Horacio Rey, ex secretario general de la Gobernación durante la gestión de Domingo Peppo, recibió una pena de cinco años y seis meses de prisión por su participación en una maniobra de corrupción vinculada al manejo de fondos destinados a publicidad oficial. La Corte Suprema rechazó el último recurso de su defensa.
La condena a cinco años y seis meses de prisión contra Horacio Rey, quien fue uno de los principales funcionarios del Gobierno de Domingo Peppo en la provincia de Chaco, quedó firme después de una extensa disputa judicial por el presunto desvío de fondos públicos destinados a publicidad oficial. El ex Secretario General de la Gobernación fue encontrado culpable de encabezar una asociación ilícita en el marco de la denominada “causa FAPPO”.
El expediente investigó el funcionamiento de una estructura que habría utilizado recursos del Fideicomiso de Administración de Pauta Publicitaria Oficial (FAPPO) para beneficiar a empresas y fundaciones mediante contrataciones por servicios que no llegaron a prestarse.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó por inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa de Rey y dejó firme la pena de cumplimiento efectivo.
De acuerdo con la investigación, Rey ocupaba una posición central en el esquema por su condición de Secretario General de la Gobernación y su intervención como fiduciante y autoridad de aplicación del fideicomiso. Desde ese lugar, habría participado en la disposición de fondos públicos y en contrataciones que permitieron canalizar recursos hacia distintas entidades.

En 2021, la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia lo condenó a siete años de prisión y diez años de inhabilitación especial para ejercer funciones públicas, al considerarlo coautor de asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso ideal con defraudación agravada en perjuicio de la administración pública. En el mismo juicio fueron absueltos otros acusados.
Sin embargo, la sentencia fue modificada parcialmente por el Superior Tribunal de Justicia de Chaco, que confirmó la responsabilidad de Rey por asociación ilícita, pero lo absolvió del delito de administración fraudulenta.
Esa decisión dejó sin efecto la pena original y obligó a realizar una nueva audiencia para establecer la sanción correspondiente. En 2023, la Justicia chaqueña fijó una condena de cinco años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.
La defensa volvió a impugnar la resolución, pero el Superior Tribunal de Justicia provincial, con una integración diferente, rechazó el planteo y mantuvo la pena.

Finalmente, los abogados del exfuncionario acudieron a la Corte Suprema mediante un recurso de queja. El máximo tribunal declaró inadmisible la presentación, sin ingresar en un nuevo análisis de los hechos y las pruebas.
De esta manera, quedó firme la condena por asociación ilícita, aunque con un alcance penal diferente al establecido originalmente en el juicio oral, ya que la absolución por administración fraudulenta no fue modificada.
