Desde 2015, Franco Picardi es titular de una Fiscalía Federal en Comodoro Py 2002. Asumió como fiscal a los 35 años tras ganar un concurso y cuenta con una extensa trayectoria en la función pública. Su experiencia abarca roles en el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio de Justicia de la Nación. Actualmente, es vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Especializado en administración de justicia, litigación penal y reforma judicial, interviene en casos de alto impacto, como el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la megacausa de espionaje ilegal y la investigación sobre la toma de deuda millonaria con el FMI. Destaca que el Ministerio Público Fiscal es un actor principal en el sistema de justicia. Apasionado de su trabajo, se hizo un tiempo para analizar los desafíos de investigar casos de corrupción y las transformaciones que trae el sistema acusatorio.
– Contanos sobre tu recorrido en la justicia…
– Empecé a trabajar en cuanto terminé la secundaria, arranqué como meritorio con 18 años recién cumplidos en un Juzgado Federal en 1997. En el 2006 pasé al Ministerio Público Fiscal (MPF), a una fiscalía federal. Fue un gran cambio para mí. Tené en cuenta que en ese momento las investigaciones estaban prácticamente en su totalidad a cargo de los juzgados. Después trabajé en el Ministerio de Justicia de la Nación, fui casi cuatro años Subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial. Fue una gran experiencia de la cual aprendí y me hizo crecer muchísimo. Luego estuve un tiempo trabajando en la Defensoría General de la Nación como secretario letrado. En ese momento, ya estaba concursando y en el año 2015 fui designado Fiscal Federal. Es un lindo recorrido, pasé por todas las patas de la administración de justicia y también por la gestión institucional en el Ministerio de Justicia. Ocupé todos los cargos de la carrera judicial y tuve diversas funciones. Eso me dio mucha experiencia en la función pública.
– ¿De todos los lugares en los que te desempeñaste, ser fiscal es lo que más te gusta?
– Soy un apasionado del trabajo y de la función pública. Siempre disfruté mucho en todos los lugares en los que trabajé y siempre le dediqué mucho tiempo. Pero sin duda, ser fiscal es lo que más me gusta. Hace 10 años que me designaron y me parece que empecé ayer, tengo la misma energía y las mismas ganas que cuando arranqué. Claro que con mucha más experiencia. El MPF es un actor principal en el sistema de justicia, tiene un lugar relevante y desde ese lugar soy un apasionado de lo que hago, hoy no lo cambio por otra cosa. Además, siento que me preparé toda la vida para esto. Sumado a toda la experiencia profesional, me capacité y me sigo capacitando constantemente, principalmente en administración de justicia y sistema acusatorio-adversarial, siempre entendiendo a la capacitación y formación profesional como una obligación en la función pública. Incluso tuve el honor no sólo de ser egresado de la Carrera de Especialización en Administración de Justicia de la UBA, sino también de ser coordinador y secretario académico. Una carrera de posgrado que forma y prepara futuros magistrados y magistradas
– Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrenta un fiscal al investigar casos de corrupción que involucran tanto a funcionarios públicos como a empresas privadas?
