Hoy se cumple un año desde que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 comenzó la lectura de la elevación a juicio de la megacausa conocida como Cuadernos, que involucra a 87 imputados: 19 ex funcionarios, entre ellos Cristina Kirchner, 65 empresarios y dos choferes. Se los acusa de tejer entre 2003 y 2015 una trama de corrupción en la que los empresarios pagaban sobornos a los funcionarios, a cambio de concesiones en la obra pública.
La fiscal de juicio Fabiana León la calificó como “la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y sólo comparable a unas pocas a nivel mundial”. A partir de las notas tomadas por Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, mano derecha del ex ministro Julio De Vido, en las que describía cómo se buscaban y se trasladaban bolsos con dineros de origen ilícito, la Justicia federal construyó una causa a la que aún le falta, al menos, un año para tener veredicto.
Aunque el juicio comenzó el 6 de noviembre de 2025, probablemente no fue hasta el 17 de marzo, cuando declaró Cristina Kirchner, acusada de liderar una asociación ilícita y recibir dádivas, que el debate logró captar la atención del ciudadano común. Hasta entonces, para buena parte de la sociedad, el proceso había transcurrido prácticamente inadvertido, sin que se vislumbrara la aspereza que alcanzaría por momentos.
La ex Presidente negó todos los cargos, atacó la actuación del ex juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, fustigó el uso que se le dio a la figura del “imputado colaborador” y dio por sentada su condena, a la vez que calificó al juicio como “un circo”. No respondió preguntas y al término de su monólogo regresó a San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por su responsabilidad en la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, juzgada en la causa “Vialidad”.
Además de la ex Presidente, están siendo juzgados el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, su colaborador más estrecho, Roberto Baratta; el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina; el ex secretario de Obras Públicas, José López; los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; el financista Ernesto Clarens, quien supuestamente recibía el dinero de los sobornos, los convertía en dólares y se los entregaba a Daniel Muñoz, secretario de Néstor Kirchner o a José López; el remisero Oscar Centeno, autor de los registros que desencadenaron la investigación, y los empresarios que presuntamente pagaron a cambio de ser favorecidos por el gobierno entre 2003 y 2015.
El problema de los arrepentidos
Varios de los empresarios convocados en 2018 a prestar declaración indagatoria por el entonces juez Claudio Bonadio, terminaron acogiéndose a la figura del “imputado colaborador”, más conocida como “del arrepentido”. No sólo ellos, sino también ex funcionarios como Claudio Uberti, José López y el propio Centeno fueron incluidos en esa lista. Pero eso tendría consecuencias durante el juicio.
Muchos de ellos, entre los que se cuentan los empresarios Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Patricio Gerbi, el chofer Centeno y el financista Ernesto Clarens, se negaron a responder preguntas ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.
Eso provocó pedidos de nulidad y amenazas de recurrir hasta la Corte Suprema por parte de los defensores, quienes entienden que se les restringe a sus clientes la posibilidad de preguntar y confrontar los dichos de los “arrepentidos” en la primera etapa de la causa. Esas declaraciones ante Bonadio y Stornelli no pueden ponerse en crisis, y no deberían, entienden, ser utlizadas para una eventual condena.
Sin embargo, no todos callaron: Mario Rovella declaró que el día anterior a presentarse en el Juzgado 11 de Bonadio fue a una escribanía a dejar constancia de que iba a mentir al sólo efecto de no quedar preso. Otro empresario, Daniel Pitón, negó haber pagado sobornos y aseguró que lo había admitido solamente para no perder su libertad. Oscar Sansiñena dijo que la “delación premiada” fue utilizada en primera instancia como un mecanismo extorsivo. Zenón Ceballos, defensor de Carlos Wagner, presidente de la Cámara de la Construcción ironizó amargamente: “Hubieran dicho que mataron a Kennedy con tal de no ir a la cárcel”.
