Al no emitirse dictamen dentro de los 30 días previstos por la Constitución de Entre Ríos, quedó archivado el trámite contra la magistrada del Superior Tribunal de Justicia. La Comisión de Juicio Político no elevó acusación y el expediente no llegó al recinto.
El proceso de juicio político iniciado contra la jueza Susana Medina, integrante del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, quedó formalmente cerrado tras el vencimiento del plazo legal para emitir dictamen. La Constitución provincial establece un término de 30 días para que la Comisión de Juicio Político eleve su informe; cumplido ese lapso sin resolución, el trámite cae de pleno derecho.
El expediente había sido abierto a partir de tres denuncias por presunto mal desempeño. El eje de los cuestionamientos se centró en ausencias de la magistrada fuera de la jurisdicción durante un período prolongado, lo que, según los denunciantes, habría generado demoras en la tramitación de causas. Medina negó esas imputaciones y sostuvo que los viajes contaron con autorización y se ajustaron a la normativa vigente para los vocales del alto tribunal.
Si bien la Comisión elaboró un borrador de dictamen exculpatorio, ese texto no fue tratado ni remitido a la Cámara de Diputados de Entre Ríos, órgano con competencia para impulsar la acusación ante el Senado. En consecuencia, el dictamen nunca ingresó al circuito parlamentario y el plazo constitucional transcurrió sin que se adoptara una decisión formal.
El cierre del trámite se produjo durante el receso administrativo y quedó asentado el 5 de enero, fecha en la que se cumplió el término legal. Con ello, el proceso quedó archivado sin pronunciamiento de fondo y sin avance a la etapa acusatoria.