– La corrupción es una de las caras de un fenómeno criminal más complejo y más abarcativo, que es la criminalidad económica. Por ende, un análisis integral de este tipo de casos no se debe limitar a la investigación de las personas que ejercen la función pública, sino que debe ampliarse la perspectiva y visión del fenómeno, avanzando hacia la identificación del conjunto de relaciones, actores y sectores involucrados. Esta mirada complejiza el análisis de los casos. En otras palabras, las investigaciones penales deben orientarse a dilucidar, mediante un análisis relacional, a las personas y sectores que intervienen en los delitos y cómo se mueven; a la identificación de beneficiarios finales de las empresas, como así también, a conocer si se han cometido otras acciones criminales. Como, por ejemplo, el lavado de activos provenientes de la corrupción. Me refiero a que, a grandes rasgos, la complejidad de las investigaciones de los delitos de corrupción puede explicarse en tres ejes que las fiscalías debemos tener presentes. El primero: el mapa de actores y los sectores intervinientes. Esto es el Estado, a través de los funcionarios públicos y, por otra parte, el sector privado y los grandes actores del poder económico, integrado por empresas, entidades bancarias, financieras, estudios jurídicos y contables, las firmas de auditorías, diversos intermediarios, entre otros. El segundo: las maniobras que se encuentran detrás del entramado de la corrupción. Las investigaciones estratégicas requieren tener un conocimiento acabado del funcionamiento del Estado, del derecho administrativo, entre otras cuestiones, pero también de las operatorias de los diversos agentes que integran el sector privado. Es decir, es preciso conocer cómo operan los mercados, las sociedades, las empresas, el sistema bancario, las entidades financieras, entre otras. Conocer las operaciones implica determinar aquellas legales, ilegales y las informales. Muchas veces estas operaciones se encuentran solapadas, dificultando la investigación y la identificación de los circuitos criminales. El tercero: el fin que persiguen los actos de corrupción y la obtención de ganancias y beneficios para sus intervinientes. La detección de los movimientos de los flujos de activos de estas maniobras es otro de los ejes que explican la complejidad del fenómeno. A medida que las tecnologías avanzan y se moderniza la forma de los activos, -antes solo físicos, ahora mayormente digitales, criptoactivos, o en forma de títulos, acciones, valores negociables, entre otros- aumenta la complejidad para poder establecer la trazabilidad de los movimientos. Esto, está ligado, además a la transnacionalización de los capitales y el rol de las jurisdicciones offshore para el lavado de dichos activos, entre otros factores que tornan muy desafiantes las investigaciones de estos delitos. Extremos que deben ser conocidos y problematizados por las fiscalías. Considero que uno de los mayores desafíos, en tal sentido, es delinear políticas de persecución penal estratégica que contengan esta visión integral, comprensivas de las complejidades del fenómeno y apunten a lograr condenas, pero también recuperar activos de estas maniobras para poder incidir en el núcleo económico de quienes están detrás de estos mercados ilícitos, desarticular sus efectos y lograr reparaciones integrales de los severos daños sociales que generan. Para estos fines es fundamental que las investigaciones partan de un enfoque de este tipo, que abarque varios de sus aspectos, y que permita el abordaje de cada una de las complejidades enumeradas. Y creo que el Ministerio Público Fiscal ya ha dado pasos importantes sobre el tema.
– La corrupción en la era digital introduce nuevas complejidades, como el uso de activos digitales y flujos financieros globales. ¿Cómo ha adaptado su equipo las estrategias de investigación a estos cambios?
– Como dije, este tipo de delincuencia tiene por finalidad la obtención de ganancias y beneficios para sus intervinientes, motivo por el cual, uno de los ejes principales de las investigaciones penales es la fase económica/financiera de las maniobras. En tal sentido, la era digital nos exige aprender aspectos novedosos sobre la forma de los activos. Tradicionalmente, cuando se pensaba en la ganancia de la maniobra delictiva, esto guardaba relación con cierto tipo de activos como por ejemplo billetes. Pero la forma de los activos evoluciona y esto se traslada directamente a las formas que adopta la criminalidad para la utilización de los mismos. Hoy en día, por la diversidad de los activos y los avances en términos tecnológicos, se torna más difícil conocer la trazabilidad de sus movimientos, por un lado, por la velocidad con la que se mueven, por otro lado, por la facilidad con la que se mueven. Ejemplo de ello, puede ser la proliferación de billeteras virtuales a nivel local e internacional, las distintas “monedas virtuales”, etc. Para el abordaje de la fase económica de la corrupción, -la que incluye a los activos digitales y los flujos financieros globales-, el