En materia de declaraciones, el juicio entregó un episodio memorable: “que pase el testigo Juan Carlos Santos”, dijo el juez Enrique Méndez Signori. Ingresó en la sala de audiencias un hombre de 73 años que se sentó, juró decir la verdad, tomó un trago de agua y, antes de escuchar alguna pregunta advirtió: “me parece que se equivocaron de Juan Carlos Santos”. Así era. El hombre citado por WhatsApp por el tribunal, que interrumpió su vacaciones para comparecer, no era el especialista en fiscalización tributaria que esperaban, sino un homónimo que hace años apenas trabajó tres días en la entonces DGI. Azorado, el presidente del tribunal le pidió disculpas y lo despidió, dando por terminado lo que ni siquiera llegó a ser una declaración testimonial.
Los que sí reconocieron haber pagado sobornos
Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, ex directivos de Techint, complicaron a Baratta porque relataron cómo le entregaron un millón de dólares en sucesivos pagos hechos en pesos, a cambio de que el Gobierno argentino colaborara con la evacuación de los trabajadores de Sidor, expropiada por el chavismo, quienes corrían riesgo físico en Venezuela.
Las entregas, declararon, se llevaron a cabo en el segundo subsuelo del estacionamiento de la empresa en Catalinas, en un área donde no hay cámaras de seguridad, en las fechas de 2008 consignadas por las anotaciones de Centeno. Cuando Baratta “se ponía dífícil porque los pagos no eran en dólares” amenazaba con contar el gas a la planta de Siderca en Campana, señalaron.
Ambos fueron “arrepentidos” en 2018, pero resultaron sobreseidos en 2021 por el juez federal Julián Ercolini, por lo cual en su presentación en el juicio juraron decir la verdad como testigos.
Alberto Taselli, quien también fue “imputado colaborador”, se sentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 (TOCF 7) y admitió que en 2013 le había pagado al Ministerio de Planificación Federal alrededor de 1.700.000 pesos de la época como “colaboración” para la campaña electoral. Describió las llamadas de Baratta y su secretario Nelson Lazarte como insistentes, se consideró “apretado” y explicó que no tuvo alternativa porque el Estado era prácticamente el único cliente de su empresa, dedicada a la producción de generadores eléctricos.
Fariña, la ex mujer de Centeno y los periodistas de La Nación
Entre los numerosos testigos de este juicio, además del frustrado Juan Carlos Santos, se contaron Leonardo Fariña; la ex esposa de Centeno; Diego Cabot, el periodista de La Nación que destapó el caso; y dos de sus colaboradores en la investigación.
El arrepentido en “la ruta del dinero”, aseguró que Lázaro Báez no era un empresario común, sino un “depositario de confianza” y “amigo con todas las letras” de Néstor Kirchner. Afirmó que la totalidad de los ingresos que hicieron crecer de forma exponencial a Austral Construcciones provinieron de fondos públicos digitados desde el Estado. Fariña declaró que José López era el engranaje encargado de facilitar, acelerar y destrabar los pagos y anticipos financieros a las empresas viales asociadas al esquema de corrupción.
Hilda Horovitz, ex pareja de Centeno, se descompensó en plena audiencia y tuvo que irse en ambulancia de Comodoro Py el primer día. Sin embargo, regresó y trató de complicar a su ex esposo de todas las maneras posibles, sin lograr ocultar un rencor provocado por la súbita prosperidad de él, como consecuencia de su relación laboral con Baratta, de quien era chofer, frente a su propia vulnerabilidad.
Dijo que presenció el movimiento de bolsos y el manejo de fondos negros. Admitió ante el tribunal que ella misma llegó a figurar como “testaferro” de los bienes adquiridos por Centeno y que le pedía dinero frecuentemente, una mensualidad y una vivienda, como compensación por haber terminado la relación. Ante el silencio del chofer, aseguró haberle escrito en varias oportunidades al propio Baratta, para que intercediera por ella. Señaló que vio los cuadernos en la casa que compartieron y que cuando le pregun tó a su entonces pareja por qué anotaba todo, él le respondió que era un reaseguro por si alguna vez lo echaban.
