El proyecto de reforma laboral impulsado por La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados no sólo ha encendido el debate político y económico, sino que plantea una cuestión aún más profunda: ¿es esta una reconfiguración necesaria del mercado de trabajo o un experimento neoliberal con consecuencias impredecibles? Más allá de los argumentos tradicionales a favor y en contra, esta reforma plantea un cambio de paradigma sobre el concepto mismo de empleo y estabilidad laboral en Argentina. ¿Estamos ante una transformación estructural del trabajo o simplemente ante una estrategia de ajuste sin red de contención?
¿Quién no ha oído a algún emprendedor, comerciante o profesional decir que debería tomar empleados pero no puede hacerlo, ya sea por la carga impositiva que implica o por los riesgos de afrontar un posible juicio laboral al tener que prescindir de sus servicios frente a una eventual merma de trabajo?
Esta es una realidad en nuestro país desde hace muchos años y, aunque siempre genera polémica plantear cambios a la legislación en materia laboral, Argentina necesita fortalecer el mercado laboral privado y para eso es necesario tomar medidas.
El Gobierno de Javier Milei intentó llevar a cabo una reforma amplia mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 pero tuvo que conformarse con un par de cambios introducidos por las reformas del Capítulo V de la Ley Nacional N°27.742, conocida como “Ley Bases”.
No contento con ello, el oficialismo presentó un nuevo proyecto de ley de reforma laboral, encabezado por la diputada nacional de La Libertad Avanza Romina Diez que propone, entre otras cosas, un programa de blanqueo laboral que permite a las empresas regularizar trabajadores sin afrontar las consecuencias legales de haberlos mantenido en la informalidad.
Según la iniciativa que deberá ser debatida en el Congreso nacional las empresas que adhieran podrán formalizar empleados con la condonación de hasta el 90% de la deuda por aportes impagos, dependiendo de su tamaño. Los críticos advierten que esto supone un incentivo perverso para los empresarios que han evadido sus obligaciones, mientras que los trabajadores quedan con menos herramientas para reclamar derechos perdidos.
Asimismo, plantea la modificación en el sistema de indemnizaciones. Se introduce la figura del “sistema de cese laboral”, que permite reemplazar las indemnizaciones tradicionales por distintos mecanismos, como un fondo de cese individual, colectivo o un seguro de desempleo contratado por el empleador. Esto, según especialistas, debilita la estabilidad laboral y elimina la seguridad que la indemnización por despido garantizaba a los trabajadores. Organizaciones sindicales denuncian que esta medida facilita despidos masivos y deteriora la capacidad de negociación de los empleados.
El proyecto amplía el período de prueba a seis meses, con la posibilidad de extenderlo a ocho meses en empresas medianas y hasta un año en microempresas. Durante este lapso, el empleador puede despedir sin indemnización por antigüedad. Esto ha sido duramente criticado por favorecer la rotación continua de trabajadores, generando un mercado laboral inestable y con menores garantías.
Por otra parte, se establece que los monotributistas y autónomos puedan contar con hasta tres colaboradores sin que se genere una relación de dependencia, flexibilizando la contratación de empleados en pequeñas unidades productivas. Para los defensores de la medida, esto dinamiza el mercado y permite mayor flexibilidad; sin embargo, los detractores afirman que encubre nuevas formas de explotación, ya que desdibuja los límites entre la relación laboral y el cuentapropismo.
Asimismo, se habilita la implementación del “banco de horas”, permitiendo que el empleador pueda distribuir la carga horaria de forma más flexible, en función de la producción y las necesidades de la empresa. Esto podría traducirse en jornadas laborales desreguladas, con la posibilidad de sobrecargar a los empleados sin pagos adicionales por horas extras, afectando su calidad de vida y su capacidad de planificación personal y familiar.
Reacciones y controversias: un país dividido
La reforma ha generado un fuerte enfrentamiento entre sectores políticos, empresarios y sindicales. Mientras que desde el Gobierno y las cámaras empresarias la defienden como una herramienta clave para modernizar la economía y reducir la litigiosidad laboral, desde los sindicatos y organismos de derechos laborales la consideran una verdadera regresión histórica.