recupero de activos se ha constituido como una de las herramientas político criminales fundamentales. Esto se traduce concretamente, en que, además de la recolección de evidencias para probar la responsabilidad de la persona en términos penales, se realizan diversas acciones tendientes a identificar los activos -producto o instrumento de las maniobras delictivas-, cautelarlos y finalmente decomisarlos. Así, en el caso concreto, se realizan investigaciones patrimoniales y financieras que permiten localizar los activos y, a la par, se constituyen como una herramienta fundamental para la recolección de prueba relevante para la identificación de la totalidad de integrantes de la organización delictiva, incluyendo a quienes financian las maniobras y a quienes son los/as beneficiarios/as finales de las mismas; se solicita la aplicación de medidas cautelares para que los activos identificados no desaparezcan; y todo ello se realiza con la finalidad de que dichos activos -producto o instrumento del delito- se decomisen -como medida de pérdida definitiva de la propiedad del bien, a favor del Estado o de un tercero-, logrando así el recupero de los activos en beneficio de la sociedad. Ahora bien, por las características de este fenómeno criminal, la modernización de los activos y su transnacionalización, las investigaciones se despliegan en conjunto con las áreas especializadas del Ministerio Público Fiscal, tales como la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, entre otras, que tienen los recursos técnicos y humanos para lograr estos fines. También procuro la formación permanente del equipo de trabajo en estos temas, como así también la incorporación de perfiles profesionales con especialidad en la temática.
– En el caso del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, ¿qué aprendizajes clave surgieron en términos de cooperación interinstitucional e internacional?
– Este es un muy buen ejemplo de trabajo coordinado dentro del Ministerio Público Fiscal. Es un caso de corrupción complejo que involucra a funcionarios públicos, intermediarios, empresas locales y extranjeras muy poderosas. En una primera etapa de la investigación se solicitó la colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que realizó un excelente trabajo analizando una licitación pública muy grande. También colaboró con la investigación la Dirección General de Análisis Financiero, que logró determinar el movimiento del flujo de activos para el pago de sobornos. En otro tramo de la investigación trabajamos una solicitud de medidas cautelares con el área de Recupero de Activos. Otro punto importante que dio cuenta de la coordinación de las distintas áreas especializadas del Ministerio Público fue la obtención de evidencia o prueba que se encontraba en una investigación judicial en Brasil. Al tomar conocimiento que podía existir prueba de interés o relevante para el caso se inició un proceso de cooperación regional que el juez delegó en la fiscalía. En un primer momento tuvimos mucha dificultad para poder obtener la prueba. La situación era compleja porque dentro de la información que era parte de la investigación judicial en Brasil había declaraciones de imputados arrepentidos en Brasil y también en Estados Unidos, principalmente los ejecutivos de la firma Odebrecht, lo que implicó que las autoridades judiciales brasileras solicitaran un acuerdo de especialidad y compromiso de limitación en el uso de la prueba con una serie de requisitos incompatibles con nuestro sistema procesal. En ese momento, solicité colaboración a la Procuración General de la Nación, puntualmente a la Secretaría de Coordinación Institucional, que rápidamente conformó una mesa de trabajo interinstitucional integrada por la fiscalía, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina Anticorrupción. Esa mesa de trabajo coordinada por la Secretaría de Coordinación Institucional logró acordar con las autoridades judiciales de Brasil, después de muchos intercambios, un texto que permitió la firma del acuerdo que luego fue refrendado por una resolución del Procurador que dio respaldo a los fiscales del caso y logró que se pudiera obtener la prueba de Brasil. Este fue el primer acuerdo que se firmó de estas características y dio pie a que después otras fiscalías también firmaran el mismo acuerdo y pudieran obtener prueba de las investigaciones judiciales en Brasil. Como conclusión, la experiencia de este caso fue muy positiva en el trabajo coordinado de las distintas áreas especializadas e interdisciplinarias del Ministerio Público Fiscal y demuestra que el sistema acusatorio-adversarial agiliza las investigaciones y que somos los fiscales y el MPF en su conjunto quienes estamos en mejores condiciones de llevarlas adelante. Quiero decir que, en un aspecto de la investigación que el juez delegó completamente en cabeza de la fiscalía, se pudo obtener información relevante que se encontraba en otro país con un gran trabajo de articulación del Ministerio Público Fiscal y con la utilización de herramientas y canales ágiles y eficientes.
