La Cámara Federal de Casación ratificó que tiene competencia para revisar las decisiones de la Cámara Nacional Electoral.
El tribunal rechazó las recusaciones planteadas contra los magistrados electorales en una causa donde se investiga el financiamiento de la alianza “Cambiemos Buenos Aires” en las elecciones de 2017.
La Sala III del máximo tribunal penal federal del país, con los votos coincidentes de Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, reafirmó que es la máxima autoridad judicial en materia penal federal y que, en ese carácter, tiene competencia para revisar las decisiones de la Cámara Nacional Electoral (CNE) cuando se debaten cuestiones penales de naturaleza federal.
El caso
El fallo se dictó en un caso vinculado al presunto financiamiento irregular de la alianza electoral “Cambiemos Buenos Aires” durante las campañas legislativas nacionales de 2017 en la provincia de Buenos Aires. Las defensas de los imputados recusaron a los camaristas electorales.
En su voto, Borinsky destacó que la Cámara Federal de Casación Penal “constituye, en la estructura judicial, el máximo tribunal penal federal del país” y que se erige como “la última instancia donde deben ventilarse las cuestiones federales antes del recurso extraordinario ante la Corte Suprema”.
El magistrado citó precedentes de la Corte Suprema, así como del plenario 15 “Ruiz, Roque y otro” de la propia Casación, para subrayar su rol de tribunal intermedio y superior en materia penal federal.
Además, hizo referencia al nuevo marco legal previsto por el Código Procesal Penal Federal y la Ley 27.146, que define a la Casación como órgano encargado de la conformación del “colegio de jueces” para la justicia federal, “demostrando así su carácter de máximo tribunal penal federal del país, solo por debajo de la Corte Suprema”.
Respecto del planteo de las defensas, Borinsky consideró que la decisión de la CNE que rechazó la recusación “se encontraba razonablemente sustentada” y que las impugnaciones “no lograron acreditar una cuestión federal suficiente ni un temor de parcialidad objetivamente justificado”. Señaló también que los magistrados electorales habían actuado dentro del ámbito de sus competencias al controlar las rendiciones partidarias, un procedimiento regulado por las leyes 26.215 y 26.571, independiente de la causa penal posterior.
En su voto en disidencia, el juez Carlos Mahiques propuso hacer lugar a los recursos de las defensas y apartar a los jueces de la CNE, al advertir que su intervención previa en la desaprobación de los informes de gastos de campaña podría “afectar la garantía de imparcialidad del juzgador” en el proceso penal.
Para el magistrado, el diseño normativo debía interpretarse en forma compatible con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, de modo que la investigación penal quedara a cargo de otro juez federal con competencia electoral.
Con la mayoría conformada por Borinsky y Gemignani, la Sala III ratificó la competencia de la Casación Penal como máximo órgano judicial en materia penal federal, reafirmó su rol como tribunal intermedio entre los tribunales inferiores y la Corte Suprema de Justicia de la Nación y rechazó la recusación contra los jueces de la Cámara Nacional Electoral Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas.
