El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expuso ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación. Dijo que la Argentina “padece una muy baja institucionalidad” y que en la población “hay una crisis de confianza respecto a la Justicia”.
Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, habló sobre los proyectos de reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo hizo ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación, donde planteó que ampliar el número de los miembros del máximo tribunal es «inconveniente» en este momento por la “crisis de confianza que hay en la población respecto a la Justicia”.
“Yo veo sumamente inconveniente en estos momentos modificar el número de miembros de la Corte Suprema y a la vez, estoy plenamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho respecto al género y a la perspectiva federal. ¿Por qué creo que en este momento esto no sería conveniente? Porque la Argentina, como todos sabemos, padece de una muy baja institucionalidad. Y respecto de la justicia, esto tiene otro factor importantísimo, que es la crisis de confianza que hay en la población respecto a la justicia”, explicó en el Senado.
Este miércoles, el Senado de la Nación reactivó el debate en torno a la reforma de la Corte. En una reunión plenaria conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, se retomó el análisis de ocho proyectos que proponen modificar la composición del máximo tribunal. Las iniciativas apuntan, en su mayoría, a ampliar el número de integrantes, incorporar criterios de paridad de género y garantizar una representación federal en la estructura de la Corte.
Sobre los ocho proyectos, Gil Lavedra señaló que “cuatro de ellos -la mitad- proponen mantener el número actual de miembros de la Corte, pero agregándole la perspectiva del género y la cuestión federal. La perspectiva del género está en seis de los ocho proyectos, y la cuestión federal, en cuatro. En cambio, hay otros proyectos que lo que sugieren es aumentar el número de miembros a siete, a nueve o hasta quince miembros”.
Para el ex ministro lo primero que hay que hacer “es tratar de estabilizar la institución”. “Por supuesto, ninguno de los proyectos trae la cuestión de la división en salas de la Corte. Y este es un punto estratégico que, sin duda, está controvertido, ¿no? Porque hay algunos doctrinarios, buena parte de la doctrina, que piensa que se podría dividir en salas, y en consecuencia podríamos aumentar el número, y esto posibilita mejor complacer otras cuestiones. Debo decirles que me enrolo decididamente en quienes piensan que la Corte no se puede dividir. Un único tribunal establecido por la Constitución, por la única función, esta función no es divisible”, apuntó.
“Yo soy un partidario de que es imprescindible que la Corte tenga un certiorari -enfatizó-. No sé si el negativo del 280 o uno positivo, como la Corte de Estados Unidos, que la Corte diga voy a resolver estos casos por año. Pero, ahora que están apareciendo los números de la Corte, uno se da cuenta que sí, a la Corte ingresan miles y miles y miles de expedientes por año. Más del 50 por ciento son previsionales, porque el Estado no quiere cumplir la sentencia, entonces va a la Corte para agotarlas. Por eso, los previsionales terminan en decisiones colectivas, en el cual la Corte duplica o triplica la cantidad de fallos que dicta porque son aplicables a muchos expedientes”.
A su vez, Gil Lavedra destacó que “todas las mediciones internacionales que miden la confianza en las instituciones, por ejemplo, en la regional Latinobarómetro, la confianza de los argentinos en la Justicia es menor que en los otros países de la región”. “Todos los relevamientos que se han hecho, por citar los últimos, los del año pasado, de la Universidad Di Tella, junto con FORES, el 80 por ciento de los encuestados no tiene confianza en la justicia”, amplió.
También señaló que el resultado de la tercera encuesta de cultura constitucional de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional con Poliarquía arrojó que el 75 por ciento piensa que los jueces no son independientes. «Esto, sin duda, es gravísimo, porque la legitimación de los jueces se parte de su credibilidad, no deslegitima el voto popular, sino de que la gente crea que resuelven sus casos de manera objetiva e imparcial», entendió el presidente del Colegio de la Abogacía.
Por último, se refirió a la cuestión de la perspectiva de género del tribunal y reconoció que “es inadmisible” que el tribunal superior esté compuesto exclusivamente por hombres. “Es inadmisible con lo que requiere la Constitución, con lo que ocurre en todos los países del mundo occidental, no existen tribunales superiores compuestos exclusivamente por hombres. Por eso, me parecen muy bien todos los proyectos que contienen esto, como así también, que la Corte tiene una cuestión de la representación federal, eso está muy bien”.
Además de Gil Lavedra, especialistas en derecho y representantes del sistema judicial ofrecieron distintas perspectivas en la reunión plenaria. María Esther Cafure de Battistelli, por ejemplo, subrayó la urgencia de alcanzar una verdadera equidad de género, otros, como el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, insistieron en la necesidad de una reforma más integral que incluya una nueva ley orgánica de la Corte.
“La integración de la Corte Suprema, en cuanto a número y cualidades -diversidad de género y perspectiva federal- que deben representar sus miembros, es muy importante, pero debe englobarse en la necesidad de tener una nueva ley orgánica para reestructurar el funcionamiento de la Corte y debatir el funcionamiento del máximo tribunal de justicia”, planteó Domínguez.