– ¿Cómo ha transformado el sistema acusatorio el trabajo diario de los fiscales en la persecución de delitos complejos, especialmente en casos de corrupción?
– En primer lugar, debo mencionar que el sistema acusatorio-adversarial aún no se ha implementado en la jurisdicción federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo tanto, mi labor como fiscal de investigación aún se desarrolla en el marco del sistema conocido como mixto, con ciertos matices, producto de las reformas parciales realizadas hasta ahora. Entonces, cuando así lo determina el juzgado, se delegan las investigaciones en las fiscalías. Sobre esto, debo decir que a pesar de que sigue siendo algo discrecional, los juzgados están delegando cada vez más los casos y esto impacta de manera directa en la labor de las fiscalías. El Ministerio Público Fiscal de la Nación, desde hace muchos años se ha ido transformando en un organismo con capacidad técnica para asumir las investigaciones complejas, como así lo exige el sistema de administración de justicia adversarial. Me refiero a que se ha transformado en un organismo con capacidad técnica, no solo por su estructura organizacional central -que posee dependencias especializadas por problemática delictiva tanto para la producción de información como para su análisis y posterior elaboración de productos que contribuyan a las investigaciones- sino también por los perfiles profesionales que se fueron incorporando allí y dentro de las fiscalías. El modo en que se piensa una institución pública y sus funciones, influye de manera directa en su estructura interna y en los perfiles seleccionados para conformar su personal. Y creo que desde la sanción del nuevo código de corte acusatorio-adversarial mediante la ley 27.063, y la nueva ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, ha sido un compromiso institucional prepararse para las implementaciones. Dicho esto, en segundo lugar, también debo decir que, en sintonía con esta transformación institucional, las fiscalías han empezado a implementar procesos de trabajo modernos, más dinámicos e interdisciplinarios, incluso en el sistema mixto, porque la regulación del sistema adversarial generó impactos, incluso en jurisdicciones donde aún no está vigente. Por un lado, trabajamos de manera coordinada con las procuradurías especializadas, direcciones generales y unidades fiscales, entendiendo que el saber especializado que poseen permite tomar mejores decisiones en el marco del diseño de una persecución penal estratégica; y, por otro lado, también se han profesionalizado los procesos de trabajo al interior de las sedes fiscales, creando equipos de trabajo para casos complejos, abandonando la lógica del trámite y reemplazando esta idea de “despachar” causas por la idea de “buscar un objetivo político criminal” en las investigaciones. Quiero decir con esto último, a buscar gestionar los conflictos sociales que subyacen a estas investigaciones. Esto que quizás parece sencillo de decir, en verdad es un desafío que debemos profundizar porque han sido muchos años de un modo particular de prácticas que debemos modificar, pero creo que lo estamos haciendo cada vez mejor. Y que hemos logrado mejores resultados en casos complejos, como aquellos vinculados a mercados ilegales con graves afectaciones a los derechos de las personas, como el narcotráfico, la explotación de personas, la criminalidad económica, entre otras. En los casos de corrupción en concreto, como parte del ámbito de la criminalidad económica, ha sido clave comenzar a pensarlos, como te decía, como asuntos que poseen diversas aristas que involucran al ámbito estatal, pero también al ámbito privado; que exigen comprender cómo se mueven en la actualidad los activos, es decir, a nivel nacional e internacional, de manera digital; y, también cuál es el fin de este tipo de actividad delictiva: la obtención de ganancias. Esto, por supuesto, ha requerido el diseño de líneas de investigación distintas, por el tipo de