Por Javier López Biscayart*
En una nota publicada en La Nación en vísperas de San Valentín, Yuval Noah Harari planteó una tesis inquietante: la Inteligencia Artificial ha “hackeado” el sistema operativo de la civilización humana. Ese sistema es el lenguaje. Al dominar la palabra la IA no solo procesa información, sino que adquiere la capacidad de generar una falsa intimidad y de apoderarse de todo aquello que hemos construido con palabras: la religión, la política y, de manera crítica, el Derecho. Este escenario plantea un desafío ontológico inmediato. Si la Justicia se reduce a la manipulación de símbolos y la predicción de resultados, ¿qué lugar queda para la Justicia como un acto de sabiduría eminentemente humana?
Como sostuve oportunamente en esta revista al analizar la necesidad de la implementación del sistema acusatorio en la Justicia Federal Porteña, estamos ante un hito trascendental que busca superar el modelo inquisitivo, basado en el expediente escrito y el secreto.
La puesta en marcha de esta reforma es el fruto de una determinación política asumida plenamente por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Lejos de ser una directriz teórica, esta voluntad se ha traducido en un compromiso personal y directo con los actores del sistema: el propio ministro, junto al secretario de Justicia, Sebastián Amerio, se han encargado de exponer personalmente los alcances y la operatividad del nuevo paradigma ante jueces y fiscales federales en diversos foros del país.
Esta labor de gestión y seguimiento técnico tiene un horizonte claro: saldar una deuda histórica con la ciudadanía y alinear finalmente el proceso penal federal con los principios de un Derecho Penal liberal y republicano. Es esta coherencia entre la decisión política y la ejecución en el territorio la que permite superar las inercias del pasado y afianzar las bases de una justicia más ágil y transparente.
Este paso hacia la oralidad y la publicidad es, en esencia, una recuperación de la “palabra viva”. Sin embargo, si esa palabra está bajo amenaza, como advierte Harari, el sistema acusatorio debe fortalecer sus mecanismos de contradicción e inmediación. La justicia penal no es solo celeridad; es un encuentro entre humanos donde se dirimen libertades. Esta inmediación, pilar del nuevo sistema, actúa como la barrera definitiva contra la deshumanización del lenguaje que advierte Harari: al obligar al magistrado a resolver en la audiencia, cara a cara con el imputado y la víctima, el código lo expone a un escrutinio donde las partes son testigos de que la justicia es una resolución humana y no el resultado de un procesamiento algorítmico. En este contacto presencial, el juez deja de ser una abstracción para convertirse en un tercero garante que debe dar cuenta de su sabiduría frente a la sociedad, reafirmando que el acto de juzgar es un compromiso moral intransferible. Así, la oralidad y la publicidad no solo agilizan los tiempos, sino que rescatan la dignidad del proceso, garantizando que la verdad jurídica siga siendo una construcción de humanos para personas, validando la legitimidad del sistema ante el pueblo en cuyo nombre se imparte justicia.
La casualidad que la advertencia de Harari llegara en una fecha asociada al amor no es banal pues la justicia, en su expresión más elevada, requiere de ese “espíritu de amor” que no es otra cosa que la Fraternidad. Este valor, junto a la Libertad y la Igualdad, conforma la tríada fundamental de la Revolución Francesa y nos recuerda que el proceso judicial debe reconocer al “otro” como un semejante, algo que un algoritmo jamás podrá emular.
Lo que expongo en estas líneas va en absoluta consonancia con el pensamiento de Ricardo Lorenzetti, quien en su reciente conferencia y podcast sobre la “arquitectura del poder” y la gobernabilidad ha señalado que la IA no es una simple herramienta, sino un agente que altera el equilibrio institucional. Lorenzetti advierte sobre el riesgo de un “algoritmo autoritario” que desplace el pensamiento crítico por una eficiencia gélida y automatizada.
Coincido plenamente en que existe una distinción fundamental entre el conocimiento técnico -donde la IA destaca- y la sabiduría o juicio humano, necesaria para gobernar y juzgar. Un juez no es un procesador de tipos penales; es un garante que debe interpretar la intención y la fragilidad de la condición humana. Delegar esta función en sistemas automatizados sería traicionar el espíritu de la reforma que se busca consolidar.
Es elemental para nuestra civilización que la Justicia sea impartida por humanos. Esta premisa no es una resistencia anacrónica -las cuales suelen refugiarse en excusas de infraestructura-, sino una defensa de la dignidad. El sistema acusatorio que se implementará en Buenos Aires busca que el pueblo sea testigo directo de la resolución de conflictos, fortaleciendo la confianza en las instituciones.
Esa transparencia solo es legítima si el juzgador es capaz de empatía. La IA puede predecir una sentencia, pero no puede hacerse cargo de su peso moral. Un fallo judicial es un acto de autoridad que debe nacer de la conciencia humana para ser válido en una República.
La decisión del Gobierno Nacional de reactivar este proceso constituye un acto de valentía política que busca saldar una deuda histórica con la sociedad. Pero este legado solo será genuino si, al modernizar nuestras estructuras, mantenemos el juicio humano como el último bastión de la libertad.
La IA puede apoderarse de las palabras, pero no debe apoderarse de la Justicia. El sistema acusatorio es el marco para que la palabra humana, sometida al escrutinio público y guiada por el espíritu de fraternidad, siga siendo el pilar de nuestra convivencia democrática. Afianzar la justicia -principal deber de un Estado constitucional- hoy significa garantizar que, en el centro del tribunal, siempre palpite el juicio de un hombre libre.
* Juez, Magíster en Derecho y Magistratura Judicial
