El juez federal Alejo Ramos Padilla postergó el tratamiento de una medida cautelar que podría afectar las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema. Lo hizo por la inminencia de una sesión en el Senado que podría redefinir el escenario institucional.
Lo que importa
En una resolución firmada este martes, el juez Alejo Ramos Padilla decidió aplazar el tratamiento de una medida cautelar hasta el 3 de abril, aduciendo que en los próximos días se celebrará una sesión clave del Senado que podría impactar directamente en la cuestión judicial.
“La proximidad de la sesión convocada por la presidenta del Senado impone postergar el tratamiento de la medida cautelar hasta el 3 de abril de 2025”, señala el fallo al que accedió Quórum. El magistrado remarcó que su decisión obedece a la necesidad de esperar los resultados y decisiones que eventualmente surjan del Honorable Senado de la Nación.
La medida cautelar en cuestión está relacionada con la disputa por las designaciones en la Corte Suprema de Justicia. La postergación implica una suspensión momentánea de la intervención judicial hasta que el Congreso se pronuncie.
Contexto
El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el Ejecutivo no retirará las postulaciones. En particular, sostuvo que García Mansilla tiene tiempo hasta noviembre para ser tratado por el Senado, lo que habilita al oficialismo a insistir con su nombramiento en los próximos meses.
Frente a este escenario, la decisión de Ramos Padilla cobra un peso político y jurídico: el juez no rechaza ni acepta la cautelar, pero sí establece un compás de espera condicionado a la voluntad legislativa. En otras palabras, si el Senado no avanza, la definición quedará nuevamente en manos de la Justicia.
Cómo sigue
El próximo 3 de abril se perfila como una fecha bisagra. Si el Senado logra tratar los pliegos, el expediente judicial podría perder relevancia. Pero si el debate parlamentario se dilata o fracasa, la Justicia podría volver a intervenir con una definición de fondo sobre la cautelar pendiente.
En este punto, la resolución de Ramos Padilla opera como un gesto institucional que busca evitar una colisión entre poderes, dándole prioridad al Congreso en el proceso de nominación.