La imputada reconoció que operaba de manera ilegal en un local de Villa Riachuelo y fue condenada en un juicio abreviado. Deberá cumplir 100 horas de tareas comunitarias y realizar un curso de concientización sobre las consecuencias del juego ilegal. El fallo marca un antecedente.
La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dictó la primera condena en un caso de apuestas ilegales desde que el delito fue incorporado al Código Penal. La sentencia recayó sobre una mujer de 48 años que admitió su culpabilidad y recibió una pena de tres años de prisión en suspenso.
La resolución fue dictada por el juez Rodolfo Ariza Clerici, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 1, en el marco de un juicio abreviado en el que la imputada reconoció su responsabilidad. Además de la pena condicional, deberá cumplir 100 horas de tareas comunitarias y realizar un curso de concientización sobre las consecuencias del juego ilegal.
El caso fue investigado por la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar, a cargo de Juan Rozas, luego de una denuncia presentada por Lotería de la Ciudad. El organismo había detectado, durante una inspección, que en el local se recibían apuestas sin contar con habilitación oficial.
A partir de esa presentación, se iniciaron tareas investigativas que incluyeron relevamientos en el lugar, análisis de fuentes abiertas y trabajos de campo realizados por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño. Según se acreditó en el expediente, la mujer tomaba apuestas vinculadas a eventos deportivos, quiniela y bingo, sin ningún tipo de autorización.
La causa permitió comprobar la existencia de un sistema organizado de captación de apuestas por fuera de los controles legales. Sobre esa base, la fiscalía avanzó con la imputación por el delito previsto en el artículo 301 bis del Código Penal, que sanciona a quienes explotan o administran juegos de azar sin habilitación.
Desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron que el juego ilegal constituye una actividad que busca expandirse mediante mecanismos informales de captación, eludiendo controles estatales y generando riesgos sociales, especialmente entre sectores vulnerables.
En paralelo, las autoridades recordaron que una forma de identificar plataformas legales es verificar que operen bajo el dominio oficial “.bet.ar”, mientras que aquellas que funcionan por fuera de ese esquema deben considerarse ilegales o potencialmente riesgosas.