información que se necesita producir. Todo lo cual, incluso, implica contar con la colaboración de múltiples agencias locales e internacionales y de otros Ministerios Públicos Fiscales de la región, los cuales ya trabajan bajo sistemas adversariales desde hace décadas. Se ha producido un cambio en los procesos de trabajo, sin dudas. Creo que suceden dos cuestiones en simultáneo, por un lado, el sistema acusatorio-adversarial da la posibilidad de diseñar persecuciones penales estratégicas, de la mano de Ministerios Públicos Fiscales proactivos, con responsabilidad en las decisiones que toman; y, por el otro, esto conlleva a pensar en los problemas criminales de manera holística, ya no desde la mirada de un caso aislado, sino considerar que un caso es una manifestación de un problema más amplio que debe ser comprendido. Y sobre el que, además, el Ministerio Público Fiscal debe ser capaz de rendir cuentas. Esto impactó en todo el Ministerio Público Fiscal, incluso en aquellas jurisdicciones en que aún está pendiente de implementación, es inevitable empezar a transformar los procesos de trabajo para procurar mejores resultados en materia de eficacia. Si bien es un camino que resta transitar, considero que estamos poniendo en discusión aspectos de la investigación criminal que antes no se discutían.
– En el marco del nuevo sistema, ¿qué ventajas ha identificado en la estructuración de equipos interdisciplinarios dentro del Ministerio Público para abordar investigaciones complejas?
– Algo mencioné recién, pero creo que ha sido sumamente importante generar equipos interdisciplinarios, con conocimientos especializados. La abogacía, profesión que más representación ha tenido en el sistema de administración de justicia por obvias razones, debe ser complementada con otras profesiones para poder diseñar políticas de persecución penal e investigaciones estratégicas que hagan frente a los problemas criminales de la actualidad. Y también para aquellas cuestiones que se vinculan con la relación y comunicación con las víctimas de los casos, por ejemplo. Por eso creo que los equipos integrados por profesionales vinculados a la sociología, al trabajo social, a la psicología, a la economía, a la administración, a la contabilidad y, hoy más que nunca a las tecnologías y los sistemas informáticos, nutren fuertemente al trabajo investigativo criminal. También el análisis criminal, una disciplina históricamente asociada a las fuerzas policiales, hoy en día es fundamental para el Ministerio Público Fiscal, para conocer los problemas públicos criminales, para conocer en profundidad los casos insertos en ellos. Reitero, el trabajo interdisciplinario, forma parte de una nueva mirada sobre el rol del Ministerio Público Fiscal en la sociedad; y por sobre todo en una nueva mirada, que aún resta fortalecer, sobre los casos penales y sus impactos en la realidad de los territorios involucrados. La carrera de abogacía debiera incluso actualizarse en sus contenidos, incorporando aspectos del diseño de políticas públicas; de la política criminal; de la investigación criminal; y de la litigación compleja, entre otros. Es un déficit que observo en nuestra formación y que por supuesto impacta en los procesos de trabajo al interior del sistema de justicia. Se requiere de complementos para pensar en mejores investigaciones con resultados eficaces. Esta forma de comprender la investigación penal deviene de las reformas de los sistemas procesales penales. Es preciso forjar equipos de trabajo no solo interdisciplinarios, sino con formaciones orientadas hacia la investigación criminal, al análisis de información de gran volumen y al manejo de bases de datos. Y no sólo al interior del Ministerio Público Fiscal, sino en colaboración con las policías de investigaciones, que tienen muchísima experiencia.
– Desde una perspectiva amplia, teniendo en cuenta la política criminal ¿Cuáles pensás que podrían ser las principales problemáticas de cara al desarrollo de una investigación?
