El Ministerio Público Fiscal estableció nuevos criterios para detectar procesos de radicalización, evaluar niveles de riesgo e investigar conductas previas a un atentado terrorista. La guía pone el foco en los entornos digitales, las redes sociales y hasta los videojuegos, pero fija límites para evitar la criminalización de ideas, creencias o expresiones protegidas constitucionalmente.
La Procuración General de la Nación, con la firma de Eduardo Casal, aprobó una nueva “Guía para la investigación de incidentes terroristas previos a un ataque”, mediante la Resolución PGN N° 56/2026, que propone un cambio de enfoque en la persecución penal del terrorismo: intervenir sobre las etapas previas de planificación y radicalización, antes de que la amenaza llegue a materializarse en un atentado.
El instrumento fue elaborado de manera conjunta por la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) y busca dotar a fiscales, jueces y fuerzas de seguridad de criterios comunes y herramientas interdisciplinarias para abordar amenazas vinculadas con el terrorismo.
En un escenario internacional marcado por la descentralización de las amenazas y el uso intensivo de internet por parte de grupos e individuos extremistas, el objetivo es evitar que determinadas publicaciones o amenazas digitales sean analizadas de manera aislada o tratadas simplemente como delitos comunes. La propuesta es incorporarlas, cuando existan elementos suficientes, dentro de lo que la criminología denomina el “Ciclo Terrorista”.
El “Ciclo Terrorista”: el atentado como último eslabón
Históricamente, la intervención del derecho penal frente al terrorismo tuvo un carácter predominantemente reactivo: la actuación estatal se concentraba cuando el daño ya se había producido o cuando la ejecución del ataque era inminente.
La nueva Guía modifica esa perspectiva. A partir de estudios empíricos y de la experiencia de unidades especializadas como la SAIT y la UFECO, plantea que el terrorismo no debe entenderse como un acontecimiento instantáneo o aislado, sino como un proceso criminal continuo, organizado y permanente.
Bajo este marco, el atentado constituye apenas la fase visible y terminal de una cadena de actividades previas e interdependientes. Gran parte del tiempo y los recursos de las organizaciones o individuos radicalizados se destina a la propaganda, el adoctrinamiento, el reclutamiento, la radicalización, el financiamiento, la obtención de logística y el estudio de objetivos.
La resolución sostiene que esperar hasta la ejecución material para intervenir resulta ineficaz frente al deber de protección del Estado. Desde esta perspectiva, los aportes funcionales realizados durante las etapas anteriores pueden adquirir relevancia cuando exista evidencia de que se encuentran objetivamente orientados a la comisión de actos de extrema gravedad.
El enfoque preventivo se vincula además con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, entre ellos la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
El modelo se apoya en cuatro pilares: abordar las condiciones que favorecen la propagación del terrorismo, prevenir y combatir el fenómeno, fortalecer las capacidades de los Estados y garantizar el respeto de los derechos humanos y el imperio de la ley.
Cómo funciona la radicalización: la teoría de las “3N”
Uno de los capítulos centrales de la Guía analiza el proceso psicosocial de radicalización y la manera en que los captadores de propaganda extremista identifican y explotan las denominadas “personalidades vulnerables”.
El proceso puede comenzar con lo que el sociólogo Quintan Wiktorowitz definió como “apertura cognitiva”: un momento de crisis identitaria, existencial o espiritual, frecuentemente relacionado con sentimientos de exclusión, injusticia, humillación percibida o experiencias traumáticas.
En esa instancia de fragilidad emocional, el individuo puede volverse más receptivo a narrativas que prometen pertenencia, reconocimiento o una causa trascendente.
Para explicar cómo puede consolidarse ese proceso, la Guía incorpora la Teoría de las “3N” —Needs, Narratives, Networks—, desarrollada por investigadores de la Universidad de Maryland.
La Necesidad (Needs). Se refiere a la motivación psicológica de sentirse relevante, respetado y con un propósito vital. Cuando esa necesidad se ve frustrada por situaciones de marginación o fracaso, puede generarse un terreno favorable para determinadas formas de radicalización.
La Narrativa (Narratives). Es el sistema ideológico extremista que ofrece una interpretación simplificada y dicotómica de la realidad, generalmente estructurada bajo una lógica de “nosotros contra ellos”. Identifica enemigos, atribuye responsabilidades por los agravios percibidos y puede llegar a presentar la violencia como un instrumento moralmente legítimo.
La Red (Networks). Es el grupo social, físico o virtual, que valida y refuerza esas ideas. En el ecosistema digital, esas redes ya no necesitan una estructura física o una jerarquía convencional: pueden desarrollarse en comunidades cerradas, foros anónimos y canales privados.
