El juez federal Sebastián Casanello descartó un ofrecimiento por casi 88 millones de pesos presentado por Leandro Gastón Kebleris al considerar que los delitos contra la administración pública no pueden saldarse mediante acuerdos privados.
El juez federal Sebastián Casanello rechazó una propuesta de reparación económica presentada por uno de los acusados en la causa que investiga el presunto desvío de fondos del programa Potenciar Trabajo. Se trata de Leandro Gastón Kebleris, procesado como partícipe necesario, quien había ofrecido pagar 87,9 millones de pesos con el objetivo de evitar el juicio oral y extinguir la acción penal en su contra.
En su resolución, el magistrado sostuvo que los delitos que afectan a la administración pública no pueden resolverse mediante acuerdos de carácter privado y que el planteo no incluía reconocimiento de hechos ni de responsabilidad penal. La propuesta contemplaba el giro inmediato de una suma ya embargada y el pago del resto en cuotas, pero fue rechazada de plano.
Kebleris está imputado junto a Anahí Rivero por haber puesto a disposición del Polo Obrero y de la Cooperativa El Resplandor la firma Coxtex S.A., señalada por la fiscalía como una empresa sin actividad real que habría sido utilizada para emitir facturación apócrifa. Según la investigación, esa estructura permitió simular gastos y justificar ante el Estado el uso de fondos públicos destinados a programas sociales.
La causa sostiene que en octubre de 2021 Coxtex emitió dos facturas por más de cinco millones de pesos, que habrían sido utilizadas para desviar recursos del Potenciar Trabajo hacia actividades de militancia, prensa y campaña electoral. Para los investigadores, esa maniobra fue parte de un esquema más amplio que se extendió durante varios años.
El ofrecimiento de reparación fue rechazado no solo por la fiscalía, sino también por todos los organismos querellantes que intervienen en el expediente: la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Capital Humano y la Unidad de Información Financiera. Desde el Ministerio Público advirtieron que la investigación involucra a múltiples imputados y tramos aún abiertos, por lo que aceptar una reparación parcial podía afectar la coherencia de la acusación.
Casanello también descartó la posibilidad de convocar a una audiencia para analizar el planteo, al señalar que no existía un acuerdo previo con el Estado como parte damnificada. Además, consideró que homologar la propuesta podría interferir con el trámite ante el Tribunal Oral Federal N° 8, que tendrá a su cargo el juicio contra el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y otros imputados.
Con esta decisión, el magistrado quedó en condiciones de resolver el pedido de elevación a juicio formulado por la fiscalía. En el expediente, Kebleris y Rivero son señalados como piezas clave de un entramado que habría operado durante casi cuatro años dentro del Polo Obrero y sus unidades de gestión, mediante el uso de distintas firmas acusadas de emitir documentación falsa para encubrir el desvío de fondos públicos.
La investigación describe un circuito que incluyó, además de Coxtex S.A., a otras empresas consideradas pantallas, utilizadas para simular compras inexistentes y sostener rendiciones adulteradas ante el Estado. El avance del expediente determinará si los acusados deberán enfrentar el juicio oral por su presunta participación en una de las causas más sensibles vinculadas al manejo de fondos sociales.
