Están procesados sin prisión preventiva y la Cámara Federal porteña revisa ahora su situación. El caso gira en torno a contrataciones para la limpieza de grafitis en vagones del subte y escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires entre 2013 y 2018.
Lo que importa
El procesamiento resuelto por el juez federal Sebastián Casanello dejó al descubierto un presunto entramado financiero que habría estado destinado a disimular el supuesto desvío de fondos públicos por parte de dos empresas contratadas para la limpieza de grafitis.
Según la resolución judicial, las dos firmas involucradas habrían cobrado 36 millones de pesos entre 2013 y 2018, principalmente de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, por supuestos servicios de “protección antigrafiti” en vagones de las líneas B y D del subte y en edificios escolares.
Pero los fondos no fueron reinvertidos en la actividad comercial. “El dinero que ingresó en su órbita… no se destinó a afrontar gastos correspondientes a la actividad declarada, sino que fue introducido directa y sistemáticamente en la sociedad de bolsa Servente y Cía S.A.”, señala Casanello en su resolución.
Según la investigación, se habrían utilizado prestanombres, domicilios falsos, cuentas comitentes y cheques al portador para evitar controles y justificar ingresos que luego se extraían en efectivo. La maniobra fue calificada como lavado de activos, en tanto buscaba otorgar apariencia de licitud a los fondos.
“La operatoria reprochada consiste en haber inyectado ganancias espurias, a través de las empresas Citepa y Varberg, en la estructura financiera brindada por la sociedad de bolsa Servente y Cía S.A., con el fin de alejar el dinero de su origen ilícito, dificultar su trazabilidad y generar las condiciones para que retornara a los verdaderos beneficiarios finales bajo apariencia de licitud”, sostuvo la resolución judicial.
La investigación fue delegada en la fiscalía federal 1 de la ciudad de Buenos Aires y como querella actúa la División Jurídica de la Dirección Regional Mercedes de la AFIP-DGI.
Entre los procesados hay empresarios de las firmas adjudicatarias, contadores y directivos de la sociedad bursátil implicada.
Los motivos del procesamiento ahora bajo revisión
En los fundamentos del procesamiento, el magistrado remarcó que las contrataciones habrían presentado un sobreprecio del 570% con respecto al valor de mercado en el caso de SBASE, y del 150% en el Ministerio de Educación. “Las propias contrataciones constituyeron una ficción, dado el uso de prestanombres para ocultar el vínculo con los funcionarios públicos intervinientes”, añadió.
«El dinero que ingresó en su órbita en concepto de pago por los servicios presuntamente prestados a la sociedad estatal Subterráneos de Buenos Aires y al Ministerio de Educación del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires no se destinó a afrontar gastos correspondientes a la actividad declarada –característico de cualquier firma con un giro comercial regular-, sino que fue introducido directa y sistemáticamente en la sociedad de bolsa» investigada, agregó.
El esquema comenzaba con la facturación por servicios de limpieza de grafitis en subtes que, según la denuncia de la AFIP y la PROCELAC, no contaban con sustento operativo ni personal suficiente.
Según la acusación el dinero, una vez cobrado por las empresas, ingresaba en cuentas bursátiles, desde donde era invertido parcialmente en bonos públicos y luego retirado en efectivo, principalmente a través de cheques cobrados semanal o quincenalmente.
“Las operaciones no guardaban razonable relación con la actividad declarada ni con la documentación respaldatoria”, agregó la resolución judicial.
Contratación directa
El magistrado sostuvo además que se utilizó la modalidad de contratación directa sin que se hubiera presentado «ningún informe técnico, serio y objetivo, que justificara una verdadera urgencia para adquirir los servicios de desgrafitado y protección antigrafiti prestados por las empresas en cuestión».
Además «se alegó como excepción la especialidad de las firmas, habiéndose elaborado pliegos que describían exactamente el producto de las empresas investigadas, dejando a otros posibles oferentes fuera del proceso».
Los procesamientos se dictaron por presunto lavado de activos y fueron apelados ante la Cámara Federal porteña, que debe resolver si los confirma o revoca.
