Con acuerdo de los bloques más representativos los diputados se aprestan a sancionar la norma que modifica el Código Penal.
La Cámara de Diputados comenzó a tratar el proyecto de ley, que ya cuenta con media sanción del Senado, y que introduce modificaciones estructurales al Código Penal de la Nación sobre delitos en siniestros viales e incrementa de forma severa la escala punitiva, los agravantes y las restricciones procesales.
El objetivo de la norma, según surge de los fundamentos del proyecto y así fue ratificado durante el debate en la Cámara alta, busca terminar construir una estructura que garantice consecuencias efectivas y concretas para los responsables de tragedias viales evitables.
Nuevas escalas para el homicidio y las lesiones
La modificación del artículo 84 bis establece una pena de dos a cinco años de prisión e inhabilitación especial de cinco a diez años para quien, por conducción imprudente o negligente, cause la muerte de otra persona. Sin embargo, la sanción asciende a un rango de cuatro a ocho años de prisión ante la presencia de agravantes específicos.
En ese marco, el castigo alcanza su máximo nivel de severidad cuando concurren tres o más agravantes de forma conjunta. En estos casos, la pena se fija entre los cinco y doce años de prisión.
Además, para todos los supuestos agravados, la inhabilitación especial para conducir durará el doble de tiempo de la condena impuesta
En cuanto a las lesiones culposas, el nuevo artículo 94 bis fija una base de uno a tres años de prisión. En este caso ante la presencia de agravantes, la escala sube de dos a cuatro años, y llega a un máximo de seis años de cárcel si coinciden tres o más factores de riesgo.
El catálogo de agravantes y la tolerancia cero
La ley detalla de manera exhaustiva las conductas que elevan el reproche penal. Los agravantes detallados en el texto son el consumo de estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir, nivel de alcoholemia superior a cero, exceso de velocidad mayor al 30% del límite permitido, falta de habilitación para conducir o violación de la señalización del semáforo, manipulación de equipos móviles de comunicación durante el hecho, abandono de la víctima o fuga del lugar del siniestro, y por el último el cruce de vías del tren sin autorización o con culpa grave temeraria.
Restricciones a la libertad condicional
El cambio más profundo en la estrategia judicial radica en la reforma del artículo 76 bis. En este marco que le proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado ley prohíbe de forma taxativa la suspensión del proceso a prueba (probation) para todos los casos de homicidios culposos agravados y lesiones culposas agravadas.
Durante el debate en la Cámara alta quedó claro que el espíritu del legislador en este punto tiene que ver con evitar los denominados atajos procesales a los que hasta hoy pueden acceder los imputados.
Por su parte, en el caso de los siniestros viales sin agravantes, el imputado debe manifestar su intención de solicitar este beneficio únicamente en su primera intervención ante el órgano de juicio
Sin libertad condicional
La normativa, que ya comenzó a tratarse en Comisión en Diputados, incorpora un inciso al artículo 14 del Código Penal que establece que los condenados por homicidio culposo bajo el régimen de tres o más agravantes no accederán al beneficio de la libertad condicional.
La incorporación se justifica en los fundamentos del proyecto en la consolidación de un marco legal que prioriza la protección de las víctimas y la responsabilidad absoluta de quien se sienta tras un volante
Los tiempos del Congreso
El proyecto no está entre las prioridades del Poder Ejecutivo, por lo menos en el debate público. Tampoco forma parte del paquete de leyes que el Gobierno impulsará en las próximas semanas. Sin embargo, cuenta con apoyo transversal en el Cámara baja. Por lo tanto, podrá ser incorporado a pedido de los bloques una vez que se firme el despacho de Comisión.
En ese marco, si bien no hay fecha cierta para su tratamiento en el recinto, los asesores que trabajan en la iniciativa estiman que el proyecto podría convertirse en ley antes de mediados de año.
