El nuevo régimen comienza a regir este sábado y alcanza a adolescentes desde los 14 años. Fuentes judiciales advierten sobre la falta de reglamentación, protocolos, capacitación y lugares de alojamiento. Además, estiman que el ingreso de jóvenes al sistema podría crecer hasta un 80%.
A seis meses de su sanción, la reforma que modificará por completo la manera en que la Argentina juzga los delitos cometidos por adolescentes comenzará a aplicarse este sábado. La Ley 27.801 incorpora al régimen penal a los chicos de 14 y 15 años y reemplaza el sistema que durante décadas rigió para los menores de edad. Sin embargo, la implementación despierta una fuerte preocupación e incertidumbre en la Justicia: advierten que el sistema no está preparado para afrontar los cambios que establece la nueva norma.
Fuentes judiciales con experiencia en el fuero penal juvenil consultadas por Quorum para este informe trazaron un panorama complejo. Entre los principales problemas mencionan la ausencia de un decreto reglamentario integral, la falta de protocolos comunes para los tribunales, estructuras judiciales que consideran insuficientes, institutos que no fueron adecuados para recibir una mayor cantidad de adolescentes y diferencias importantes entre las distintas jurisdicciones del país.
El cambio excede largamente la discusión sobre la edad de punibilidad que dominó el debate político antes de la sanción de la ley. El nuevo régimen establece penas y medidas alternativas al encierro, monitoreo electrónico, mediación penal juvenil, suspensión del proceso a prueba y la intervención de supervisores especializados, además de nuevas reglas para las medidas de coerción y la ejecución de las sanciones.
También dispone que los adolescentes privados de su libertad deberán permanecer en establecimientos especializados, separados de los adultos y bajo la responsabilidad de personal capacitado. La norma exige, además, especialización para jueces, fiscales, defensores y otros operadores que intervengan en los procesos.
Una estructura en tensión
Según las fuentes, en la Justicia Nacional y Federal no existe hasta el momento una hoja de ruta común que establezca cómo deberán instrumentarse algunos de los cambios y armonizarse las nuevas disposiciones con las normas procesales que continúan vigentes.
La preocupación es particularmente marcada en la Justicia Nacional de Menores de la Ciudad de Buenos Aires, donde actualmente funcionan siete juzgados y tres tribunales orales. Allí, señalan los operadores consultados, buena parte de la estructura responde a un diseño que tiene varias décadas y que ahora deberá absorber una reforma que amplía considerablemente el universo de adolescentes alcanzados por el sistema penal.
El tema que probablemente genere más inquietudes es el de la convivencia entre el Código Procesal Penal de la Nación y la nueva legislación. Mientras el primero fue diseñado bajo el régimen anterior, la Ley 27.801 introduce reglas específicas sobre cuestiones como la prisión preventiva de adolescentes. Ante la ausencia de criterios generales, en el fuero temen que algunos de esos conflictos terminen siendo resueltos caso por caso y que puedan aparecer respuestas diferentes según el tribunal que intervenga.
La infraestructura plantea otro desafío. La ley establece que los adolescentes deben ser alojados en institutos especializados y prohíbe que permanezcan junto con detenidos adultos. También indica que dentro de esos establecimientos debe procurarse respetar las distintas franjas etarias.
Las fuentes consultadas advierten, sin embargo, que los dispositivos existentes ya presentan dificultades de capacidad y que no fueron ampliados en función de la nueva población que desde este sábado podrá ingresar al régimen. El problema no se limita a CABA: en algunas jurisdicciones del país, las distancias entre el lugar donde ocurre el delito y los centros especializados obligan a realizar traslados de varias horas y pueden terminar alejando a los adolescentes de sus familias.
El impacto del 80%
La incorporación de los chicos de 14 y 15 años al sistema permite dimensionar otro problema. De acuerdo con estadísticas citadas por una de las fuentes judiciales consultadas, la cantidad de adolescentes con causas penales podría incrementarse hasta un 80% con la aplicación del nuevo régimen.
Según esos datos, durante 2025 ingresaron en CABA cerca de 1.000 adolescentes considerados no punibles por su edad y alrededor de 1.160 punibles. Hasta agosto de este año, el total rondaba los 1.400 casos, de los cuales aproximadamente 600 correspondían a chicos que hasta ahora quedaban fuera del régimen penal por no haber alcanzado la edad prevista por la legislación anterior.
Una parte de ese universo cambiará de situación desde este sábado. Los adolescentes de 14 y 15 años imputados por la comisión de un delito quedarán comprendidos por la Ley 27.801 y podrán atravesar un proceso penal bajo las nuevas reglas.
Para los voceros consultados, el aumento no representa solamente una mayor cantidad de expedientes en los tribunales. Lógicamente, también supone más intervenciones de equipos interdisciplinarios, defensores, fiscales, supervisores y organismos de protección, además de una potencial mayor demanda sobre los dispositivos de alojamiento.
Un mapa desigual
La preparación para el cambio tampoco fue uniforme en todo el país. Algunas provincias comenzaron durante los últimos meses a adoptar protocolos, modificar procedimientos o capacitar a integrantes de las fuerzas de seguridad y operadores del sistema.
Las fuentes mencionaron experiencias en Neuquén, Tucumán, Salta, Chaco y Entre Ríos, aunque con diferentes grados de avance. En varias jurisdicciones, además, ya existen legislaciones procesales juveniles que deberán convivir desde ahora con la nueva norma nacional y que, en determinados aspectos, podrían generar discusiones sobre cuál es la regulación que corresponde aplicar.
Más chicos judicializados
Hay otro efecto de la reforma que, según los voceros, quedó relegado durante la discusión pública. La baja de la edad no alcanza únicamente a los adolescentes acusados de delitos graves. Es decir, los que roban, violan o matan. Desde los 14 años, cualquier chico imputado por una conducta tipificada como delito podrá ingresar al sistema, aunque la propia ley contempla herramientas para evitar que todos los casos terminen en una condena o en una pena privativa de la libertad.
El nuevo escenario puede alcanzar situaciones mucho más cotidianas que las que dominaron el debate sobre la reforma. Una pelea entre estudiantes de una secundaria que provoque lesiones, una amenaza o un hurto menor pueden dar origen a una intervención penal cuando sus protagonistas tengan 14 o 15 años.
En ese punto aparece otra de las falencias señaladas por los operadores: la falta de capacitación y articulación con las escuelas para afrontar el cambio. El temor es que conflictos entre adolescentes que podrían encontrar respuestas por otras vías terminen trasladándose automáticamente a la Justicia.
La ley contempla mecanismos para evitar una respuesta exclusivamente punitiva. Entre ellos aparecen el criterio de oportunidad para determinados delitos, la mediación penal juvenil, la suspensión del proceso a prueba, los servicios comunitarios, la reparación del daño y otras medidas orientadas a la educación y reinserción del adolescente.
Sin embargo, todas esas herramientas también necesitan equipos, profesionales, mecanismos de seguimiento y coordinación entre diferentes organismos para funcionar.
Ese es, en definitiva, el principal interrogante que acompaña la entrada en vigencia del nuevo régimen. Después de décadas de cuestionamientos al sistema anterior, la Argentina estrena una legislación que modifica de raíz la respuesta penal frente a los delitos cometidos por adolescentes.
A partir de mañana comenzará la prueba más difícil: pasar de lo que establece la ley a lo que efectivamente pueda hacer el sistema.
