El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Córdoba prohibió a Álvaro Juan Aparicio Díaz y Carolina Laura Cannes, enviados a juicio por supuesta trata de personas y estafas dar una “Master Class Online” a través de la red social Instagram denominada “Pensamiento Jeroglífico 1, el símbolo como visión, memoria y arquitectura”. La promocionaron luego de haber sido beneficiados con la exención de prisión.
El TOF 2 hizo lugar a los planteos de las querellas y del Ministerio Público Fiscal, quienes denunciaron que se trataba de una actividad similar a las que motivaron la causa judicial por trata de personas y estafa en el caso que en Córdoba se conoce como el de los “sanadores egipcios”.
El planteo fue impulsado por la defensora Pública Oficial María Mercedes Crespi, en representación de las víctimas C.A.U., G.B.M. y A.G.G., y por el abogado Miguel Juárez Villanueva, en nombre de las querellantes C.L.A. y L.D. Ambos sostuvieron que los imputados estaban reincidiendo en la práctica que dio origen al expediente, y que esa clase programada para el 28 de agosto podía suponer una nueva captación de víctimas, reproduciendo las dinámicas presuntamente delictivas por las que se encuentran procesados.
El nuevo evento
Según la presentación, la promoción del evento se hizo pública el 21 de julio y generó repercusiones tanto en medios de comunicación como en el estado emocional de las víctimas. El abogado Juárez Villanueva subrayó que “la difusión de esta actividad ha provocado un daño en la integridad psicofísica de sus representadas”, a la espera del inicio del juicio donde deberán declarar.
En esa línea, el Fiscal General del caso también avaló la preocupación de las querellas. Al emitir opinión, consideró que “la clase promocionada guarda similitud con los cursos que se dictaron con anterioridad a quienes resultaron supuestas víctimas de los delitos investigados”, y pidió al tribunal que se incorporara una nueva regla de conducta dentro del régimen de excarcelación: la prohibición de dictar cualquier curso presencial o virtual que se vincule con el objeto de la causa.
Se investiga si los imputados utilizaron la organización de actividades culturales o espirituales para captar personas con fines de explotación, una modalidad que ha sido denunciada en otras causas de trata.
El Tribunal decidió priorizar la protección de las víctimas y evitar que se reproduzca la dinámica que llevó a la apertura de la causa. En su resolución, recordó que si bien los imputados fueron beneficiados con la exención de prisión el 23 de junio, ese beneficio fue acompañado de reglas de conducta estrictas: prohibición de salir del país, fijación de domicilio, no obstaculización del proceso, y prohibición de contacto con víctimas, entre otras.
Pero a criterio del Tribunal, permitir que los imputados realicen actividades semejantes a las que motivaron la investigación “puede suponer una desnaturalización del instituto de exención de prisión”, especialmente cuando hay indicios de que la nueva clase online reproduce los métodos ya cuestionados.
Derechos de las víctimas
La jueza María Noel Costa, junto a los jueces Carolina Prado y José Fabián Asís, firmaron la resolución que también menciona el artículo 5, inciso “n”, de la Ley 27.372 sobre derechos de las víctimas. Esta norma garantiza que se adopten medidas cautelares “para impedir que el delito continúe en ejecución o alcance consecuencias ulteriores”.
Por eso, el Tribunal resolvió prohibir la realización de la clase online prevista para el 28 de agosto y cualquier otra que guarde similitud con ella. También ordenó convocar a las partes a una nueva audiencia preliminar de juicio, en el marco de la Acordada 1/2012 de la Cámara Federal de Casación Penal.
“La presente decisión en modo alguno implica un adelantamiento de criterio respecto de los hechos motivo de juzgamiento”, aclararon los jueces, enfatizando que se trata de una medida de prevención para evitar un posible daño a las víctimas y asegurar que puedan declarar sin presiones en el juicio.
