La Jefatura de Gabinete otorgó una ampliación presupuestaria al Consejo de la Magistratura para atender necesidades de funcionamiento de los tribunales federales y nacionales de todo el país.
El Poder Judicial de la Nación recibirá más fondos para fortalecer su funcionamiento, según anunció la Jefatura de Gabinete de Ministros . La medida implica un incremento del 280% en una de las partidas clave del presupuesto y responde a los montos oportunamente proyectados por el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Según informó el propio Consejo, la asignación permitirá atender necesidades vinculadas a infraestructura, tecnología y otros requerimientos operativos de los tribunales federales y nacionales en todo el país. El refuerzo presupuestario fue dispuesto a través de la Decisión Administrativa 1/2026, publicada en el Boletín Oficial el 20 de enero pasado.
En concreto, la Jefatura de Gabinete otorgó un total de $28.973.850.716 en concepto de crédito presupuestario correspondiente al inciso 4, destinado a bienes de uso, dentro del presupuesto del Consejo de la Magistratura. Ese monto representa un incremento del 280% respecto de lo asignado originalmente por la Ley de Presupuesto N° 27.798 para ese rubro.
El aumento se ajusta a lo estimado previamente por el Plenario del Consejo de la Magistratura, que el 27 de agosto aprobó, con 15 votos afirmativos, el presupuesto proyectado para el Poder Judicial de la Nación para el año 2026. En esa oportunidad, el cuerpo fijó una previsión global de gastos por $2.007.943.778.229.
Desde el Consejo señalaron que, al igual que en ejercicios anteriores, los recursos adicionales serán aplicados conforme a los lineamientos establecidos por la Presidencia y los consejeros y consejeras, priorizando criterios de criticidad, austeridad y una distribución de carácter federal.
La ampliación presupuestaria apunta a reforzar la capacidad operativa del sistema judicial en un contexto de crecientes demandas y necesidades estructurales, y se enmarca en las gestiones institucionales realizadas para garantizar el adecuado funcionamiento de los tribunales en todo el territorio nacional.