– En materia de política criminal, el principal desafío es racionalizar la actuación del Ministerio Público Fiscal y redoblar los esfuerzos en la investigación y persecución de fenómenos criminales más complejos, que son los que más afectan a la sociedad, como el narcotráfico, el lavado de activos de origen ilícito, la trata de personas, la corrupción, etc. El sistema acusatorio es mucho más ágil y eficiente porque elimina trámites burocráticos, desformaliza las investigaciones y obliga a resolver todas las cuestiones inmediatamente en audiencias orales. Pero ojo, esto no es un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar las respuestas de la administración de justicia frente al delito. Los objetivos últimos de la reforma procesal penal son contar con un sistema penal más eficiente en la persecución de los delitos más graves y que respete estrictamente las garantías individuales.
– ¿Qué impacto tiene el sistema acusatorio en la relación entre el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad que colaboran en las investigaciones?
– El impacto es sumamente positivo, ya que el sistema adversarial fortalece las relaciones entre el Ministerio Público Fiscal y las policías de investigaciones, se generan canales de diálogo permanente. Más allá de que las decisiones investigativas las toma la fiscalía y que la conducción se encuentra a su cargo, lo cierto es que la experiencia de las policías genera mejores resultados investigativos. Muchas veces son quienes poseen el conocimiento de los territorios sobre los cuales trabajamos y son quienes llevan a cabo las acciones indispensables de una investigación criminal. Me refiero a tareas de campo, análisis de información, producción de informes, entre muchas otras. Las policías de investigaciones son actores claves para pensar el sistema adversarial. Es fundamental el trabajo coordinado y dialogado entre estas y las fiscalías. Quiero decir que son actores centrales que debieran formar parte del proceso de implementación del sistema de administración de justicia adversarial, con capacitaciones conjuntas, con un rediseño incluso que contribuya a mejorar los procesos de trabajo actuales de cara a las nuevas problemáticas criminales. Por ejemplo, actualmente la Procuración General de la Nación a través de la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA) está capacitando a las fuerzas de seguridad en las jurisdicciones donde se implementó o está próximo a implementarse el nuevo sistema. Esto es algo muy positivo. Existen en la actualidad diversas discusiones en torno a la necesidad de crear una policía federal de investigaciones que me parecen interesantes y que en el marco de la implementación del sistema de justicia adversarial son importantes, porque más allá del rol que asume el Ministerio Público Fiscal, lo que se transforma sustancialmente es el modelo de investigación criminal. No es posible pensar aisladamente al Ministerio Público Fiscal de las policías investigativas: trabajamos mancomunadamente para alcanzar resultados concretos en casos penales.
– La implementación del sistema acusatorio requiere un rol más activo del fiscal en las investigaciones. ¿Qué impacto ha tenido esto en la duración y eficiencia de los procesos judiciales?
– Diría que no es que requiere un rol más activo, sino que no es posible pensar un sistema de administración de justicia adversarial sin un Ministerio Público Fiscal proactivo. Sino estaríamos en problemas, porque aplicaríamos la lógica de la reacción. El sistema acusatorio-adversarial exige al Ministerio Público Fiscal transformarse en un actor indispensable para la gestión de los conflictos sociales y con la necesidad de rendir cuentas sobre su actuación. Es decir, para el Ministerio Público Fiscal implica asumir funciones nuevas: diseñar la política criminal, en coordinación con otras agencias del Estado; desplegar investigaciones penales estratégicas -me refiero a, por ejemplo, la posibilidad de pensar en investigaciones genéricas y en investigaciones