Se llevó a cabo en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) la jornada titulada “Desafíos del proceso penal acusatorio”. En ese marco, el Ministerio de Justicia anunció que se postergó la implementación del sistema en Bahía Blanca.
Este evento fue organizado conjuntamente por la Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA, la Asociación Argentina de Derecho Procesal y el Ministerio de Justicia de la Nación. La jornada contó con la participación de destacados profesionales del ámbito judicial y académico, quienes debatieron sobre la implementación y los retos del sistema penal acusatorio en Argentina.
Lo que importa
La implementación del sistema penal acusatorio en Argentina representa un cambio significativo en la administración de justicia, orientado a mejorar la eficiencia, transparencia y celeridad en los procesos judiciales. Durante el evento, se destacaron los avances logrados desde la entrada en vigencia del nuevo sistema y se discutieron los desafíos pendientes para su consolidación en todo el país.
Contexto
La jornada se estructuró en tres paneles temáticos:
Primer panel: Experiencias del proceso penal acusatorio en acción
Este segmento contó con la participación de:
Sebastián Amerio (Secretario de Justicia de la Nación)
Belén Salido (UNC y AADP)
John Carlín Sánchez (UBA y Universidad de Génova)
Verónica Escribano (Fiscal Coordinadora de Distrito de Comodoro Rivadavia)
Daniel Petrone (Cámara Federal de Casación Penal)
Amerio inauguró el panel repasando el proceso de implementación del Código Procesal Penal Federal y compartió datos alentadores sobre su desempeño en las jurisdicciones donde ya rige. “Los reportes de la coordinación de las Oficinas Judiciales Federales de la Cámara Federal de Casación Penal confirman que la implementación avanza conforme lo previsto y que los distritos federales que han adoptado el sistema acusatorio exhiben diferencias sustanciales con el modelo mixto del Código Procesal Penal de la Nación. El nuevo sistema procesal penal promueve la agilidad, la eficiencia en la administración de justicia y una mayor transparencia. A diferencia del sistema acusatorio, el modelo inquisitivo-mixto deriva en una persecución penal aleatoria y reactiva”, destacó.
El consejero además resaltó: “Desde la entrada en vigencia del acusatorio, el 10 de junio de 2019, hasta diciembre de 2022, el sistema alcanzó un promedio del 82 % de resoluciones sobre los casos abiertos. En el resto del país, con el proceso mixto, ese porcentaje apenas alcanzó el 43%. En solo unos años, la implementación del sistema acusatorio permitió resolver un 65% de los casos en menos de 18 meses, lo que representa un avance significativo frente al 15% que se resolvió bajo el sistema anterior”.
Amerio insistió: “Nuestro objetivo es reparar la ineficacia que, por décadas, manifestó el sistema procesal federal de justicia, cuyo obsoleto sistema mixto-inquisitivo no logró impactar en las organizaciones criminales que se valen de la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas y otros crímenes como medio de vida. La implementación del Código Procesal Penal Federal en estas jurisdicciones constituyó un paso decisivo en la transformación del sistema de justicia que hemos iniciado. El proceso ya está en marcha, y ha evidenciado resultados concretos. Seguimos trabajando para construir una justicia eficiente y verdaderamente al servicio de los argentinos”.
El funcionario recordó: “La ardua labor de completar la implementación en todo el país comenzó en 2024, con la entrada en vigencia del nuevo código en las siguientes jurisdicciones: Rosario, Mendoza, General Roca y Comodoro Rivadavia. En 2025, el Código Procesal Penal Federal entrará en vigencia en las jurisdicciones de Mar del Plata, a partir del 7 de abril”. En Bahía Blanca la implementación estaba prevista para el 5 de mayo pero desde el Ministerio de Justicia reconocieron que se prorrogará la fecha, aunque aún no dieron precisiones.
“Sin lugar a dudas, estamos transitando el camino hacia una justicia más moderna, eficiente y transparente. Un sistema de justicia que responde a las demandas de la sociedad, que respeta los derechos de las personas y que promueve la confianza pública. Con esta labor, estamos sentando las bases de un cambio profundo que impactará positivamente en las generaciones futuras”, concluyó.
