El fenómeno interpela al sistema educativo, a los organismos de control y a las familias: la discusión no es sobre la fiesta, sino sobre los límites legales y la responsabilidad de los adultos frente al consumo adolescente.
Cada marzo, antes de que suene el timbre del primer día de clases, miles de estudiantes celebran el Último Primer Día (UPD): una madrugada sin dormir, música, caravanas y, muchas veces, alcohol. Las imágenes se repiten en muchas partes del país. La pregunta también: ¿es legal?
La respuesta corta es sí. El ritual en sí mismo no está prohibido. Reunirse para celebrar el inicio del último año del secundario no constituye delito ni contravención. El problema empieza cuando el festejo cruza ciertos límites: la venta y el consumo de alcohol en menores, las promociones de “barra libre”, los disturbios en la vía pública y la falta de supervisión adulta.
El negocio detrás del ritual
Lo que nació como una reunión entre compañeros se transformó en un evento comercial. Alquiler de boliches, salones de fiesta, clubes, paquetes con DJ y promociones de alcohol ilimitado. Allí aparece la primera ilegalidad: en Argentina está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
Organismos como la Sedronar y el Ministerio Público Tutelar han advertido que el foco no es prohibir el ritual juvenil, sino desarticular el mercado que lucra con prácticas ilegales. En los últimos años se convocó a agencias de control y cámaras empresarias para reforzar inspecciones y evitar la comercialización indebida.
Además, los excesos suelen derivar en contravenciones en el espacio público: ruidos molestos, daños, desórdenes o intoxicaciones que requieren intervención policial y sanitaria.
El punto crítico: alcohol y adolescencia
Las autoridades sanitarias son categóricas: no existe un consumo “seguro” de alcohol en menores de 18 años. Se trata de una sustancia depresora del sistema nervioso central que afecta la atención, la coordinación y la capacidad de reacción, con riesgo de intoxicación severa.
El fenómeno se agrava por la naturalización cultural del alcohol. El problema no es que los jóvenes celebren; es que, en algunos casos, la competencia parece centrarse en llegar al colegio “lo más ebrios posible”. Allí el UPD deja de ser una fiesta y se convierte en una situación de vulneración de derechos.
¿Prohibir o dialogar?
Frente al avance del UPD, las escuelas adoptaron distintas posturas. Algunas optaron por la prohibición lisa y llana: impedir el ingreso a quienes participaron. Sin embargo, organismos nacionales y provinciales desaconsejan esa vía. Las medidas puramente sancionatorias suelen generar mayor confrontación y no resuelven el problema de fondo.
La alternativa que gana terreno es la del diálogo y la corresponsabilidad. Abrir la escuela la noche anterior para una celebración sin alcohol. Organizar un “desayuno de UPD” al amanecer. Involucrar al Centro de Estudiantes en la planificación. Sentar a padres y docentes en la misma mesa.
¿Qué hacer si un alumno llega intoxicado?
Las recomendaciones oficiales priorizan el cuidado. No excluir automáticamente. Contactar a la familia. No dejar al joven solo. Si hay signos de intoxicación grave, llamar a emergencias. Recostarlo de costado, abrigarlo, ofrecer agua y mantener la calma.
Superada la urgencia, el episodio debe transformarse en un hecho pedagógico: reflexionar en el aula sobre consumo, presión social y límites.
Una delgada línea
El UPD no es ilegal. Pero puede convertirse en un escenario de ilegalidad cuando adultos -padres, comerciantes, organizadores- facilitan el acceso al alcohol o miran hacia otro lado.
La solución no parece estar en prohibir la celebración, sino en resignificarla. Transformarla en un rito de paso cuidado, acompañado y planificado. Porque el verdadero desafío no es apagar la música de una madrugada adolescente, sino garantizar que la fiesta no termine en vulneración.
En definitiva, más que preguntarnos si el UPD es legal, tal vez la pregunta correcta sea otra: ¿estamos los adultos dispuestos a asumir la responsabilidad que nos toca?