Videojuegos y plataformas digitales, bajo la lupa
Uno de los aspectos más novedosos del documento es la advertencia sobre la utilización del ecosistema de videojuegos en línea y sus plataformas asociadas por parte de organizaciones o reclutadores extremistas.
La Guía menciona específicamente plataformas masivas como Roblox y Minecraft, aunque aclara que los videojuegos no son en sí mismos herramientas extremistas.
El riesgo aparece cuando los reclutadores aprovechan algunas dinámicas propias de esos espacios -como la cooperación grupal, las misiones compartidas o la creación de servidores privados- para establecer contactos informales y construir relaciones de confianza con niños y adolescentes que atraviesan situaciones de fragilidad emocional o aislamiento social.
Luego, mediante elementos propios de la cultura digital juvenil como memes, humor irónico y estética “gamer”, pueden buscar reducir las barreras frente a contenidos extremistas y normalizar discursos de odio.
Una vez establecido el vínculo, la interacción puede trasladarse desde los chats de voz de los videojuegos hacia canales cerrados y más restrictivos, como Discord, Telegram o foros privados, donde la exposición a propaganda ideológica puede intensificarse.
Una matriz de riesgo con cinco niveles
Ante la inexistencia de un “perfil único de terrorista” determinado por edad, etnia, religión o situación socioeconómica, la Guía propone una matriz basada en indicadores ideológicos, conductuales y sociales organizados en categorías progresivas.
El documento establece expresamente que ningún indicador analizado de manera individual constituye un delito ni habilita por sí solo medidas coercitivas. Su acumulación y análisis contextual permiten medir el nivel de riesgo -Medio, Medio-alto, Alto y Crítico- y modular la respuesta judicial de manera proporcional.
Nivel 1: teorías conspirativas y polarización social – Riesgo medio
Es presentado como un estadio inicial o posible “puerta de entrada” al extremismo violento. Puede caracterizarse por la deslegitimación de instituciones democráticas, el consumo sistemático de relatos conspirativos sin sustento fáctico y el desarrollo de una visión maniquea del mundo, basada en la oposición entre un “bien absoluto” y un “mal absoluto”.
Entre las conductas indicativas se mencionan cambios en el círculo de amistades asociados a agravios colectivos, rechazo explícito a figuras de autoridad y publicación o viralización de discursos fuertemente polarizantes en redes abiertas.
Nivel 2: identificación con ideologías extremistas – Riesgo medio-alto
En este escalón, el individuo deja de ser solamente un consumidor pasivo y comienza a adoptar una identidad vinculada con postulados radicales e incorporar iconografías o simbologías asociadas con agrupaciones extremistas.
Entre los ejemplos aparecen el aislamiento familiar y social severo justificado mediante doctrinas radicales, cambios abruptos de vocabulario y hábitos de vida, incorporación de números o símbolos cifrados en nombres de cuentas o perfiles -como “88” o “1488” vinculados con el neonazismo- y búsquedas recurrentes sobre autores de atentados anteriores.
Nivel 3: escalada discursiva – Riesgo alto
Aquí aparece un salto cualitativo hacia la verbalización de la hostilidad. La persona comienza a justificar abiertamente el uso de la violencia armada o ideológica, presentándola como una forma de “defensa propia” o como un “acto patriótico” indispensable.
La Guía menciona, entre otros ejemplos, ataques de ira contra allegados en defensa de posiciones fanáticas, intentos de radicalizar a familiares o colegas, publicación de fotografías o videos portando armas o parafernalia terrorista e imitación o celebración de las narrativas de “actores solitarios” -lone actors- responsables de ataques anteriores.
Nivel 4: extremismo violento – Riesgo alto a crítico
En esta instancia, el individuo abandona el terreno exclusivamente discursivo y avanza hacia una posible preparación operativa.
Los indicadores incluyen búsquedas recurrentes de manuales de sabotaje, intentos concretos de adquisición de armas de fuego o precursores químicos, realización de entrenamientos de tiro de estilo militar y la denominada “fuga verbal” -leakage-, es decir, revelaciones parciales o indirectas realizadas en chats o redes acerca de intenciones de cometer un ataque.
Nivel 5: movilización – Riesgo crítico
Es el escalón que representa la proximidad a la acción. El sujeto se encontraría en la fase logística final de un eventual plan de ataque.
Entre las conductas consideradas aparecen la integración formal en células operativas físicas o virtuales, tareas de vigilancia o reconocimiento sobre posibles objetivos específicos, movimientos urgentes de dinero, cierres inusuales de cuentas bancarias y la publicación de mensajes de despedida o testamentos con instrucciones para después de la muerte.