Petrone, en tanto, explicó las razones por las que la oralidad se presenta como una herramienta para el cambio profundo de prácticas y métodos de trabajo. En esa inteligencia, destacó que no toda comunicación verbal es constitutiva de una oralidad efectiva, entendida ésta como una metodología vital en la litigación en la que resulta necesario que se promueva el choque argumental entre las partes en el marco de la audiencia.
Además, distinguió la lógica del sistema de enjuiciamiento penal adversarial, la cual responde a la producción de audiencias, de la que guía a los modelos procesales escritos, caracterizada por la construcción del expediente. En ese sentido, remarcó que la instauración del sistema adversarial implica el abandono de la metodología de expediente como forma de producción de información para la toma de decisiones judiciales y, paralelamente, la instauración del sistema oral que se caracteriza por la existencia de audiencias como metodología central para aquellos fines.
Seguidamente, hizo mención a los datos recabados por la Cámara Federal de Casación Penal, en ejercicio de la coordinación institucional que impone el artículo 47 de la Ley 27.149, los que dan cuenta del funcionamiento del sistema en los cinco años de vigencia en el distrito Salta/Jujuy y en nuevos distritos como Rosario y Mendoza, en los que el acusatorio se puso en marcha en los meses de mayo y agosto de 2024. Expuso que en estos últimos se advierte una alta tasa de eficacia de las audiencias; concretamente, la tasa de realización es entre el 93% al 100% según la etapa del proceso y el colegio interviniente.
Asimismo, remarcó los tiempos de resolución de casos en el año 2024 tanto en la jurisdicción de Salta como en la Cámara Federal de Casación Penal. En el distrito de Salta, en la etapa de juicio, el tiempo de tramitación en el 83.2% de las carpetas judiciales fue de menos de tres meses, desde la fecha de ingreso hasta el dictado de sentencia; mientras que el tiempo total de tramitación, desde la judicialización del caso hasta el dictado de la sentencia, fue de un año en el 64.7% de las carpetas judiciales. En la etapa de impugnación ante la Cámara Federal de Casación Penal, el 86.59% de las carpetas judiciales se resolvieron en menos de tres meses.
Entre sus conclusiones, Petrone enfatizó la importancia de contar con datos que, a través de su adecuado análisis, permitan tanto aprender a dirigir los recursos disponibles como identificar las fortalezas y debilidades del sistema.
Segundo panel: Nuevos territorios para el proceso penal acusatorio
Participaron:
Alberto Nanzer (Subsecretario de Política Criminal de la Nación)
Mariano Llorens (Cámara Federal Buenos Aires)
María de las Mercedes López Alduncín (Directora Oficina Judicial de la Cámara Federal de Casación Penal)
Carlos Rívolo (Ministerio Público Federal)
En este panel se abordaron las estrategias para expandir el sistema acusatorio a nuevas jurisdicciones y se discutió la necesidad de fortalecer el sistema federal en términos de personal y cobertura geográfica, incluyendo el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense. Se enfatizó la importancia de capacitar a jueces, fiscales y personal auxiliar para garantizar una transición efectiva al nuevo sistema.
Rívolo destacó la importancia de continuar con el fortalecimiento del sistema penal acusatorio, asegurando que su implementación ha contado con un “apoyo muy fuerte, tanto histórico como en hechos concretos” por parte de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
“Uno de los desafíos fundamentales es el fortalecimiento del sistema federal en términos de personal y expansión geográfica”, haciendo especial énfasis en la necesidad de incorporar nuevas estructuras en el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense. Para ello, explicó que “es clave contar con Colegios de Jueces y Unidades Fiscales descentralizadas, de manera que la estructura del sistema acompañe la transición”.
También planteó la necesidad de incluir el Fuero Nacional del Crimen dentro del sistema acusatorio, como una medida esencial para consolidar el modelo. Además, subrayó la importancia de capacitar a jueces, fiscales, auxiliares y demás operadores judiciales, no sólo para la implementación actual, sino con una mirada de largo plazo que garantice la solidez del nuevo sistema.
