El juez de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti habló del deterioro de los poderes judiciales en su último episodio del podcast. La desconexión entre las reformas, las necesidades de la ciudadanía y una dura crítica al Consejo de la Magistratura.
En un nuevo episodio de su podcast, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, planteó que “el tema de los poderes judiciales es central en muchos sistemas políticos porque está permanentemente en crisis”, y explicó que el problema no se limita a una cuestión institucional sino a que “los gobiernos hablan del poder y los pueblos de sus problemas”, lo que genera “una gran desconexión” entre las reformas y el acceso real a la Justicia.
Según explicó, esto produce “una gran desconexión entre los enfoques que hay sobre las reformas judiciales y lo que realmente se necesita desde el punto de vista de los hombres y mujeres que reciben o necesitan del servicio de justicia”.
Al definir qué se entiende por Poder Judicial, Lorenzetti aclaró que “no solo son los jueces y juezas, sino también todos los funcionarios y empleados que lo integran” y agregó: “También están los fiscales, también está la abogacía y las universidades”. En ese marco, advirtió que “si todo esto no funciona en un sistema integrado, no funciona bien el servicio de justicia”.
Como ejemplo, sostuvo que “en Estados Unidos hay una estrecha relación entre jueces, fiscales y también el sistema universitario”, y explicó que “casi todos los que llegan al poder judicial vienen del sistema universitario, y el progreso de la carrera judicial es bastante controlado”. Para Lorenzetti, esto demuestra que “se necesita un altísimo nivel de profesionalidad, y por eso necesitamos que funcionen bien las universidades y que exista una conexión muy concreta y directa entre la abogacía y el sistema judicial”.
“Cuando se habla de reformas -agregó-, es necesario entender dos aspectos separados, si lo que se va a reformar es el poder o el servicio”, sostuvo, y remarcó que “el poder judicial, en sentido amplio, es un poder, pero también es un servicio”.
Al comparar modelos, explicó que “no se puede comparar con el modelo de Estados Unidos y Argentina, por ejemplo, porque son absolutamente diferentes”, y señaló que “en el sistema de Estados Unidos la Corte Suprema es cabeza del poder del Estado, tiene pocos integrantes y luego selecciona solo algunos casos para resolver”.
El Consejo de la Magistratura
En ese contexto, cuestionó la incorporación del Consejo de la Magistratura en la reforma constitucional argentina. “Desde mi punto de vista fue un gran error de la reforma”, afirmó, y explicó que ese organismo “responde al sistema italiano y español”, que es “absolutamente diferente del sistema de Estados Unidos”. Según Lorenzetti, “nunca ha funcionado bien el Consejo de la Magistratura y mucho menos ahora, es una mala experiencia”.
“No se pueden mezclar los sistemas, es imposible que funcione bien, porque los sistemas tienen una coherencia interna”, advirtió, y agregó que “cuando se habla de una Corte Suprema o de un Poder Judicial hay que pensar cuáles son los modelos comparables”.
El rol de la Corte Suprema
Lorenzetti describió una discusión de fondo sobre el rol del máximo tribunal. “Hubo años donde en la Corte Suprema hemos pensado, y esta es mi idea, de que la Corte Suprema es un poder del Estado”, sostuvo, y afirmó que como tal “tiene que tener la conducción del poder”, con “autonomía presupuestaria, autonomía regulatoria, estabilidad en sus composiciones”.

“No puede ser que se cambie el número cada tanto, o que se cambie la composición”, dijo, y aclaró que eso “no significa que la Corte tenga que intervenir en los casos que resuelven jueces y juezas”, ya que existe “la independencia funcional que tiene cada juez o jueza”.
Frente a esa postura, señaló que “la otra visión es que las Cortes Supremas en realidad no actúan como poder del Estado, sino como un tribunal que resuelve casos”, y recordó que “en Argentina, por ejemplo, hemos tenido las dos posiciones”. Para Lorenzetti, “lo que no puede suceder es que haya periodos donde se la concibe como un poder del Estado, y otros periodos donde no”.
“En general en todo el mundo se advierte un deterioro de la independencia de los poderes judiciales”, advirtió, y explicó que “la tendencia es a incluir jueces con determinada visión política”. En ese sentido, alertó sobre el tránsito de funcionarios “desde el Poder Ejecutivo al Judicial”, lo que “genera conflictos” que “continúan durante años”.
“La independencia significa que hay que respetar una carrera judicial”, afirmó, y enumeró que “hay que respetar una autonomía regulatoria, una autonomía en el proceso de selección de jueces y juezas”, con concursos que “deben ser un proceso transparente” y “un proceso rápido”.
Las demoras procesales
Para Lorenzetti, “las reformas más importantes tienen que ver con la concepción del Poder Judicial como servicio”, y subrayó que “el problema más importante que hoy abruma a la población en casi todos los países es el tiempo de demora de los procesos judiciales”.
“Una de las formas más rápidas de solucionar esto es con la informatización”, sostuvo, y aclaró que la tecnología, incluida la inteligencia artificial, debe utilizarse “no para redactar sentencias o sustituir la función judicial, sino para mejorar la gestión”. Además, señaló que “la vida de las personas que tienen que estar en procesos judiciales se complica muchísimo solamente con el tiempo”.
En materia penal, advirtió que “es un problema muy serio por la prolongación en el caso de personas que no saben si son inocentes, si van a ser declaradas inocentes o culpables durante muchísimos años”.
Sobre el final, el juez de la Corte advirtió que “los poderes judiciales no deben buscar la aprobación de la población en función de encuestas o de la aprobación de los medios de comunicación”, porque eso “lleva al populismo judicial”. “Lo que debe perseguir los poderes judiciales es el prestigio”, afirmó, y subrayó que ese prestigio se construye “porque se es imparcial”.
Finalmente, sostuvo que “está en juego la democracia, el Estado de Derecho”, y concluyó que es necesario “trabajar más en el poder judicial como servicio, como requerimiento del ciudadano, no tanto como una discusión de poder”.
