La Corte le ordenó al Estado difundir los resultados de las pruebas Aprender 2016-2017 de Salta

Por mayoría la Corte Suprema rechazó la confidencialidad que invocaba el Estado y le ordenó publicar los resultados de Aprender y Enseñar de todas las escuelas de Salta. Sostuvo que “la información pertenece a las personas: no es propiedad estatal y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno”.

La mayoría del máximo tribunal hizo lugar al amparo de Rafael Aurelio Argañaraz Olivero, un ciudadano salteño que en 2019 había reclamado esa información al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación y no la recibió.

Argañaraz Olivero reclamó “la totalidad de los Reportes de Resultado” de todos los establecimientos educativos e instituciones de Salta que participaron de los operativos. La Secretaría de Evaluación Educativa le contestó que no podía darle esos datos porque los había obtenido con carácter confidencial. Le ofreció, en cambio, resultados agrupados por municipio sólo cuando hubiera al menos dos escuelas y cerró el expediente.

El ciudadano fue entonces a la Justicia con un amparo basado sobre el artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Insistió en su reclamo argumentando que los datos existían, que podían consultarse por establecimiento y que eran simples de proveer.

Qué respondió el Estado

El Estado Nacional se opuso con el argumento de la confidencialidad de la información y en la necesidad de resguardar los derechos de estudiantes, docentes y directivos. Advirtió que, con esos datos, podía armarse un ranking de escuelas como mejores o peores, “no solo por los resultados de la evaluación sino también por la condición de migrantes, indígenas, pobres y analfabetos” de los alumnos o sus familias, lo que llevaría a una estigmatización. Agregó que divulgarlos frustraría una investigación sobre estadísticas.

La primera instancia rechazó el amparo, pero la Cámara Federal de Salta revocó esa decisión y ordenó entregar los resultados, sin excepción aunque sin revelar datos particulares de alumnos ni de docentes. El Estado apeló otra vez, la Corte abrió el recurso y confirmó lo resuelto por la Cámara.

La mayoría quedó formada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, más los conjueces Carlos Vallefín y Juan Perozziello Vizier. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia y propuso rechazar el amparo.

“Echar sombra donde tiene que haber claridad”

El punto central del fallo es la respuesta al argumento de la estigmatización: para la mayoría, “hacer pública la información requerida apunta a efectivizar la ‘igualdad real de oportunidades’ antes que a estigmatizar alumnos y docentes”.

Que la comunidad pueda conocer los resultados, explicaron, le permite pedir a las autoridades políticas concretas para revertir los déficits y mejorar la situación de los sectores desaventajados. “Esto es, exactamente lo contrario de lo que postula la demandada, quien pretende echar sombra en donde tiene que haber claridad”, sostuvieron.

Los jueces también le exigieron al Estado que justificara la reserva y concluyeron que no lo hizo: “no logró demostrar que su restricción sea estrictamente necesaria a los fines de ‘evitar la estigmatización’, ni proporcional y conducente para alcanzar el logro de algún otro objetivo, fijado legalmente”. Tampoco, agregaron, el cotejo de los datos permite vincular los resultados con cada persona que participó de los operativos.

Un control que corresponde a la ciudadanía

La Corte recordó que “el fundamento central del acceso a la información en poder estatal consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan”, y que por eso la obligación de darla, o de responder con fundamentos si se la niega, es del Estado. Sobre Aprender y Enseñar dijo que “no son una gracia o favor del gobierno hacia la comunidad”, sino la aplicación de un mandato expreso de normas constitucionales y legales, y que por eso pueden ser controlados democráticamente.

Para el tribunal, “resulta indiscutible que la desagregación de los resultados de las pruebas por establecimiento educativo persigue un interés público de particular trascendencia, cuyo control democrático parece ineludible”. Los operativos, añadió, son “un engranaje esencial” de un sistema que por exigencia legal busca tomar decisiones a partir de información y evaluación.

Acceder a sus resultados permitiría verificar si el Estado cumple con el derecho de los pueblos originarios a una educación bilingüe e intercultural y con el mandato de “asegurar las condiciones materiales y culturales para lograr aprendizajes comunes de buena calidad, con independencia del origen social, radicación geográfica, género o identidad cultural de cada estudiante”.

La Corte también dejó en claro cuál es el límite que sí es admisible: “Está fuera de discusión, y este pronunciamiento es concluyente en ese sentido, que se debe evitar la difusión de información de las personas que participaron en los operativos en cuestión de modo que se pueda comprometer su intimidad y honor”. Según la sentencia, eso deja “huérfano de todo sustento” lo argumentado por el Estado.

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