una decisión contrapuesta a la que tomó Servini en la causa que tramita en la ciudad de Buenos Aires.
Esta última magistrada ha denegado por el momento el rol de querellante tanto a Romeo como a otros supuestos inversores damnificados y su decisión está ahora bajo revisión en la Cámara Federal porteña.
Servini también acumuló esta semana a su causa una denuncia que se había recibido por el delito de «agiotaje» en el fuero penal económico y que le fue remitida por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky.
La magistrada porteña delegó la investigación en la fiscalía federal de Eduardo Taiano, quien impulsó medidas de prueba que incluyeron allanamientos, secuestro de computadoras y celulares a parte de los investigados.
Cómo sigue
El conflicto de competencia abre la puerta a un derrotero judicial que podría incluir la apelación del fiscal Federico Iuspa a la negativa de Arroyo Salgado de declinar su competencia a favor de Servini, como la fiscalía había dictaminado.
En este caso resolverá la Cámara Federal de San Martín.
En otra línea, la jueza Servini podría negarse a inhibirse en respuesta al oficio que llegará a su juzgado si la decisión de Arroyo Salgado queda firme y ante ello resolverá un tribunal superior a ambas jurisdicciones.