La declaración de Diego Cabot y dos de sus colaboradores duró 13 horas, en un ambiente notoriamente hostil, que se manifestó en los cruces con los defensores que le cuestionaron cómo era posible que, siendo abogado, no llevara la denuncia a la oficina de sorteos de la Cámara Federal, en lugar de entregar en mano las pruebas al fiscal Stornelli.
Cabot dijo que devolvió los ocho cuadernos que le proporcionó un amigo de Centeno al principio y luego le fueron entregados seis. La defensas le reclamaron que dijera quién había sido, pero se amparó en el secreto constitucional de protección de las fuentes. También tuvo que explicar el alcance de sus dichos cuando afirmó que en el libro que escribió sobre el caso, se permitió algunas “licencias literarias”. Fue, sin dudas, el interrogatorio más duro que se vio hasta el momento en el juicio.
Los careos pendientes y la testigo enferma
Elizabet Gómez Alcorta pidió un careo entre los directivos de Techint y su cliente, para desmontar el relato según el cual Baratta recibió de manera clandestina un millón de dólares en el subsuelo del edificio donde estaban las oficinas de la compañía. El propio ex funcionario negó los hechos en una de las ampliaciones de su declaración indagatoria.
La defensa de Roberto Baratta también solicitó de manera urgente el careo entre Cabot y el fotógrafo Fernando Pablo Gutiérrez Hermelo porque detectó supuestas contradicciones severas, flagrantes y mutuamente excluyentes sobre cómo, dónde y ante quiénes se manipuló la prueba principal del caso.
Para los abogados defensores, estas diferencias demuestran que se rompió la cadena de custodia de los cuadernos y que los testimonios bajo juramento de los trabajadores del diario La Nación se contradicen en puntos esenciales.
Por su parte, la fiscal León pidió esa misma medida entre el encargado del edificio de Recoleta de la Familia Kirchner, Julio Silva y el comisario que allanó el departamento por orden del juez Bonadio. Silva afirmó que escuchó al comisario decirle por teléfono al juez que el allanamiento había terminado porque no habían encontrado nada. Según el encargado, Bonadio le respondió a los gritos: “No, se quedan hasta que encuentren algo, se quedan hasta mañana”. El comisario no recordó que el encargado estuviera cerca de él cuando hablaba con el Juzgado y añadió que las conversaciones eran con el secretario y no con el juez.
El pedido se conoció después de uno de los momentos más impactantes del juicio, la difusión de los videos del departamento de la familia Kirchner en Recoleta, donde se pudo ver una puerta blidada que, según la acusación, habría resguardado los bolsos con dinero que se recibían allí.
Los jueces todavía no respondieron ninguno de estos pedidos.
Tampoco hubo hasta ahora una información fehaciente acerca de cuándo va a declarar, o si va a hacerlo, una testigo que se esperaban con interés: Miriam Quiroga, ex secretaria de Néstor Kirchner, quien dijo que Daniel Muñoz le había contado que llevaba bolsos con dinero a su jefe. Iba a declarar en mayo, pero no lograban dar con ella, hasta que finalmente el tribunal constató que estaba en la provincia de Córdoba. La ex funcionaria informó que sufría problemas cardíacos, estrés agudo e hipertensión. El Cuerpo Médico Forense realizó estudios cuyas conclusiones fueron opuestas: el informe psicológico determinó que Quiroga sí podía declarar de manera remota con apoyos afectivos, pero el informe clínico recomendó no citarla debido a los riesgos para su salud física ante una situación de estrés.
A lo largo de las dos audiencias semanales con modalidad presencial y virtual ya han desfilado más de cien testigos de los 300 previstos inicialmente y una cantidad similar va siendo poco a poco desistida por las partes, lo que, según las fuentes consultadas, llevará la duración de este juicio, como mínimo, a un año más, aunque se prevé que no llegará a tres, como se había especulado al comienzo del debate.
