Un nuevo espacio para garantizar el acceso a la justicia y la protección de derechos de las personas afectadas por delitos.
La Defensoría Pública de Víctima inició formalmente sus funciones en la ciudad de Buenos Aires el pasado 1° de septiembre, dando así un paso clave en la defensa de los derechos de quienes atraviesan situaciones de violencia o delitos graves. Este nuevo organismo, que depende de la Defensoría General de la Nación, busca garantizar que las víctimas cuenten con patrocinio jurídico gratuito, acompañamiento especializado y una voz activa en el proceso penal.
De manera provisoria y hasta que se designe a su titular, la sede porteña quedó a cargo de Pablo Rovatti, actual Defensor Público Coadyuvante y Secretario Letrado de la Defensoría General. La estructura se conformó a partir del traspaso del personal del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos, que ya venía trabajando en más de 200 causas, lo que asegura continuidad y experiencia en la atención.
La intervención de la Defensoría se concentra en delitos de especial gravedad, como homicidios, violencia de género, delitos sexuales, trata de personas, privaciones ilegítimas de la libertad y lesiones graves. También tiene un rol central en casos que involucran a víctimas en situación de vulnerabilidad, como niños, personas mayores, con discapacidad o migrantes.
La importancia de su puesta en marcha radica en que fortalece el acceso a la justicia en el ámbito federal y nacional. Según lo establece la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, estas tienen derecho a ser escuchadas, a recibir información oportuna, acceder al expediente, solicitar medidas de protección y reclamar reparación por el daño sufrido. La Defensoría de Víctima cumple la función de garantizar que esos derechos no queden en el plano formal, sino que se traduzcan en una defensa real y efectiva.