Uno de los puntos críticos que abordó el fiscal fue la relación entre la celeridad del proceso y las garantías constitucionales. “La rapidez del sistema acusatorio no puede ni debe avasallar los derechos y garantías de la Constitución Nacional”, advirtió. En este sentido, señaló la necesidad de capacitaciones especializadas para causas complejas, ya que “en la ciudad de Buenos Aires y en el interior del país estas investigaciones presentan desafíos muy distintos”.
Finalmente, Rívolo insistió en la creación de una Policía Judicial que actúe como auxiliar inmediato y directo del Ministerio Público Fiscal.
Por su parte, Llorens se refirió a los desafíos que implica poner en marcha el sistema, haciendo puntualizando que lo hacia desde una jurisdicción en la que aún no se había puesto en práctica y que, si bien no tiene las complejidades que presenta la organización de la Cámaras Federales multifuero del interior del país, los casos que pasan por el fuero federal de la Capital Federal tienen altísima sensibilidad social, institucional y política.
En ese sentido destacó que a los desafíos legales y académicos puestos en discusión ante los cambios del sistema procesal, había que agregarle puntualmente los desafíos culturales que se encuentran en la base del proceso acusatorio. Citó como ejemplo a los propios operadores del sistema judicial argentino (jueces, fiscales y defensores) que teniendo los instrumentos a la mano -como por ejemplo oralizar y desarrollar rápidamente incidencias de puro derecho dentro de una causa- no los usan.
«No hay normas que impidan, ya hoy, llevar a la práctica la mayoría de los principios y prácticas del acusatorio, sin embargo elegimos no hacerlo esperando que sea la ley la que nos resuelva los problemas, en vez de ir nosotros a buscar esas soluciones con las armas con las que contamos. Y hemos hecho muy poco con ese objetivo», expresó.
Por último, resaltó que en el fuero federal penal de la Capital Federal, existen profesionales -entre magistrados y funcionarios- altamente capacitados y comprometidos con el trabajo que demanda poner en práctica el nuevo sistema. En ese sentido mencionó la firma de la Acordada 2/2025 de la Cámara Federal que crea dentro de su ámbito, la oficina de Gestión Judicial y Capacitación, destinada a canalizar todas las demandas que la implementación del sistema demande. «Mostrando que nuestros equipos de profesionales están listos para toda tarea que demanden los cambios», finalizó.
Tercer panel: Teoría y práctica del proceso penal acusatorio
Este panel contó con la presentación del Decano Leandro Vergara y la participación de:
Patricia Bermejo (Presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Procesal)
Marcus Köhler (Magistrado de la Corte Suprema Federal de Alemania)
Katharina Beckemper (Decana de la Universidad de Leipzig)
Mariano Cúneo Libarona (Ministro de Justicia de la Nación)
En este espacio se analizaron las bases teóricas del sistema acusatorio y su aplicación práctica en diferentes contextos. Se resaltó la necesidad de introducir capacitaciones específicas para abordar causas complejas y la creación de una Policía Judicial que actúe como auxiliar inmediato y directo del Ministerio Público Fiscal.
Cómo sigue
La implementación del sistema acusatorio en Argentina continúa su avance. Según lo informado por Sebastián Amerio, «En 2025, el Código Procesal Penal Federal entrará en vigencia en las jurisdicciones de Mar del Plata y Bahía Blanca, a partir del 7 de abril y el 5 de mayo, respectivamente».
Los desafíos futuros incluyen:
- Fortalecer la infraestructura y el personal en las nuevas jurisdicciones.
- Garantizar que la celeridad del sistema no comprometa las garantías constitucionales.
- Promover una visión de crecimiento del Ministerio Público como cuarto poder del Estado, conforme a su ubicación en la sección cuarta de las autoridades federales de gobierno.
La jornada -que fue moderada por Daniel Pastor (UBA y AADP)- concluyó con un llamado a continuar trabajando en conjunto para consolidar un sistema de justicia más eficiente, transparente y al servicio de la sociedad argentina.
