El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3, a cargo de los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y José Antonio Michilini. Además de condenar a los responsables, fijaron reparaciones económicas para las víctimas por un total de 1.030 millones de pesos.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 condenó a seis personas por su responsabilidad en la distribución de un suplemento de hierro adulterado identificado como Yectafer, que entre 2003 y 2004 mató a tres personas, entre ellas una embarazada, y dejó secuelas a otras 29 víctimas.
El Yectafer original es un producto del laboratorio AstraZeneca, pero lo que circuló en el mercado entre 2003 y 2004 fue un lote falsificado, que imitaba el envase genuino aunque tenía una composición completamente distinta. Los peritos establecieron durante la investigación que el medicamento falso tenía una concentración de citrato de hierro tres veces superior a la indicada y potecialmente mortal.
El suplemento de hierro falsificado les fue suministrado a Paulina Alvarez, de 35 años, a Verónica Díaz, de 22, y a Luciana Giménez, de 26, quien cursaba un embarazo de 22 semanas; fue sometida a una cesárea de urgencia, su hijo nació sin vida y ella murió días después. Las tres fallecieron por falla hepática. Otras 29 personas sufrieron lesiones graves.
Según determinó el fiscal Miguel Angel Osorio, detrás de las muertes había una organización criminal con roles claramente distribuidos, que fabricó el medicamento en un laboratorio clandestino y lo introdujo en los canales formales de distribución farmacéutica.
Los condenados
Las penas más altas recayeron sobre los eslabones directamente vinculados a la comercialización. Pablo Jorge Cernadas, director de compras de la droguería Quimbel, recibió ocho años de prisión. Daniel Rabinovich, uno de los dueños de esa misma droguería, fue condenado a siete años. Ambos fueron considerados coautores de venta de sustancias medicinales peligrosas con disimulo de su carácter nocivo, en concurso con homicidio culposo múltiple y lesiones graves, además de asociación ilícita.
Miguel Cervera, diseñador gráfico y dueño de la empresa Ampopack -quien hizo el empaque del medicamento adulterado-, fue absuelto por asociación ilícita pero recibió cinco años como partícipe necesario. Otros tres integrantes de la organización (Alberto Akawie, Adrián Quintela y Víctor Scattolini), quienes aportaron facturas falsas, o cobraron cheques vinculados a la maniobra, fueron condenados a cuatro años por su pertenencia a la asociación ilícita.
Las indemnizaciones
Además de las penas de prisión, los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y José Antonio Michilini, fijaron reparaciones económicas para las víctimas por un total de 1.030 millones de pesos. La suma más elevada –450 millones- corresponde a los familiares de Luciana Giménez, la mujer que estaba embarazada cuando le aplicaron el falso Yectafer. Los familiares de otra víctima fatal recibirán 300 millones. Los que sobrevivieron con lesiones graves recibirán entre 10 y 20 millones cada uno. Todos los montos devengarán intereses a partir de la fecha de la sentencia.
Cómo funcionaba la asociación ilícita
Según la acusación el caso Yectafer “no se trató de una operación aislada sino el funcionamiento de una organización criminal”. La investigación identificó a Ángel Luis Cirullo y Carlos Guido Maidana como el jefe y el organizador de la asociación ilícita que habría montado el laboratorio clandestino, pero no llegaron a juicio porque ambos murieron durante el proceso.
El fiscal también enfatizó que el accionar de los imputados causó un “gravísimo daño a la salud pública”. La lógica de la organización era clara: introducir medicamentos de origen ilegal o de fabricación clandestina dentro del mercado formal, aprovechando la confianza que los pacientes depositan en los canales oficiales de distribución.