preliminares, sin esperar a la reacción frente a una denuncia o prevención policial-; asistir a las audiencias a lo largo del proceso, conociendo en detalle sus casos; a sentarse con las fuerzas de investigación y de prevención creando equipos de trabajo permanentes; asistir a las víctimas; en fin, exige una proactividad permanente. Entonces, como respuesta, diría que no es posible un buen funcionamiento del sistema adversarial sin un Ministerio Público Fiscal proactivo. En relación a los impactos en la duración de los procesos, en las jurisdicciones en que se ha implementado el sistema, los plazos se han logrado reducir muchísimo, no sólo porque el Código Procesal Penal Federal determina plazos concretos y perentorios para las investigaciones; sino porque además estos plazos son controlados por la judicatura como parte del resguardo de garantías. Esto sin dudas va a ser un gran desafío en esta Ciudad en los casos muy complejos donde, por ejemplo, se requiera cooperación internacional, dada la demora que muchas veces se genera. Y algo más que me parece importante mencionar, el sistema adversarial le da otras herramientas a las defensas técnicas, quienes también adquieren nuevas funciones con posibilidad de generar escenarios de control sobre los plazos y las actuaciones de las fiscalías. Es un cambio total de paradigma. Sobre la eficiencia de los procesos claramente las audiencias orales; la desformalización de la investigación; la interacción directa con fuerzas de investigación; los equipos interdisciplinarios, entre otras cualidades del sistema, generan mejores resultados con menor burocratización. Todo esto permite optimizar los recursos disponibles, para alcanzar resultados concretos. Ahora, el sistema acusatorio-adversarial tampoco resuelve todos los problemas, pero sin lugar a dudas es infinitamente superador del sistema procesal actual. En este sentido, lo importante es transformar prácticas concretas para no replicarlas en el nuevo sistema.
– Al investigar casos de alto contenido político o económico, ¿cómo manejas las presiones externas, tanto políticas como mediáticas, para garantizar la objetividad y la independencia en tu labor?
– Ya son muchos años como fiscal, uno se va curtiendo en la exposición mediática que se genera en determinados momentos, principalmente cuando actuamos en casos de mayor relevancia o trascendencia. Somos funcionarios públicos y tenemos el deber de soportar toda crítica a nuestro trabajo o a nuestro desempeño. Es parte de la democracia y principalmente de la libertad de expresión. De todas formas, hay distintos tipos de crítica. En muchos casos puede haber personas que no estén de acuerdo con una posición o con el contenido de un dictamen, y expresarlo públicamente, con mayor o menor respeto. Y es sano para la democracia que así sea. Lo que quizás sea un poco más complejo es cuando una crítica se mezcla con información falsa, o directamente se genera una fake news, algo cada vez más común lamentablemente. Algo mucho más expandido en redes sociales desde hace unos años. Pero, en definitiva, más allá de tener los canales institucionales para hacer aclaraciones o comunicar correctamente en los casos que sea necesario, se aprende a convivir con estas situaciones. Insisto, por el lugar que ocupamos, uno ante todo tiene que tolerar la crítica. Distinto es el caso donde uno advierte que se está intentando una intromisión o es algo más que una crítica fuerte. O se está desinformando a la sociedad en casos de trascendencia. Ahí ya existen otros canales institucionales para actuar e incluso juegan un rol muy importante las asociaciones vinculadas a nuestra actividad. Pero en definitiva, más allá de eso, lo más importante es siempre concentrarnos en nuestro trabajo y actuar correctamente en el marco de nuestra función. Ser un profesional honesto, transparente, trabajador y dedicado, ese es el mejor remedio contra todo tipo de presión.
– Sos vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), ¿cómo es ese rol?
