El máximo tribunal rechazó los recursos de dos hombres condenados a ocho años de prisión. La droga había sido trasladada desde Brasil hacia Córdoba y la investigación permitió descubrir mensajes que vinculaban el negocio con la muerte de una joven.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas a ocho años de prisión impuestas a Carlos Francisco Sutter y Gustavo Albarracín por su participación en una organización dedicada al tráfico de drogas sintéticas, luego de que en 2022 se secuestraran casi 11 mil pastillas de éxtasis que habían ingresado desde Brasil y estaban destinadas a su comercialización en fiestas electrónicas de Córdoba.
La resolución fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes declararon inadmisibles los recursos de queja presentados por las defensas de ambos condenados, mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
De esta manera, quedó firme la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná y posteriormente confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal.
La investigación comenzó en 2022, durante un control vehicular realizado por efectivos de Prevención y Seguridad Vial en el puesto caminero de San Jaime de la Frontera, en el departamento entrerriano de Federación, sobre el kilómetro 289 de la ruta nacional 127.
Los policías interceptaron un Fiat Argo conducido por Víctor Capria, quien presentó una cédula de identificación del vehículo vencida desde 2018. Ante esa irregularidad, los agentes solicitaron la apertura de las puertas del automóvil y realizaron una inspección con una perra entrenada para detectar estupefacientes.
El animal marcó la presencia de droga en el asiento trasero, donde los efectivos encontraron 10.963 pastillas de éxtasis, con un peso aproximado de seis kilogramos.

Durante el procedimiento, Capria reconoció que había iniciado su viaje en una ciudad de Brasil y que se dirigía hacia Córdoba. Los investigadores advirtieron entonces que otro vehículo había atravesado previamente el mismo control y que sus ocupantes habían manifestado que realizaban idéntico recorrido.
A partir de esa coincidencia, se ordenó interceptar el segundo automóvil, en el que viajaban Sutter, Albarracín y Evelin González.
El análisis de los teléfonos celulares secuestrados resultó determinante para reconstruir el funcionamiento de la organización y establecer el destino de los estupefacientes.
Según la acusación fiscal, Sutter y Albarracín estaban al frente de un negocio de comercialización de drogas sintéticas que les había permitido obtener importantes ganancias económicas. Las comunicaciones recuperadas y otras medidas de investigación permitieron establecer sus vínculos con personas relacionadas con el circuito de fiestas electrónicas de Córdoba, donde tenían previsto distribuir las pastillas.
Entre los mensajes incorporados al expediente, los investigadores encontraron uno enviado por Sutter a un contacto de su teléfono que hacía referencia a la muerte de una joven.
“Estaría bueno que si me vas a dar otra tandita que le cambiemos el sello porque acá murió una pibita”, escribió el condenado.
La comunicación adquirió relevancia porque poco antes se había registrado la muerte de María Agustina Di Martino, una joven de 28 años que falleció por sobredosis durante una fiesta electrónica en Malagueño, una localidad ubicada en las inmediaciones de la capital cordobesa.

Ese intercambio fue incorporado como parte de las pruebas sobre la actividad de comercialización de estupefacientes. Sin embargo, los datos disponibles no permiten establecer que la droga secuestrada en el procedimiento haya sido la consumida por la víctima.
Al finalizar el juicio oral, Sutter y Albarracín recibieron penas de ocho años de prisión, mientras que Capria fue condenado a cinco años. González, en tanto, resultó absuelta.
Las defensas de los dos principales condenados cuestionaron las penas ante la Cámara Federal de Casación Penal y, tras la confirmación de las sentencias, intentaron llevar el caso a la Corte Suprema.
El máximo tribunal desestimó las presentaciones sin ingresar al tratamiento de los agravios, mediante la aplicación del artículo 280, con lo que quedó cerrada la discusión judicial sobre las condenas de Sutter y Albarracín.
