El fiscal federal calificó de “arbitraria” y “prematura” la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de archivar la investigación sobre el endeudamiento de 2018. En su escrito, advierte sobre la simulación de expedientes, la violación de normas constitucionales y el desvío de fondos para la fuga de capitales, en un contexto en el que el gobierno de Javier Milei retiró al Estado como querellante.
El fiscal federal Franco Picardi interpuso un recurso de apelación contra la resolución que dispuso el archivo de la causa que investiga la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Mauricio Macri. En un dictamen de fuerte tono crítico, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que el fallo de la jueza María Eugenia Capuchetti presenta una “fundamentación aparente”, apoyada -según afirma- en una evaluación parcial y sesgada de la prueba reunida.
Para Picardi, el archivo es “prematuro” y vulnera el principio acusatorio, al desoír evidencia central que apunta a la existencia de un “esquema defraudatorio” montado para concretar el endeudamiento por 57.100 millones de dólares, el mayor de la historia argentina. El fiscal sostiene que la operatoria se estructuró mediante actos jurídicos irregulares, con violación de normas constitucionales y legales, para beneficiar a grupos financieros concentrados.
Un “circuito de hecho” al margen de la ley
Uno de los ejes de la apelación es la denuncia de la creación de un circuito administrativo paralelo para eludir controles. Según el escrito, se incumplió la obligación constitucional de someter el acuerdo al Congreso y nunca se dictó el decreto presidencial necesario para formalizar la operación.
Picardi también cuestiona la competencia funcional de quienes suscribieron los compromisos. Afirma que Nicolás Dujovne firmó las Cartas de Intención sin facultades legales, ya que la atribución correspondía al entonces Ministerio de Finanzas, a cargo de Luis Caputo. A ello se suma -remarca- la ausencia del dictamen obligatorio del Banco Central de la República Argentina sobre el impacto en la balanza de pagos, exigido por el artículo 61 de la Ley de Administración Financiera.
Expedientes simulados y falta de transparencia
La apelación describe la existencia de un “expediente simulado” en el Ministerio de Hacienda (EX-2018-29772791-APN-DGD#MHA), iniciado el 21 de junio de 2018, un día después de que el Directorio del FMI ya había aprobado el acuerdo y varios días después de la firma de las Cartas de Intención. Para el fiscal, se trató de un armado ex post destinado a dotar de apariencia de legalidad a decisiones ya consumadas.
En ese expediente, la Dirección de Asuntos Contractuales citó el Decreto 575/2018 -vigente desde el 21 de junio- para validar una firma realizada el 12 de junio, cuando dicha norma aún no existía. Picardi califica esta maniobra como un intento de “justificar el pasado con normas del futuro”, irregularidad ya observada por la Auditoría General de la Nación.
El fiscal detectó un patrón similar en el Banco Central, con un expediente iniciado después de que Federico Sturzenegger hubiera suscripto la Carta de Intención, solicitando opiniones internas sobre una operación “ya concretada” y omitiendo el dictamen técnico obligatorio.
A estas irregularidades se suma la falta de traducciones oficiales al español de documentos clave, en violación de la ley de traductores públicos y de los procedimientos administrativos, lo que -según el dictamen- consolidó un escenario de opacidad.
Fuga de capitales y perjuicio al Estado
Picardi sostiene que los fondos no se destinaron a los fines presupuestarios declarados, sino a financiar la fuga de capitales. Cita informes oficiales que estiman un perjuicio al patrimonio público de 29.618 millones de dólares y detalla listados del propio BCRA: el 1% de las empresas compradoras habría adquirido más de 41.000 millones de dólares, mientras un grupo reducido de agentes concentró compras netas por 24.679 millones.
Para el fiscal, ignorar estos datos implica desatender el “corazón del esquema defraudatorio”: la toma de deuda pública para asegurar ganancias privadas, dejando al Estado con una carga impagable.
Política económica versus ilícitos penales
La apelación rechaza de plano que el caso sea una “cuestión política no justiciable”. Picardi aclara que no se investiga la conveniencia de acudir al FMI, sino las maniobras ilegales desplegadas para gestionar, negociar y administrar el préstamo: omisión del Congreso, falta de decreto presidencial, inexistencia del dictamen del BCRA y simulación de expedientes administrativos.
En ese marco, el fiscal describe una administración “ruinosa y discrecional” orientada a beneficiar a terceros, con abuso de autoridad y violación deliberada de la ley, extremos que -afirma- deben ser examinados por la Justicia penal.
Contexto político y tensión institucional
El planteo de Picardi se produce en un contexto de alta tensión política. Días después del archivo dispuesto por Capuchetti, el presidente Javier Milei instruyó a la Procuración del Tesoro para que el Estado se retire como querellante en la causa. Según fuentes consultadas, esta decisión buscaría favorecer a los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, señalados en la investigación como artífices de la ingeniería financiera y administrativa cuestionada.
Pese a ello, la apelación mantiene viva la acción penal y solicita que la Cámara revoque el archivo y ordene profundizar la investigación sobre el endeudamiento de 2018.
Para el fiscal, lo ocurrido no fue una mera desprolijidad administrativa, sino la pieza necesaria de un esquema diseñado para endeudar al país de manera exprés, eludiendo controles que habrían advertido -a tiempo- la insostenibilidad de la deuda.