– Soy vicepresidente en representación del Ministerio Público Fiscal. Es un espacio muy importante y de mucha responsabilidad. Es un lugar para fomentar buenos magistrados y funcionarios, comprometidos con los derechos humanos, la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho, dedicados y dedicadas al servicio de justicia. También es un espacio importante para la defensa de la independencia judicial, principalmente de los poderes políticos y los poderes fácticos. Desde mi representación trabajo directamente para el fortalecimiento institucional del Ministerio Público Fiscal y las distintas necesidades de los y las fiscales y funcionarios. Tenemos encuentros mensuales con los integrantes de la Comisión de MPF donde nos enfocamos en las distintas problemáticas que se van presentando y afectan a las fiscalías de todo el país. Esto va desde una agenda vinculada a la seguridad de los fiscales hasta el seguimiento de la implementación en etapas del sistema acusatorio-adversarial. También es un espacio donde fomentamos y realizamos actividades académicas de formación y capacitaciones. Incluso actualmente estamos trabajando en la primera edición de un libro desde el estamento del MPF sobre sistema acusatorio y delitos complejos. Otro aspecto importante de la Asociación, y que tiene que ver con el sentido del asociativismo, es fomentar encuentros entre fiscales y funcionarios de todo el país. El año pasado organizamos la primera reunión conjunta de las comisiones del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa en la ciudad de Rosario, con el objeto de brindar apoyo a los asociados e intercambiar experiencias en torno a la implementación del Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción. Los espacios de encuentro son muy importantes entre colegas. Nos permiten juntarnos a reflexionar y compartir sobre nuestra tarea y sobre los cambios que se están desarrollando. Fue muy lindo ver como se acercaron funcionarios, fiscales y defensores de todo el país, cada uno con sus inquietudes y planteando también la particularidad de cada una de sus jurisdicciones; con muchas ganas de avanzar en un horizonte común. Creo que justamente eso es lo que intentamos siempre generar desde la Asociación, y en ese caso, lo logramos con una potencia impresionante y prometedora.
– ¿Cuál es el rol de la AMFJN en la implementación del sistema acusatorio?
– El rol de la Asociación representando los intereses de sus asociados en este proceso es muy importante. Al modificarse la forma de trabajo, así como las estructuras es muy importante que los magistrados y funcionarios, podamos ser escuchados y tenidos en cuenta a la hora de pensar un nuevo sistema que sea capaz de dar mejores respuestas. Los procesos de cambio siempre son complejos, aun cuando el objetivo es muy loable, y deben atender cuestiones múltiples y muy variadas. En este sentido, es muy importante la participación de la Asociación en el consejo asesor interinstitucional y consultivo que quedó a cargo del Ministerio de Justicia. Es un espacio de diálogo donde ya hemos llevado varias observaciones para mejorar la implementación. Una de las últimas cuestiones que estuve planteando dentro de la Asociación y también en el Ministerio de Justicia es la necesidad de mayores recursos para el Ministerio Público Fiscal en el marco de la implementación del nuevo código procesal y el cambio de sistema. Esto es fundamental para una correcta implementación. El Procurador hace unos días lo expresó claramente en un pedido al Ministerio de Justicia. Sumado a esto, la Asociación también tiene una participación activa en la capacitación de los operadores judiciales para el nuevo sistema. Se han organizado jornadas, eventos y capacitaciones vinculadas al sistema acusatorio en sus distintas facetas y también colaborando con viajes a Salta y Jujuy para que los magistrados de las jurisdicciones donde se implementó o se está próximo a la implementación puedan observar en persona el funcionamiento del sistema en una jurisdicción donde ya está en funcionamiento hace cinco años.
– Desde el lugar que ocupas, ¿cuáles son los principales desafíos en la implementación del sistema acusatorio?
– Creo que debemos representar de la mejor forma posible a nuestros asociados para que los cambios no los encuentren solos, que sean parte del proceso y que puedan participar; que puedan acceder a capacitaciones y que sientan que lo que está pasando es para mejor, inclusive en términos de oportunidades y de jerarquización de sus tareas o funciones. Al mismo tiempo, creo que hay debates por delante que van a ser muy importantes para consolidar el sistema, que tienen que ver con cómo se afianzan sus agencias nodales y cómo se estructuran, tanto a nivel del Ministerio Público Fiscal, pero también en la Defensa, el Poder Judicial; cómo se organizan Colegios de Jueces y Oficinas Judiciales. Los desafíos son inmensos, pero siento que estamos listos para afrontarlos, y a la vez, en lo personal, me siento muy comprometido para llevar siempre una voz que represente con solvencia los intereses de nuestros asociados en todo este proceso.