Siete módulos para investigar las amenazas
Para abordar este tipo de causas, la Guía propone abandonar investigaciones fragmentadas y trabajar mediante una metodología integral basada en siete módulos de análisis de información, que deberían operar de manera simultánea y coordinada.
1. Inteligencia financiera. Busca reconstruir la logística económica detrás del sospechoso. Incluye análisis patrimoniales y bancarios, reportes de operaciones sospechosas -ROS- de la Unidad de Información Financiera y rastreo de transferencias realizadas mediante criptomonedas o billeteras virtuales.
2. Investigación digital forense. Comprende la extracción y análisis técnico de dispositivos luego de los allanamientos, el examen forense de teléfonos y almacenamiento en la nube, la recuperación de mensajes cifrados eliminados y el análisis de metadatos de archivos multimedia que permitan reconstruir el consumo de propaganda o los contactos con posibles reclutadores.
3. Vigilancia y seguimiento. Incluye tareas de observación física y electrónica autorizadas judicialmente. El análisis de geoposicionamiento y la interceptación de comunicaciones pueden resultar relevantes tanto para obtener prueba como para determinar la temporalidad de una amenaza y detectar cambios abruptos de conducta.
4. Fuentes abiertas -OSINT-. Contempla el ciberpatrullaje legal de espacios públicos de internet. Puede funcionar como disparador de una investigación o “notitia criminis”, pero requiere que posteriormente la fiscalía asuma la dirección del caso y valide esos datos de manera independiente.
5. Técnicas especiales de investigación. En el marco de la Ley 27.319, la Guía contempla herramientas destinadas a ingresar en entornos cerrados y redes digitales herméticas. Entre ellas aparecen el agente encubierto, pensado para inserciones sostenidas, y el agente revelador, destinado a intervenciones puntuales, como verificar una compra ilegal de armas o instrucciones específicas vinculadas con un ataque. En ambos casos, se establece como límite no inducir artificialmente la comisión de un delito.
6. Evidencia física y forense. Se exige una preservación estricta de la cadena de custodia de los elementos secuestrados, además de análisis químicos y balísticos sobre materiales sospechosos para determinar su peligrosidad.
7. Pruebas testimoniales. Se prevén entrevistas cognitivas al entorno familiar, escolar, laboral o vecinal de la persona investigada para contextualizar cambios de comportamiento, crisis emocionales o rupturas sociales significativas.
El límite: evitar la persecución ideológica
La ampliación de las herramientas preventivas plantea un interrogante central: hasta dónde puede avanzar el Estado sin convertir la prevención del terrorismo en persecución de ideas, creencias o expresiones políticas.
La propia Guía aborda ese riesgo y establece una serie de salvaguardas constitucionales.
En primer lugar, aclara que los indicadores incluidos en la matriz no constituyen figuras penales autónomas ni supuestos de imputación por sí mismos. Tampoco implican una presunción de culpabilidad. Su función es servir como herramientas para gestionar riesgos y orientar la búsqueda de prueba.
Además, su aplicación debe respetar el principio de legalidad, la libertad de expresión, la libertad de culto, el derecho a la intimidad y el debido proceso, siempre bajo control jurisdiccional.
La resolución excluye expresamente toda intervención judicial fundada exclusivamente en la adhesión ideológica, la pertenencia religiosa, el origen étnico, la nacionalidad o el ejercicio legítimo del derecho constitucional a la crítica institucional.
De esta manera, las ideas, incluso aquellas consideradas radicales o perturbadoras, permanecen protegidas constitucionalmente mientras no se traduzcan en llamados, acciones o preparativos objetivos dirigidos hacia la movilización violenta o la coerción del orden constitucional.
Un cambio de paradigma para la investigación penal
Con la aprobación de la Guía para la investigación de incidentes terroristas previos a un ataque, la Procuración General busca dotar al Ministerio Público Fiscal de un marco metodológico adaptado a las dinámicas contemporáneas y transnacionales del terrorismo.
El cambio central consiste en entender el fenómeno como un ciclo y desplazar parte del esfuerzo investigativo hacia la detección temprana de amenazas en los entornos digitales y físicos, sin esperar necesariamente a que aparezca la fase final de ejecución.
La apuesta supone fortalecer las capacidades preventivas de fiscales e investigadores, pero al mismo tiempo plantea el desafío de mantener un equilibrio particularmente sensible: detectar de manera temprana una amenaza concreta sin transformar pensamientos, expresiones, identidades o creencias en objetos de persecución penal.
