La Corte Suprema respaldó la continuidad del proceso contra el ex juez Oscar Herrera, acusado de ser partícipe secundario en la desaparición forzada de Iván Torres Millacura, ocurrida en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, en 2003 y por la cual ya fueron condenados policías de esa ciudad.
Por este caso Argentina resultó condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. El joven sigue desaparecido desde que el 3 de octubre de 2003 se lo obligó a subir a un patrullero.
Lo que importa
La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso presentado por la defensa del ex juez provincial Oscar Ricardo Publio Herrera, lo que permite continuar con la investigación en su contra por su presunta participación como partícipe secundario en la desaparición forzada de Iván Eladio Torres Millacura. El joven fue visto por última vez el 3 de octubre de 2003, cuando un patrullero con tres policías lo interceptó en la calle Abásolo, en Comodoro Rivadavia.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron el planteo de Herrera, al considerar que no se trataba de una sentencia definitiva. Esto ratifica la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de 2024, que revocó el sobreseimiento dictado en instancias anteriores y ordenó que la causa continúe su curso.
La medida se enmarca en la obligación del Estado argentino de investigar, juzgar y sancionar hechos de desaparición forzada, según compromisos asumidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Contexto
Iván Torres, de 26 años, desapareció en octubre de 2003. Esa noche, había salido con amigos a ayudar en una heladería. Se quedó solo en la calle cuando un móvil del comando radioeléctrico -el patrullero 469- se lo llevó. A bordo iban los policías Pablo Ruiz, Mario Gómez y Eliseo Leiva (ya fallecido).
Desde entonces, nada más se supo de él. La policía rechazó inicialmente las denuncias de su madre, que recién fueron tomadas once días después, cuando el caso tomó estado público. En ese período, la omisión del Estado en la investigación fue contundente. En 2007, la jueza federal Eva Parcio dictó el sobreseimiento de los policías implicados. Sin embargo, en 2011, la CIDH condenó al Estado argentino por desaparición forzada, obligándolo a reorientar la causa.
La investigación inicial estuvo en manos del entonces juez de Instrucción N° 2, Oscar Herrera, desde octubre de 2003. La actuación de Herrera fue ampliamente criticada: inspeccionó la comisaría donde presuntamente estuvo detenido Torres, pero no secuestró documentación clave ni ordenó medidas esenciales. Según la normativa vigente, tenía la obligación de actuar de inmediato para esclarecer los hechos. Como lo describe el fallo que reactivó su procesamiento: “El juez tenía la obligación de proceder directa e inmediatamente a investigar los hechos”.
En 2016, tras un nuevo juicio, dos policías fueron condenados como partícipes necesarios en la desaparición de Iván. Ese fallo ordenó profundizar el rol del juez. En 2021, el juez federal Guido Otranto procesó a Herrera por su inacción en un contexto donde las evidencias señalaban que Torres había sido golpeado en la seccional primera.
Herrera fue sobreseído por la Cámara Federal local, que argumentó que no era el juez de turno al momento del hecho. Pero la fiscalía apeló y, en 2024, Casación revirtió el fallo por “apresurado y prematuro”, recordando que el Estado argentino está obligado a esclarecer toda desaparición forzada, sin excepción.
Cómo sigue
Con la decisión de la Corte Suprema, la causa contra el ex juez Herrera continúa en el fuero federal. Se deberá determinar si su inacción contribuyó a la consolidación del crimen y si existió una connivencia implícita con las fuerzas de seguridad locales.
