La fiscalía acusó al ex magistrado por incumplimiento de los deberes de funcionario público en diez hechos. También imputó por tráfico de influencias agravado a Alejandro Ferrarello y a otros dos abogados. El escándalo se remonta a su relación con el prostíbulo VIP Madaho’s y derivó en la renuncia de Ferro en 2018.
La situación procesal del ex juez de la Cámara Federal de Mar del Plata, Jorge Ferro, se agravó en las últimas horas. Es que los fiscales Laura Mazzaferri y Diego Velasco pidieron la elevación a juicio oral y público de la causa en la que está procesado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según la presentación, Ferro favoreció durante años al estudio jurídico encabezado por Alejandro Ferrarello e integrado por María de las Mercedes Hernández Morhain y Federico Gil de Muro. Estos tres fueron acusados de tráfico de influencias agravado, mientras que Ferrarello aparece señalado como quien desplegó sus vínculos para obtener beneficios en resoluciones judiciales dictadas —o demoradas— por el entonces camarista.
El escándalo tiene un punto de partida: la investigación sobre el prostíbulo VIP Madaho’s que funcionaba al lado del hotel Sheraton de Mar del Plata. A fines de 2014, la Justicia allanó el local de la calle Alem y rescató a 25 mujeres. Allí se abrieron dos causas, una por trata y explotación sexual y otra por lavado de dinero. En ese marco surgió la conexión entre el juez Ferro y Ferrarello, administrador del fideicomiso del inmueble donde funcionaba Madaho’s.
La relación quedó al descubierto tras pericias realizadas a dispositivos electrónicos secuestrados en un allanamiento al estudio de Ferrarello en 2015. De allí emergieron correos y comunicaciones que confirmaban un lazo de amistad y de colaboración profesional entre ambos, incluso cuando Ferrarello era investigado en los mismos expedientes que pasaban por la Cámara en la que Ferro debía actuar con imparcialidad.
En 2016, fiscales de la Protex, la Procelac y la Fiscalía Federal N° 2 de Mar del Plata denunciaron formalmente a Ferro ante el Consejo de la Magistratura. “Estos antecedentes pueden ser la muestra de una forma de abuso, de un desvío de poder, que perjudica la actuación de Jorge Ferro anulando su imparcialidad”, advirtieron en aquella presentación. El Consejo inició un proceso disciplinario que finalmente derivó en la renuncia del magistrado en mayo de 2018, antes de que se avanzara con su eventual destitución.
La causa Madaho’s también expuso el entramado económico detrás de la explotación. El prostíbulo estaba registrado como bar nocturno bajo la sociedad Rolafa SRL, cuyos responsables ejercían control directo sobre las mujeres, imponiendo horarios, precios y condiciones. Para la Justicia, se trataba de una organización criminal estructurada, con más de 17 años de funcionamiento y más de cien víctimas de explotación sexual a lo largo del tiempo. Ferrarello fue procesado como partícipe en ese esquema, lo que aumentó las sospechas sobre la actuación de Ferro en sus causas.
En paralelo, los fiscales Mazzaferri y Velasco pidieron que se extraigan copias de las actuaciones para continuar la investigación por posible enriquecimiento ilícito del exjuez. La hipótesis de los investigadores es que la connivencia con Ferrarello pudo haber generado beneficios económicos indebidos que se reflejarían en su patrimonio personal.
La fiscalía subrayó que, en reiteradas oportunidades, Ferro “priorizó los intereses particulares en lugar de proteger los intereses generales que hacen a la recta administración de justicia”. Los correos, llamados y la frecuencia de contactos con el estudio Ferrarello confirman que el vínculo excedía lo social y se traducía en intervenciones judiciales concretas.
