Elegida por unanimidad para un quinto mandato consecutivo como presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, Inés Weinberg trazó un diagnóstico profundo sobre el estado de la Justicia porteña, el impacto del fallo Levinas, los conflictos de competencia con la llamada Justicia nacional -especialmente en el fuero laboral- y la deuda pendiente en materia de representación femenina en los tribunales superiores.
A modo de balance de un año muy importante para el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la ciudad de Buenos Aires, la jueza Inés Weinberg fue protagonista de una extensa entrevista realizada en Perfil, donde no queda tema por tratar.
Autonomía porteña y el fallo Levinas
Para Weinberg, el proceso de autonomía judicial de la Ciudad, iniciado con la reforma constitucional de 1994, avanza pero sigue siendo lento e incompleto. Recordó que, mientras ya se consolidaron fueros como el penal y el contencioso administrativo locales, los fueros civil, comercial y laboral continúan bajo la órbita de la llamada Justicia nacional, una categoría que -sostuvo- es hoy anacrónica.
En ese contexto, explicó el alcance del fallo Levinas, por el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que las sentencias de los tribunales ordinarios con asiento en la Ciudad deben ser revisadas previamente por el Tribunal Superior porteño antes de llegar al máximo tribunal nacional. “Lo mismo que ocurre en Córdoba o Santa Fe debe ocurrir en la Ciudad”, sintetizó.
El cuello de botella laboral
Las cifras dan cuenta del impacto: de casi 4.000 causas tramitadas por el Tribunal Superior en pocos meses, el 85% corresponde a conflictos laborales. Weinberg rechazó las generalizaciones sobre la llamada “industria del juicio” y advirtió que el verdadero problema es estructural: inflación crónica, dificultades para actualizar créditos laborales y procesos que nunca se archivan. El resultado, dijo, es que los principales perjudicados son los trabajadores, que llegan tarde a cobrar sentencias que pierden valor real con el paso del tiempo.
Seguridad jurídica y previsibilidad
Desde su rol institucional, Weinberg defendió el aporte del Tribunal Superior a la seguridad jurídica en una ciudad que concentra una parte sustancial del PBI y de la actividad empresarial del país. “No podemos garantizar resultados, pero sí previsibilidad”, afirmó, y destacó que desde la creación de la Justicia porteña no hubo jurys ni destituciones de jueces, a diferencia de lo ocurrido en el ámbito nacional.
Independencia judicial y política
La magistrada también reflexionó sobre la independencia judicial. A su criterio, tener ideas políticas no invalida la imparcialidad, siempre que esas convicciones no influyan en la resolución del caso concreto. En ese marco, fue crítica de decisiones que dañaron la credibilidad institucional, como la ampliación de la Corte Suprema durante el menemismo, que -dijo- marcó un punto de inflexión en el desprestigio judicial.
Mujeres y representación en la Corte
Uno de los pasajes más contundentes de la entrevista estuvo dedicado a la cuestión de género. Weinberg fue categórica: “Una Corte Suprema de cinco que no tenga dos integrantes mujeres no me representa”. Sostuvo que la diversidad de género no es solo una cuestión simbólica, sino que enriquece la deliberación judicial al incorporar miradas distintas, especialmente en áreas como el derecho civil y de familia.
Con experiencia en tribunales internacionales -desde Ruanda hasta la ex Yugoslavia-, recordó cómo la paridad fue un criterio explícito en la integración de cortes penales internacionales. También hizo una autocrítica hacia adentro del colectivo femenino: “Las mujeres no somos lo suficientemente solidarias entre nosotras”, afirmó, y llamó a trabajar activamente para que las próximas designaciones en la Corte Suprema incluyan al menos dos mujeres.
Una exhortación final
Entre balances institucionales y recuerdos de su paso por la Justicia internacional, Weinberg dejó un mensaje claro: el fortalecimiento de la Justicia -en la Ciudad y a nivel nacional- depende de voluntad política, reglas claras, legitimidad institucional y una representación más fiel de la sociedad a la que sirve. En esa agenda, la igualdad de género ya no puede seguir siendo una asignatura pendiente.
