La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y representantes del estamento de los jueces en el Consejo de la Magistratura de la Nación alertaron sobre intentos de condicionar a la Justicia tras el fallo de la Corte Suprema en la causa contra Cristina Kirchner.
En una declaración sin precedentes recientes, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), junto a los representantes del estamento judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación, expresaron su profunda preocupación por las manifestaciones públicas que buscan condicionar la actuación independiente del Poder Judicial argentino.
El pronunciamiento llega pocos días después del fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta agravada, en el marco de la causa Vialidad. La decisión generó un clima de tensión y fuertes reacciones políticas, que los magistrados consideran una amenaza para la independencia judicial.
“La función del Poder Judicial es asegurar el respeto de la supremacía de la Constitución, custodiar los derechos y garantías enunciados en ella”, señala el documento firmado por Marcelo Gallo Tagle, presidente de la FLAM, que nuclea a jueces y juezas de 18 países de América Latina. El texto advierte que “no resulta admisible el ataque al Poder Judicial por el contenido de sus decisiones”, aunque aclara que es legítimo el derecho ciudadano a expresar opiniones críticas en forma pacífica.
En la misma línea, una declaración conjunta suscripta por Gallo Tagle y los consejeros jueces del Consejo de la Magistratura -Diego Barroetaveña, Alberto Lugones, Agustina Díaz Cordero y María Alejandra Provítola- señala que cualquier intento de “urdir actividades extorsivas, coactivas o intimidantes” contra decisiones judiciales no solo es ineficaz, sino que degrada la credibilidad de quienes las impulsan.
Ambos documentos destacan que la independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino una garantía fundamental para los ciudadanos en un Estado democrático de derecho. Citan principios internacionales -como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos- que obligan a los Estados a proteger a los jueces frente a injerencias o presiones externas.
“El respeto de la independencia judicial constituye un deber de todos los poderes del Estado como garantía de la paz social”, concluye el pronunciamiento de la FLAM. Por su parte, los consejeros del Consejo de la Magistratura apelaron a la responsabilidad de todos los actores públicos, incluyendo a comunicadores y líderes sociales, para preservar la cohesión democrática en momentos de alta conflictividad institucional.
Ambas declaraciones no sólo buscan llamar la atención ante las amenazas recibidas por el presidente de la Corte Horacio Rosatti sino también frente a los cuestionamientos, críticas y presiones hacia los diferentes magistrados que intervinieron e intervienen en la causa Vialidad.