El propio Milei se expresó al respecto cuando inauguró el período de sesiones ordinarias del Congreso. “Si bien la Ley Bases y el DNU 70/23 incluyeron elementos fundamentales para dar los primeros pasos en reformar el mundo del trabajo, necesitamos profundizar este camino”, manifestó.
Y señaló: “El régimen laboral que impera desde hace 50 años quedó completamente obsoleto y hoy lo único que hace es proteger con beneficios a las pocas personas que van quedando en el sector formal, mientras expulsa cada año a millones a la informalidad. Este es el principal motivo por el que el empleo privado formal no crece desde hace casi quince años”.
Así consideró que “sólo con un mercado laboral dinámico, que genere empleo formal, podremos aspirar a tener el sistema previsional sustentable que décadas de desmanejo arruinaron”.
En ese marco también advirtió que la iniciativa quizás no podrá ser tratada durante 2015 pero sí luego de las elecciones donde la zona de las bancas que ocupa LLA “se va a poner un poquito más violeta”.
La referencia al tema realizada por Milei no pasó desapercibida en alerta al ala dialoguista que maneja la central obrera porque se trata de un tema extremadamente sensible para el sindicalismo, que ya derivó en dos paros generales en los primeros 150 días del gobierno libertario.
El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA), dijo que “una cosa es el discurso y otra cosa es lo que realmente va a suceder” y afirmó: “Por ahora no ha habido ningún mensaje (del Gobierno) diciendo ‘miren que viene esto o aquello. (La referencia a la reforma laboral) fue para que estuviera en sintonía con lo que tenía que decir. Veremos, pero no creo que se produzca esa situación”.
Aún así, el sindicalista de fluida relación con la Casa Rosada advirtió que la CGT “puede plantear cualquier debate sobre la modernización en las condiciones laborales, pero nada de eso significa poner en tela de juicio los derechos fundamentales de los trabajadores”.
Por su parte, el líder de la CGT, Héctor Daer, ha advertido que la reforma “abre la puerta a la esclavitud moderna”, señalando que se trata de un retroceso en los derechos conquistados. En contraposición, la UIA y otros sectores empresariales celebran la medida, argumentando que reducirá costos y fomentará el empleo.
Desde el ámbito académico y judicial, expertos en derecho laboral han alertado sobre la posible inconstitucionalidad de algunos artículos de la reforma y anticipan una avalancha de presentaciones judiciales si la ley se aprueba tal como está.
El trasfondo político y económico
Mientras el Gobierno de Milei se presenta como un adalid del libre mercado, organismos internacionales y economistas observan la reforma con interés y cautela. Modelos similares han sido aplicados en otros países, con resultados mixtos: en algunos casos, han promovido la inversión y el empleo, pero en otros han incrementado la desigualdad y la inestabilidad social. ¿Podría Argentina convertirse en un caso de estudio para una nueva era de reformas laborales en América Latina?
Lo cierto es que una medida de estas características no sólo tiene un impacto macroeconómico, sino que transforma la manera en que los ciudadanos experimentan el trabajo. Desde jóvenes en busca de su primer empleo hasta adultos mayores próximos a la jubilación, todos podrían verse afectados por una reestructuración en la forma de acceder, mantener y abandonar un puesto de trabajo.
Además, no se presenta en un vacío. Llega en un contexto complejo. Si bien la inflación ha comenzado a ceder y se espera una recuperación económica en 2025, persisten problemas estructurales como la informalidad laboral y la pobreza. Milei ha logrado avances en la estabilización macroeconómica, pero aún queda por ver si estas medidas son sostenibles en el largo plazo. La capacidad del Gobierno para mantener el rumbo en medio de la adversidad económica y social será crucial para el éxito de su programa.
Una batalla que recién comienza
El Gobierno apuesta a esta reforma como parte de su estrategia de desregulación económica. Sin embargo, el camino hacia su implementación está lejos de ser unánime y enfrenta una fuerte resistencia tanto en el Congreso como en las calles.
Con sindicatos anunciando protestas masivas y sectores judiciales anticipando amparos y litigios, la batalla por la reforma laboral se perfila como uno de los conflictos más intensos de los próximos meses. La pregunta que queda en el aire es si esta flexibilización realmente generará más empleo o si, por el contrario, sumirá a los trabajadores en una mayor inestabilidad y precarización. Como ya es costumbre en nuestro país, nada escapa a la grieta.
