La investigación de la denuncia que presentó el Ministerio de Seguridad Nacional por supuesto «abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público», «prevaricato» y «encubrimiento» contra la magistrada porteña quedó a cargo de la jueza federal María Servini.
Lo que importa
La denuncia fue presentada por Fernando Soto, director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, y alude a «graves irregularidades» que habría cometido la jueza Andrade al ordenar liberar a 114 detenidos en la madrugada posterior a los incidentes de la marcha de jubilados del miércoles 12 de marzo, de la cual participaron hinchadas de clubes de fútbol.
En concreto se cuestionó que la orden se hubiera dado por el sistema de mensajería «WhatsApp» y se la tildó de «ideológica».
Andrade es jueza titular del Juzgado Contravencional 15 de la ciudad de Buenos Aires y ordenó la liberación «sin haber analizado las pruebas, sin considerar los antecedentes penales de los implicados y sin respetar los procedimientos legales vigentes», sostiene la denuncia.
También tilda de «arbitraria» su decisión de establecer que no pudo probarse la flagrancia, es decir que los detenidos hubieran estado cometiendo algún delito al momento de ser apresados.
«Tomó su decisión sin contar con los elementos de prueba necesarios», agrega la presentación.
La decisión de la magistrada no quedó documentada «en un registro oficial» y no dio intervención formal a la fiscalía.
Contexto
La jueza estaba de turno en la zona del Congreso Nacional cuando ocurrieron los incidentes. Dispuso liberar a 114 detenidos al considerar que a partir de la información suministrada por la fiscalía y las calificaciones legales imputadas, ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos».
La situación impidió aplicar la figura de flagrancia, enfatizó.
La marcha de los jubilados se llevó a cabo en la tarde-noche del miércoles 12 de marzo en inmediaciones del Congreso Nacional, con el objetivo de reclamar mejoras en las condiciones de vida y en defensa de sus derechos. A la manifestación se sumaron hinchadas de clubes de fútbol y agrupaciones de izquierda. Se registraron incidentes y una intervención policial que resultó en la detención de 114 personas.
Cómo sigue
En este momento hay denuncias cruzadas en los tribunales federales de Retiro. Por un lado el Gobierno denunció a manifestantes y supuestos impulsores de los disturbios en una causa a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.
Ahora se suma esta presentación contra la jueza Andrade que en principio por sorteo quedó radicada en el juzgado de María Servini.
Además se investigan denuncias de organismos de derechos humanos por la represión policial.
También la de una jubilada de 87 años empujada en la manifestación, que tramita en el juzgado de Servini.