El Juzgado Federal de Río Cuarto dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, de cinco docentes e investigadores acusados de peculado, defraudación y administración infiel, y de un técnico por encubrimiento. La causa investiga un presunto emprendimiento paralelo que funcionaba dentro de la Facultad de Ciencias Exactas en perjuicio de la universidad.
El juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, resolvió dictar el procesamiento sin prisión preventiva de cinco investigadores vinculados a la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y al Conicet, acusados de haber utilizado en beneficio propio las instalaciones, equipamientos e insumos de los laboratorios de la Facultad de Ciencias Exactas. La medida también alcanza a un técnico externo, imputado por encubrimiento.
Los procesados son Lucas Antonio Gallarato, Roxana Judith Reynaga, Julia Iparraguirre, Analía Susana Llanes y Oscar Masciarelli, quienes deberán responder por los delitos de peculado, administración infiel y defraudación en perjuicio de la administración pública, todos en concurso ideal.
En tanto, Gabriel Andrés Aguilar Mansilla fue procesado como presunto autor de encubrimiento, por su presunta intervención en el borrado de datos en celulares y computadoras.
La investigación, a cargo del fiscal federal Rodolfo Cabanillas, se inició a fines de 2024 tras la denuncia de una docente de la propia UNRC. A partir de las pruebas reunidas, el juzgado consideró probable la existencia de un emprendimiento privado paralelo, conformado por los imputados, que prestaba servicios a terceros utilizando recursos de la universidad.
Según la acusación, entre enero de 2022 y abril de 2025, los docentes e investigadores habrían montado una estructura que operaba en los laboratorios de Fisiología Vegetal y Biología Molecular, donde ofrecían análisis biotecnológicos y microbiológicos, así como asesoramiento especializado a distintas empresas privadas del país. En algunos casos habrían trabajado bajo el nombre de fantasía “A&B Agrobiotech Diagnóstica” y en otros directamente a título personal.
El esquema incluía tanto el uso indebido de insumos de laboratorio —placas de Petri, solventes, tubos Eppendorf, alcohol y reactivos— como de equipos sofisticados, entre ellos cromatógrafos y cámaras de flujo laminar. Las tareas se realizaban en horarios laborales y también durante fines de semana, según surge de la investigación.
En la organización, Masciarelli y Gallarato habrían cumplido el rol de coordinación y gestión de clientes, mientras que Llanes, Iparraguirre y Reynaga se ocupaban de la parte técnica y científica. De acuerdo a la hipótesis fiscal, percibían pagos adicionales en efectivo o mediante facturación indirecta, generando un perjuicio económico a la UNRC y configurando “un esquema sostenido de administración infiel”.
En su resolución, el juez Ochoa también dispuso embargos millonarios sobre los bienes de los procesados: 20 millones de pesos para cada uno de los investigadores y 5 millones para Aguilar Mansilla.
Cabe recordar que, al inicio del proceso, algunos de los acusados habían sido detenidos, e incluso la fiscalía había solicitado la prisión preventiva por presuntos intentos de destrucción u ocultamiento de pruebas. Sin embargo, el juez resolvió liberarlos y ahora avanzó con el procesamiento sin prisión preventiva.
