Logró postergar dos veces su declaración indagatoria presencial en la causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de vacunas durante la pandemia. El fiscal Carlos Stornelli insistió, pero la Cámara Federal consideró que no hay razones que justifiquen que se traslade a declarar ante el juez federal Ariel Lijo, atendiendo a que ya tiene 81 años y reside de modo permanente en Madrid.
La Sala I de la Cámara Federal avaló la pretensión del empresario de prestar declaración indagatoria a través de una videoconferencia, en lugar de comparecer personalmente ante el juez Ariel Lijo, quien investiga presuntas maniobras tendientes a beneficiar a farmacéuticas argentinas, entre ellas la de Sigman, íntimo amigo del ministro de Salud durante la pandemia, Ginés González García.
Sigman, titular del grupo INSUD Pharma, había sido convocado para declarar el 19 de mayo y luego el 29 de junio de este año y en ambas ocasiones logró postergaciones. El fiscal Stornelli insistió en la necesidad de que se presentara en los tribunales de Retiro pero su defensa llegó hasta los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes resolvieron que puede someterse a la declaración de manera remota.
En la causa se investiga una presunta trama de tráfico de influencias y posibles beneficios económicos dirigidos hacia determinados laboratorios durante las negociaciones para la adquisición de vacunas contra el Covid-19, mientras se dilataban y trababan las negociaciones con la compañía Pfizer, que había ofrecido una cantidad de vacunas suficiente para abastecer a la población, pero que, según el gobierno de Alberto Fernández, exigía cláusulas inaceptables.
La fiscalía maneja la posibilidad de que esas negociaciones hayan tenido desde un principio la intención espúrea de favorecer a laboratorios argentinos con los que los funcionarios que tomaban las decisiones estaban relacionados por cuestiones económicas, funcionales y amistosas.
La Sala I resolvió que la fiscalía no expuso razones que justifiquen que Sigman se presente en Comodoro Py, por su radicación permanente en España, lo que era de conocimiento del juzgado y de Stornelli y también por su avanzada edad, lo que debe contemplarse “a la luz del artículo 31 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que propicia la adopción de los ajustes de procedimiento necesarios para garantizar su efectivo acceso a la justicia”.
La fiscalía también había objetado la validez de un certificado médico ofecido por Sigman para no presentarse en la Argentina, pero los camaristas entendieron que aún si se aceptara el criterio de la acusación, seguía habiendo razones objetivas para facilitar la indagatoria del empresario imputado permitiéndole levarla a cabo por video conferencia.
Otros imputados en la causa
La ex ministro de Salud Carla Vizzotti, duramente criticada ya durante su mandato por las demoras en adquirir vacunas de eficacia probada en gran parte del mundo y porque los medios denunciaron que sus padres recibieron la inmunización de manera irregular, también fue indagada en el expediente, aunque presentó un escrito y se negó a responder preguntas.
La ex ministra estuvo de viaje en La Habana en mayo de 2021 para negociar el ingreso en la Argentina de una vacuna cubana contra el Covid-19 que finalmente nunca recibió la aprobación de la ANMAT y, además, la Argentina ya había diversificado la adquisición de dosis de otras procedencias.
El infectólogo Pedro Cahn, quien cobró notoriedad durante la pandemia por su constante exposición pública avalando las medidas de aislamiento decididas por entonces, también está imputado: se presentó a declarar con su defensor Ricardo Gil Lavedra y negó haber sugerido alguna vacuna en particular para que el gobierno argentino comprara en la emergencia.
La ex asesora presidencial Cecilia Nicolini, de trato fluido y constante durante la pandemia con autoridades rusas para la provisión de vacunas Sputnik V, presentó un escrito ante el juzgado de Lijo y a través de las preguntas que aceptó contestar negó cualquier irregularidad en la adquisición de dosis para inmunizar a la poblaión.
En la causa también se investigan las presuntas responsabilidades del ex subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud Mauricio Alberto Monsalvo, el ex director nacional de Enfermedades Transmisibles Juan Manuel Castelli y la ex subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica Sonia Gabriela Tarragona.
