A raíz de una investigación del fiscal federal Gerardo Pollicita, se los acusa por una defraudación multimillonaria al Estado nacional calculada en 300 millones de dólares mediante una maniobra sistemática de vaciamiento y créditos irregulares concedidos por el Banco Nación a Vicentin, entre agosto y diciembre de 2019.
Qué medidas ordenó además el juez federal Julián Ercolini
El esquema investigado
De acuerdo a la acusación del fiscal federal Gerardo Pollicita, los entonces funcionarios del Banco Nación y los empresarios de Vicentin actuaron en connivencia para beneficiar a la empresa mediante la omisión de cobro de deudas vencidas y exigibles, liberación de garantías millonarias para los préstamos y otorgar nuevos créditos pese a que lo prohibía normativa del Banco Central.
Además, parte de este dinero se habría girado al exterior, se calcula que unos 16,9 millones de dólares, y estaría depositado en paraísos fiscales luego de ser desviados de las cuentas del Banco Nación adonde se depositaban los créditos otorgados.
El representante del Ministerio Público Fiscal, tras una profusa investigación, -destacó el juez Ercolini en su resolución- sostuvo que entre agosto y diciembre de 2019, las autoridades del Banco de la Nación Argentina, en connivencia con los empresarios responsables del Grupo Vicentin, “defraudaron al Estado nacional ocasionando un perjuicio patrimonial de aproximadamente 300.000.000 de dólares”.
Según el fiscal, dentro de la entidad financiera, el daño a las arcas públicas se generó por la “actuación coordinada de diversos agentes, quienes, a pesar de que la propia existencia del banco se encontraba en peligro, desde sus respectivas funciones defraudaron los intereses confiados y omitieron deliberadamente cobrar la millonaria deuda”.
¿Cómo fue el modus operandi? Según la acusación a la que deberán responder los acusados los funcionarios del BNA “desarticularon las garantías que tenía el banco, le entregaron a los empresarios de Vicentin los fondos que tenían allí congelados e, incluso y sin reaseguro alguno, les otorgaron nuevos empréstitos cuando aquello se hallaba expresamente prohibido por la normativa que regula a la actividad”.
Los empresarios
Por su parte, los empresarios actuaron “en todo momento en complicidad con los funcionarios”.
La fiscalía describió que “no pagaron los saldos adeudados a sabiendas de que no se los cobrarían, requirieron la liberación de los fondos que el banco tenía en garantía conociendo que se los entregarían, omitieron deliberadamente dar las garantías que eran requeridas ya que tenían la certeza de que tampoco se las reclamarían, solicitaron nuevas asistencias financieras a sabiendas de que se las otorgarían transgrediendo la normativa vigente”.
Los empresarios “quitaron los fondos del ámbito del Banco de la Nación Argentina para que, cuando las nuevas autoridades procuraran cobrar la deuda de aproximadamente 300.000.000 dólares, no pudieran hacerlo”.
Para lograrlo, habrían vaciado las cuentas del BNA para quitar el dinero de la esfera de custodia de dicha entidad y, cuanto menos, recurrieron a la utilización de facturación apócrifa en pos de simular gastos no concretados a través de proveedores falsos por un total de 222.780.392,10 pesos –representativos de aproximadamente 3.700.000 dólares–, así como también se valieron del giro de fondos al exterior mediante operaciones simuladas –por 16.942.805 dólares–, parte de los cuales culminaron en cuentas bancarias en paraísos fiscales.
El fiscal subrayó la magnitud de los hechos: “La gravedad y magnitud de los hechos investigados radica en que el Grupo Vicentin –compuesto, entre otras, por las firmas Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA– era el principal cliente del BNA, en tanto tenía la línea crediticia más importante del ‘Sector Privado No Financiero’”.
Quiénes deberán declarar
Entre los convocados a declaración indagatoria figuran los expresidentes y directores del Banco Nación Javier González Fraga, Lucas Llach, Carlos Castellani, Ercilia Nofal, Miguel Ángel Arce, Guillermo Goldberg, Jorge Lawson, Marcelo Pose, Javier Okseniuk y Agustín Pesce, además de gerentes y responsables de riesgo crediticio de la entidad.
Del lado empresario, fueron citados Daniel Néstor Buyatti, Alberto Macua, Herman Vicentin, Martín Colombo, Roberto Vicentin y Máximo Padoan, entre otros.
El cronograma de indagatorias comenzará el 27 de octubre con Alexis Tortul (responsable de la plataforma comercial) y se extenderá hasta el 18 de diciembre, cuando se presente el presidente de Vicentin, Daniel Buyatti.
El juez Ercolini también dictó la inhibición general de bienes para todos los imputados, con prohibición de innovar sobre sus participaciones societarias como medidas necesarias para garantizar un eventual decomiso en caso de condena firme.
