La resolución fue aprobada en el Plenario del Consejo y establece que la representación legal será asumida por abogados propios, con “independencia técnica” y bajo supervisión directa del cuerpo. El cambio marca el fin de la histórica intervención del Ministerio en los litigios del organismo.
El Consejo de la Magistratura de la Nación modificó su esquema de defensa y resolvió que dejará de estar representado por el Ministerio de Justicia en los juicios en los que sea parte. A partir de ahora, la intervención procesal será asumida por abogados propios del organismo, con independencia técnica y bajo la supervisión del Plenario. La decisión quedó formalizada en la Resolución 225/2025 aprobada el 2 de diciembre.
La resolución reconoce de manera explícita que, desde su creación, el Consejo había delegado su defensa en juicios en el Ministerio de Justicia. Ese esquema se modifica de manera estructural: el organismo asumirá progresivamente su propia representación y patrocinio.
Para implementar el nuevo modelo, la Secretaría de Asuntos Jurídicos será reorganizada en dos áreas: un Departamento de Asesoramiento Jurídico y un Departamento de Asuntos Contenciosos. La defensa en juicio quedará en manos de los abogados de este último, quienes podrán matricularse exclusivamente para litigar en nombre del Consejo y del Poder Judicial, según la habilitación otorgada por la resolución.
El texto señala que resulta necesario “asumir -progresivamente- la representación y el patrocinio legal de la defensa de sus intereses en sede judicial”, con el fin de fortalecer su autonomía institucional. En el mismo sentido, fija como pauta general que “la defensa en juicio de este organismo y del Poder Judicial de la Nación debe ser ejercido por empleados y funcionarios propios”.
El Plenario, a su vez, se reserva la definición estratégica de las causas. La norma fija que “la autoridad originaria para la definición de la estrategia procesal del organismo corresponde al Plenario de consejeros”, combinando así la supervisión política del cuerpo con la ejecución técnica a cargo de sus abogados.
La resolución también instruye a desarrollar un “Sistema Informático para la Gestión Judicial” que concentre toda la información de los litigios en curso y permita a los consejeros participar y monitorear en tiempo real cada expediente. El objetivo es que la defensa y el seguimiento de causas de relevancia institucional sean gestionados desde dentro del organismo, sin intermediarios externos.
El documento justifica la reforma en la necesidad de asegurar la independencia judicial, la autonomía administrativa y una mayor eficiencia en la defensa del organismo. Y sostiene que la formación y experiencia acumulada por los abogados internos demuestra que “no se justifica, por el momento, que la tarea de representación y patrocinio legal esté asignada a un órgano distinto”.
