La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de la defensa de Lázaro Báez contra la actualización de los embargos dispuesta por el Tribunal Oral Federal 5 en la causa Los Sauces-Hotesur, en la que será juzgado el empresario junto a la ex presidenta Cristina Kirchner y a su hijo Máximo Kirchner, entre otros acusados.
El Tribunal actualizó el embargo personal de Báez de 170 millones de pesos a 728.293.764,65 de pesos y el de sus empresas -Austral Construcciones, Valle Mitre, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, La Estación, Diagonal Sur, Don Francisco, Badial y Alucom Austral- de 736.295.812,20 pesos a 3.154.350.876,23 pesos.
Lo resolvió mientras se prepara el juicio oral aún sin fecha de inicio.
“Un muerto civil”
La defensa de Báez sostuvo que la medida era arbitraria, contraria a la ley y sin sustento.
En su recurso ante Casación planteó que “en ausencia de una ley expresa que autorizara la actualización de embargos en el proceso penal, tal decisión configura una pena o carga ex post facto, prohibida por el principio de legalidad estricta”.
También advirtió que el empresario ya es un “muerto civil que no puede disponer, bajo ningún aspecto, de su patrimonio en totalidad” y que sus compañías están inhibidas o quebradas.
Resguardar bienes frente a la inflación
Los camaristas de la Sala I de Casación Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Daniel Petrone descartaron esos argumentos. Señalaron que las decisiones sobre medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas y, por ende, no son revisables por la vía intentada salvo que exista un perjuicio irreparable, lo que no se verificó en este caso.
En el fallo se remarcó que la decisión del TOF estaba debidamente fundada en la necesidad de resguardar el valor de los bienes frente a la inflación y la depreciación monetaria.
“Para decidir la actualización de los montos de los embargos trabados» el Tribunal que hará el juicio «ponderó la calificación legal que pesa sobre los hechos atribuidos a Lázaro Antonio Báez así como el paso del tiempo y la depreciación de la moneda (…) a fin de asegurar un valor sobre la masa patrimonial del imputado y de las empresas involucradas”, escribieron los jueces.
Además, recordaron que el Estado argentino tiene compromisos internacionales en la materia: “El mantenimiento y actualización de los montos de las medidas dispuestas responde al cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado argentino a nivel internacional en materia de recupero de ganancias presumiblemente provenientes de la comisión de delitos de lavado de activos”.
En la misma línea, subrayaron que el lavado de dinero es un delito complejo que exige medidas severas: “No puede ignorarse el terrible impacto que el crimen organizado y el ingreso y movimiento de fondos y activos provenientes del delito tienen a nivel nacional e internacional, la afectación del orden económico-financiero, el orden público interno, la gobernabilidad y la estabilidad misma de un Estado”.
De esta forma, la Cámara de Casación declaró inadmisible el recurso y dejó firmes los embargos millonarios sobre Báez y sus empresas.
Las condenas de Báez
Báez ya tiene dos condenas firmes: Vialidad y ruta del dinero K y está detenido cumpliendo una condena unificada a 15 años de prisión.
En ese contexto, el Tribunal Oral Federal 2 avanza en el trámite del decomiso de bienes en la causa Vialidad en el marco del cual los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ya individualizaron propiedades del empresario para su ejecución.
En la “ruta del dinero K” el Tribunal Oral Federal 4 ya se fijó una multa multimillonaria y equivalente a seis veces el monto que se estableció producto del delito de lavado de activos.
El dueño de Austral Construcciones enfrentará un tercer juicio oral, Los Sauces Hotesur, que está en etapa de preparación a cargo del Tribunal Oral Federal 5, luego de que la causa fue reabierta por orden de la Cámara Federal de Casación.
