La jueza de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas 15 de la Ciudad de Buenos Aires, Karina Andrade, ordenó la liberación inmediata de 114 personas detenidas durante la marcha de los jubilados, al no haberse probado la «flagrancia» en los delitos imputados.
Lo que importa
La magistrada cuestionó la falta de información precisa sobre las detenciones, como la hora, lugar y delito específico, lo que dificultó su tarea judicial. Además, destacó la importancia del derecho a la protesta y la libertad de expresión, especialmente en el contexto de una movilización en favor de los adultos mayores, considerados uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Su decisión recibió críticas por parte de funcionarios de del Gobierno de la Ciudad y el Gobierno nacional.
Por qué la magistrada liberó a todos los detenidos
La jueza porteña que está de turno en la zona del Congreso Nacional cuestionó en primer lugar que existe la obligación de ir anoticiando al juzgado sobre las detenciones pero advirtió por lo «imprecisa y dificultosa» que se tornó su tarea judicial ante la información que se le suministraba.
«Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención», afirmó.
«Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después. A partir de la información suministrada por la fiscalía y las calificaciones legales imputadas, ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos», aclaró.
Por ello y «sin perjuicio de no emitir opinión respecto de la aplicación del derecho de fondo o la investigación que podrá proseguir la fiscalía, el contexto señalado respecto de la intervención del Poder Judicial, sumado a la complejidad de ponderación de derechos para determinar la existencia de una infracción penal, impide la aplicación del trámite ordinario de flagrancia».
Además, ninguna de las personas detenidas fue imputada por delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio de bienes públicos, remarcó.
Derecho a manifestarse
Además, en un plano más general vinculado a la movilización, la jueza analizó en su resolución que «quienes se ‘movilizan’ en verdad se expresan, y deben poder hacerlo, de manera crítica frente al ejercicio del poder de los gobernantes y ello, siempre que se efectúe en el marco de la legalidad, no puede ser socavado».
Y agregó: «Nuestra Constitución reconoce el derecho a la protesta, el cual incluye el derecho a manifestarse, a circular libremente, a peticionar y a criticar a las autoridades»
«En otras palabras, en democracia, toda persona debe poder expresarse, peticionar ante las autoridades, asociarse, reunirse y manifestar su parecer y, sobre todo, su disconformidad con las decisiones gubernamentales», dijo.
Situación de los jubilados
Estas libertades adquieren «especial relevancia un día como hoy en el que parte de la sociedad se expresa (se “moviliza”) en favor del ejercicio de la libertad de expresión de los integrantes de uno de los sectores más vulnerables de nuestra República, los adultos/as mayores. Desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente», concluyó.
Contexto
La marcha de los jubilados se llevó a cabo en la tarde-noche de ayer en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de reclamar mejoras en las condiciones de vida y en defensa de sus derechos. A la manifestación se sumaron hinchadas de clubes de fútbol y agrupaciones de izquierda. Se registraron incidentes y una intervención policial que resultó en la detención de 114 personas.
Cómo sigue
La jueza Andrade dispuso la liberación de los detenidos sin perjuicio de lo que pueda determinar en el futuro la investigación fiscal sobre cada uno de los imputados.
Esto implica que la fiscalía continuará investigando los hechos y, de encontrar pruebas suficientes, podrá imputar y eventualmente procesar a las personas involucradas. Mientras tanto, la resolución de la jueza sienta un precedente sobre la importancia de respetar el derecho a la protesta y la necesidad de procedimientos claros y precisos por parte de las fuerzas de seguridad al realizar detenciones durante manifestaciones.
