El fiscal federal Franco Picardi los acusó de hacerse pasar por el presidente del máximo tribunal para obtener datos de detenidos y exigirles dinero a sus familiares a cambio de supuestas excarcelaciones.
El fiscal federal Franco Picardi pidió la elevación a juicio oral de la causa contra cuatro internos del Establecimiento Penitenciario Nº 7 de Jujuy, acusados de integrar una organización que utilizaba el nombre de Horacio Rosatti para cometer estafas y extorsiones.
El requerimiento fue presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, a cargo interinamente de Julián Ercolini. Picardi les atribuyó ocho hechos de usurpación de autoridad, dos estafas y una extorsión mediante simulación de autoridad pública, además de la asociación ilícita. Los cuatro imputados cumplen condenas por otros delitos.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, los acusados llamaban a dependencias policiales y penitenciarias de distintas provincias y, en nombre de Rosatti, pedían datos de personas detenidas y los teléfonos de sus familiares. Con esa información, contactaban a los allegados y les exigían transferencias para pagar supuestas fianzas. En WhatsApp usaban fotos del juez y nombres como “Corte Suprema de Justicia”.
La investigación comenzó el 25 de noviembre de 2024, cuando un hombre se presentó ante un comisario de la Policía Federal como “el doctor Horacio Rosatti, jefe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Dijo que hacía un relevamiento con una supuesta comisión de derechos humanos y solicitó una lista de detenidos. Cortó la comunicación cuando el policía le indicó que debía formalizar el pedido mediante un oficio.
Los registros telefónicos ubicaron la actividad de esa línea en las inmediaciones del penal de Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy. En un allanamiento, la Policía Federal encontró dentro de un colchón el celular en el que había funcionado la línea del primer llamado. También secuestró tarjetas SIM y anotaciones con números de cuenta y alias. Según la fiscalía, el grupo siguió operando con otros teléfonos hasta octubre de 2025.
La extorsión y los falsos premios
En el hecho calificado como extorsión, un hombre transfirió 450 mil pesos después de que el supuesto Rosatti le dijera que su hijastro, detenido en el penal federal de Ezeiza, había sufrido una convulsión y que debía pagar para obtener su liberación. El dinero ingresó a una cuenta con el alias “poderjudicial.mp” y luego fue derivado a otra vinculada con el entorno de uno de los acusados.
Las dos estafas se hicieron mediante falsos premios. Una víctima transfirió 429.500 pesos para retirar un automóvil que le habían anunciado como ganado. La otra creyó que había obtenido un servicio de telefonía satelital y estimó su perjuicio en entre $9 millones y $10 millones. Además de transferir dinero, declaró que envió tres electrodomésticos por encomienda.
Picardi también solicitó que se investigue y se cite a indagatoria a tres mujeres vinculadas con los imputados, cuyas cuentas habrían sido utilizadas para recibir o derivar los fondos.
