El fiscal federal Gerardo Pollicita consideró que no hay pruebas suficientes de que el crecimiento patrimonial de Manuel Adorni se deba a su paso por la función pública, pero propuso remitir el expediente al fuero Penal Económico para determinar si hubo evasión tributaria.
Durante el período diciembre de 2023, cuando el el jefe de Gabinete Manuel Adorni ingresó en el Gobierno y junio de 2026, cuando salió, la fiscalía había detectado gastos por US$ 402.578, de los cuales alrededor de US$ 374.000 habían sido pagados en efectivo. También encontró una diferencia de 43 millones de pesos entre los ingresos comprobados y los gastos constatados.
El mes pasado, el ex vocero presentó un escrito en el que trataba de responder a 20 puntos subrayados por el fiscal federal Gerardo Pollicita acerca de sus gastos personales, familiares, viajes, inmuebles, créditos, hipotecas, bienes muebles e inmuebles.
Las criptomonedas
Adorni explicó que una parte sustancial de sus recursos se debía a operaciones con Bitcoin, concretadas antes de su ingreso en la función pública. Aseguró que entre 2014 y 2018 había invertido US$ 200 mil en Bitcoin y que la venta de esos activos le había proporcionado US$ 591.544, que mantuvo en dólares billete.
Para constatar que esas explicaciones fueran verosímiles, Pollicita dispuso investigar ocho direcciones digitales aportadas por la defensa y reconstruir los movimientos registrados. Según esas pericias, las billeteras existían, habían permanecido activas entre los años 2014 y 2018 y sus claves las tenía la defensa de Adorni.
Sin embargo, la fiscalía se encontró con dos obstáculos insalvables: los peritos no pudieron informarle quién administraba esas direcciones en ese lapso, ni tampoco las identidades de quienes intervinieron en las distintas operaciones que tuvieron lugar en ese período.
Pollicita investigó los ingresos de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti y de ese análisis no surgieron elementos que le permitieran descartar que una parte sustancial de sus recursos se hubiera originado en inversiones con criptoactivos, como lo explicó el ex funcionario, aunque tampoco era suficiente para asegurar que el relato del imputado fuera real.
Como el artículo 268 del Código Penal castiga con prisión de dos a seis años, multas e inhabilitación absoluta perpetua a quien no logre justificar un incremento patrimonial significativo durante su función o hasta dos años después de cesar, y las pruebas no eran suficientes, la fiscalía descartó la acusación por esa figura.
Enriquecimiento ilícito, no, pero evasión quizás sí
Sin embargo, Pollicita no le propuso al juez federal Ariel Lijo que sobreseyera a Adorni, sino que postuló el envío de las actuaciones a la justicia en lo Penal Económico, para que investigara la posible comisión del delito de evasión tributaria.
Esa posibilidad se sustenta en que el dinero ganado en criptomonedas por Adorni y su familia se mantuvo fuera del circuito formal, sin que se incluyera en las declaraciones juradas, a lo que hay que sumar, como posibles indicadores de evasión de Ganancias, Bienes Personales u otras cargas, el pago en efectivo de grandes sumas de dinero por refacciones de viviendas y operaciones por medio de terceros.
Si el juez Lijo lo permite, sería la justicia en lo Penal Económico la que debería investigar cómo se reflejaron los préstamos que recibió la familia, el crecimiento patrimonial a través de las criptomonedas, o las compras de dólares, en las sucesivas declaraciones juradas del grupo familiar, que quedaron, aparentemente, «fuera del radar de ARCA».
Cómo se desarrolló la investigación
Las investigaciones sobre el patrimonio de Adorni comenzaron con un viaje que realizó con su familia a Punta del Este en un vuelo privado que, se supo más tarde, había sido solventado por un productor televisivo que tenía espacios en la televisión pública, que en ese momento dependía del funcionario.
Más tarde, a medida que crecía la presión política, trascendió que había comprado un departamento en la calle Miró al 500, en Caballito; una casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz; y que había saldado ambos con dólares en efectivos y préstamos hipotecarios que había obtenidos de dos mujeres jubiladas y una ex policía y su hija, ambos en condiciones excepcionalmente provechosas. La fiscalía reclamó también que la actuación de la escribana que intervino en esas transacciones, Adriana Nechevenko, fuese analizada por el Colegio Público en el que está matriculada.
La casa de fin de semana fue refaccionada a través del pago de 250 mil dólares en negro al contratista Matías Tobar. El departamento de Miró también fue mejorado por Leandro Miano y Pablo Feijoo, quienes también cobraron “cash”. Pollicita pidió que ambos fueran investigados también por el fuero Penal Económico.
Además, varios testigos, entre ellos funcionarios subalternos de Adorni, declararon que les pedía que pusieran sus tarjetas de crédito para comprar sábanas, muebles, videojuegos, dinero que luego él les reintegraba, siempre en efectivo.
