José Antonio Cacere fue condenado en 2019 por la muerte de un detenido durante un operativo policial ocurrido en 2011 en Berisso. La autopsia habló de una muerte natural, pero una pericia posterior reabrió el caso y derivó en la condena a cuatro policías. La causa está ahora en manos de la Corte Suprema, mientras el ex comisario insiste en que fue víctima de un error judicial.
La madrugada del 22 de octubre de 2011 marcó el inicio de una causa que, más de una década después, todavía aguarda una definición. Aquella noche, un operativo policial en la ciudad de Berisso terminó con dos detenidos y, horas más tarde, con la muerte de uno de ellos en el calabozo de una comisaría. Ocho años después, cuatro policías fueron condenados a prisión perpetua por homicidio calificado. Hoy, uno de ellos, el ex comisario bonaerense José Antonio Cacere, sostiene que es inocente y pide que la Corte Suprema de Justicia revise la sentencia.
“Soy un inocente que pide a gritos ser escuchado”, dice en una entrevista con Quorum. Su caso se encuentra desde 2022 en el máximo tribunal, que deberá resolver si confirma o revoca la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de La Plata.
El operativo que inició todo
El origen de la causa se remonta al 21 de octubre de 2011. Ese día, seis policías distribuidos en tres patrulleros respondieron a un llamado del Comando de Patrullas que advertía sobre un hombre que circulaba en una moto presuntamente robada.
En uno de los móviles iba Cacere junto a un compañero. Según el relato del ex policía, cuando los agentes intentaron identificar al sospechoso, este emprendió la fuga.
“Cuando el patrullero llega, el hombre arranca y se da a la fuga, tira la moto en la puerta de una casa y se mete adentro. Nosotros ingresamos porque hay un artículo del Código Penal que autoriza a la policía a entrar a una vivienda cuando está en persecución para detener a una persona”, recuerda.
La persecución terminó en la calle 93 bis y 126. Allí los policías ingresaron a una vivienda donde lograron detener al conductor de la moto, un menor de edad, y también a Néstor Ariel Canizzo, propietario del domicilio, quien tenía un pedido de captura activo.
Ambos fueron trasladados a la comisaría 3ª de Berisso. El menor fue entregado a su familia por orden judicial, mientras que Canizzo quedó detenido y luego fue alojado en la comisaría 4ª.
La muerte en el calabozo
Canizzo compartía el calabozo con otro detenido, identificado como Víctor Raúl Elguera Villegas. Según su testimonio, durante la madrugada el hombre comenzó a sentirse mal.
“Mientras estaba alojado en la comisaría, el otro detenido que compartía la celda declaró que Canizzo se descompensó, cayó boca abajo y empezó a convulsionar. Llamaron a la ambulancia y cuando llegó el médico constató que ya había fallecido”, relata Cacere a esta revista.
El informe de autopsia, realizado por peritos oficiales, concluyó que la muerte se produjo por una insuficiencia cardíaca congestiva agravada por el consumo de drogas. “La realizaron peritos oficiales de la Corte y determinaron que la muerte se produjo por una cardiopatía preexistente, con edema agudo de pulmón agravado por consumo de tóxicos. No había lesiones ni signos de ataque o defensa. En síntesis, dijeron que era una muerte natural”, afirma el ex comisario. En base a esos resultados, la causa fue archivada y los policías continuaron con sus funciones.
La reapertura del caso
La situación cambió dos años después. Una asociación de derechos humanos de La Plata pidió reabrir el expediente a partir de una nueva pericia. Según Cacere, esa evaluación se realizó sin examinar el cuerpo y se basó en fotografías de la autopsia.
“Dos años después se presenta una asociación de derechos humanos y pide una pericia documental sobre lo que habían visto los peritos médicos, pero sin exhumar el cuerpo. A partir de una fotografía, el perito de parte plantea la hipótesis de que había una fractura de tráquea”, sostiene.
Esa hipótesis llevó a que cuatro policías fueran imputados inicialmente por apremios ilegales. Con el avance del proceso, la acusación se agravó.
“Con esa hipótesis nos imputan a nosotros por presuntos apremios ilegales. Todo esto mientras nosotros seguíamos trabajando normalmente y haciendo nuestra vida”, recuerda.
El juicio y la condena
El caso llegó a juicio oral y en 2019 el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de La Plata dictó una sentencia que cambió radicalmente la situación de todos los acusados.
Por mayoría, los jueces consideraron acreditado que Canizzo había muerto como consecuencia de golpes recibidos durante el procedimiento policial y condenaron a los cuatro imputados a prisión perpetua por homicidio calificado.
Cacere cuestiona duramente esa conclusión. “En el juicio se enfrentaron los peritos oficiales con el perito de parte. Los peritos de la Corte dijeron categóricamente que ese golpe no existía y que si hubiera existido una fractura de ese tipo, la muerte sería inmediata, no trece o catorce horas después”, explica.
Pese a esos informes, el tribunal valoró otras declaraciones. “Sin embargo el tribunal terminó dándole valor a la declaración de un menor que estaba en el lugar y a la del hermano de la víctima, y concluyó basándose en la pericia de parte. Así nos condenaron a prisión perpetua”, afirma.
Para el ex policía, la sentencia carece de sustento científico. “No tiene apoyatura científica lo que dijeron. Tenés peritos de la Corte que examinaron todo el cuerpo y dicen que no hay golpes, y del otro lado una hipótesis basada en una fotografía”, sostiene.
Las consecuencias personales
El fallo tuvo un fuerte impacto a nivel personal y profesional. Cacere cuenta que fue expulsado de la Policía Bonaerense en 2022, con casi 24 años de servicio. “La policía me echó en 2022 sin esperar la resolución final de la causa. Tenía casi 24 años de servicio. Yo le dediqué una vida a la policía”, lamenta.
La situación económica y personal se deterioró desde entonces. “Ya me jodieron la vida. Me echaron, no cobro sueldo y no me puedo jubilar. ¿Qué más me quieren sacar?”, se pregunta.
La última instancia
La defensa llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí la causa permanece desde hace tres años, a la espera de una resolución. “La causa está en la Corte Suprema desde 2022. Ya llevo más de tres años esperando una decisión”, explica.
Mientras aguarda el pronunciamiento del máximo tribunal, el ex comisario insiste en defender su inocencia y en reclamar una revisión del caso. “El inocente pide a gritos ser escuchado. Yo doy la cara en todos lados, mi familia también, porque tengo fundamentos para demostrar mi inocencia”, sostiene. Y agrega: “Si fuese verdad lo que dicen, bienvenido al castigo. Pero yo sé que no es así y por eso sigo peleando”.
