El oficial inspector Cristian Martín Galván, quien estaba a cargo de la subcomisaría de Lonquimay, en la provincia de La Pampa, habría llevado a seis detenidos a su casamiento para que hicieran el asado y sirvieran la comida. En su alegato, el fiscal pidió que lo condenen por incumplimiento de los deberes de funcionario público e inhabiliten por dos años y medio. El acusado habló de “interna policial”.
La Fiscalía que actúa en el juicio contra un jefe de la Policía de La Pampa que habría obligado a un grupo de presos a trabajar de mozos y cocineros en su propia boda pidió una condena a un año y tres meses de prisión condicional e inhabilitación especial por el doble de tiempo.
El oficial inspector Cristian Martín Galván, quien hasta el año pasado estaba a cargo de la subcomisaría de Lonquimay, está siendo juzgado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, con abuso de poder y dolo directo. A fines de mayo de 2024, según la acusación del fiscal Guillermo Sancho, dispuso la salida de seis detenidos para ponerlos al servicio de un evento privado, en este caso su propia boda.
Durante los alegatos finales, el fiscal sostuvo que Galván “actuó de manera arbitraria y consciente”. En su planteo, aseguró que el uso de personas privadas de su libertad en una fiesta sin autorización oficial configura una conducta gravemente irregular, que además “generó un peligro cierto” para la seguridad de los invitados y de la comunidad.
La defensa de Galván, a cargo de los abogados Emanuel Morales y Marcos Bertolotti, pidió la absolución. Argumentaron que el oficial se encontraba de licencia el día del casamiento, por lo cual el control de los detenidos era responsabilidad del sargento Parada, quien no fue imputado. También cuestionaron que, aunque varios internos admitieron haber participado en la fiesta, otros lo negaron o dieron versiones contradictorias, lo que, según la defensa, amerita aplicar el beneficio de la duda.
En la última audiencia, Galván decidió declarar pero no aceptó responder preguntas del fiscal ni de los defensores. Atribuyó las acusaciones a una “interna policial” y dijo sentirse perseguido por sus superiores desde que fue trasladado a Catriló, según reveló El Diario de La Pampa. “Cuando un jefe te dice que te va a destruir, te destruye”, expresó. Relató que fue víctima de destrato, que tuvo que mudarse solo y que le ofrecieron un camión de basura para su traslado. También apuntó contra otro efectivo: “Sólo tuve problemas con Verdasco, pregunten al resto si fui un mal jefe”.
Antes de los alegatos, declararon familiares y allegados de Galván, quienes aseguraron que la fiesta fue organizada por ellos y que ningún detenido participó del servicio. La versión fue desmentida por varios testimonios, entre ellos el de Claudio Araneda, un detenido que reconoció haber sido mozo, y Denis Álvarez Pérez, quien dijo haber salido de la comisaría con Galván, limpiado el salón y servido la comida. “Éramos cuatro o cinco, Urrutia hizo el asado, Sánchez era mozo”, declaró.
Sin embargo, Sánchez -que también declaró en el juicio- reconoció que estuvo en el salón pero que solo fue “a llevar leña, nada más”. “Había una olla, no sé qué estaban cocinando”, indicó Sánchez y agregó que ese día “andaba por la comisaría haciendo limpieza, cortaba el pasto, atendía el caballo de Galván y los perros, porque estudio veterinaria, pero de la fiesta me enteré porque hablaron y trajeron torta”.
El juicio dejó planteadas otras posibles derivaciones judiciales. El fiscal Sancho anunció que evaluará iniciar una causa por falsificación de documento público contra Galván, tras detectarse que dos testigos -el herrero Aranda y el locutor Ibarra Campos- firmaron declaraciones falsas supuestamente a pedido del imputado. Ambos negaron haber estado en la fiesta y aseguraron que fueron engañados al firmar documentos que no leyeron. Esos escritos fueron presentados como prueba y figuraban firmados en la comisaría de Catriló, donde Galván estaba trabajaba en diciembre de 2024.
Además, el sargento Parada y el detenido Sánchez también podrían ser investigados por falso testimonio, al haber ofrecido versiones que se contraponen con los relatos de otros internos y policías. Mientras Sánchez negó haber estado en la fiesta, otros detenidos lo ubicaron como uno de los mozos que sirvieron la comida durante el evento.
Con las declaraciones de los testigos y el acusado, y los alegatos de las partes, el juez Aníbal Olié anunció que el próximo 28 de julio a las 10 de la mañana resolverá si hace lugar al pedido de condena y si instruye nuevas causas por los testimonios en duda.
